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• Despacho 14

 

• El Violento Oficio de Escribir

 

Alfredo Griz / CAMBIO 22

Isla Mujeres se debate entre el brillo turístico y un entramado de cifras que, sumadas, dejan un hueco que nadie ha cerrado del todo: decenas y hasta cientos de millones de pesos aparecen hoy en el imaginario público como “faltantes”, “observaciones” u “omalos” de la contabilidad municipal. Hay, en paralelo, denuncias públicas que señalan esquemas montados sobre partidas sociales, compra de bienes y obras con posibles sobreprecios y pagos sin comprobantes adecuados. Parte de esa información proviene de auditorías técnicas; otra parte, de denuncias periodísticas y ciudadanas. Hasta hoy no existe, en el dominio público, una sentencia única que cierre el círculo y declare un monto definitivo como “el” desfalco de la administración vigente. Lo que sí existe es un rastro: documentos contables con observaciones, expedientes en la opinión pública, y rostros políticos y administrativos caminando entre la sospecha y la defensa.

La isla como patrimonio y vulnerabilidad

Isla Mujeres es una economía esencialmente turística: servicios, obras ligeras, apoyos sociales con impacto visible y contratos de obras menores que, por su naturaleza, abren espacios para manipulaciones. Esa misma estructura administrativa —contratos repetidos, adjudicaciones directas, partidas destinadas a programas sociales— favorece la opacidad cuando faltan controles estrictos. El paisaje turístico contrasta con expedientes contables que muestran partidas pendientes de aclarar, y con denuncias que exponen cifras que hieren: montos que van desde decenas hasta cientos de millones de pesos, según la pieza que se revise.

Cómo se lee el dinero que falta: las cifras y su lógica

En el material periodístico y en los documentos de fiscalización que circulan en el ámbito público hay varios números que vuelven como estribillo:

• Cifras de gran escala (varios cientos de millones): se agrupan cuando se suman pasivos, observaciones de ejercicios previos y faltantes reportados por la ciudadanía o en análisis periodísticos. Son montos que, en muchas notas, se asocian a ejercicios anteriores y a la entrega–recepción entre administraciones.

• Montos intermedios (decenas de millones): aparecen con frecuencia en relación con partidas concretas: un esquema de “apoyos sociales” que se señala como posible vía de desvío por alrededor de 42.9 millones de pesos; partidas observadas en auditorías por compras o servicios con irregularidades por cifras del orden de 64.5 millones o cifras cercanas a 90 millones, según la interpretación de auditores y periodistas.

• Diferencia entre “observado” y “probado”: gran parte de estas cifras provienen de observaciones de auditoría (partidas sin comprobantes adecuados, proveedores sin documentación completa, notas de entrega sin soporte) o de denuncias públicas. Observación no siempre equivale a delito probado: implica responsabilidades administrativas, y, eventualmente, acciones penales si hay elementos que lo sustenten.

En suma: hay multiplicidad de montos que no necesariamente se anulan entre sí, pero que revelan una realidad de irregularidad en distintas partidas y ejercicios.

Modus operandi: cómo se habría movido el dinero

Al cruzar los patrones que emergen de las auditorías y de las notas investigativas, se identifican varias “técnicas” recurrentes:

Apoyos sociales como fachada: listas de beneficiarios incompletas, beneficiarios duplicados, comprobantes que no coinciden con los pagos y actas de entrega que carecen de firmas válidas. En varios relatos se apunta a que programas sociales —que deberían ser públicos y verificables— se convirtieron en una partida opaca desde la cual se direccionaron pagos sin control.

1. Contratos y compras con sobreprecio: licitaciones opacas o adjudicaciones directas en las que la comparación de precios con ejercicios similares arroja incrementos injustificados; decisiones de compra concentradas en proveedores recurrentes sin evidencia de competencia real.

2. Facturas y comprobantes insuficientes o apócrifos: pagos respaldados por documentos cuyas firmas, sellos o timbres presentan inconsistencias o no se acompañan de actas de recepción que demuestren la prestación efectiva del servicio.

3. Uso de terceros o empresas fantasma: proveedores de reciente creación o con vínculos personales con funcionarios, que aparecen en los registros con contratos por montos significativos y entregas “en papel” más que en obra o servicio real.

4. Fragmentación contable para evadir trazabilidad: dividir contratos y pagos en partidas menores para evitar la tramitación de compras mayores o la revisión exhaustiva por parte de órganos de control.

Estos son patrones típicos —no siempre probados individualmente en cada expediente— pero repetidos en distintos casos y que, al sumar, explican cómo cantidades apreciables pueden perderse entre la contabilidad pública.

Actores y responsabilidades (política y técnica)

En la cadena que permite que ocurra una irregularidad aparecen distintos roles:

• Responsables políticos (cabildo, presidente municipal): fijan prioridades y autorizan partidas; su omisión o complicidad política posibilita que actos administrativos queden sin fiscalización efectiva.

• Administradores y tesorería: encargados del flujo de caja y del pago de proveedores; irregularidades en su desempeño suelen reflejarse en comprobantes faltantes o en pagos realizados sin respaldo.

• Contraloría u Órgano Interno de Control municipal: su debilidad o inacción amplifica la impunidad administrativa; cuando su respuesta es lenta o inexistente, las observaciones de auditoría permanecen sin solventar.

• Auditores estatales (órganos superiores): detectan y registran observaciones técnicas; su papel es clave porque sus informes pueden convertirse en base para denuncias penales si existen indicios de delito.

• Proveedores y redes de empresas: en ocasiones proveedores recurrentes concentran contratos y generan dudas sobre competencia leal y prestación efectiva.

En varios informes se advierte la presencia de una red funcional: administradores que firman, proveedores que facturan y estructuras políticas que cubren o diluyen la responsabilidad pública.

Cronología sintética (lo visible en el rastro público)

• Ejercicios previos (2018–2022): aparecen pasivos y observaciones que, acumuladas, dan montos elevados cuando se suman. La entrega–recepción entre administraciones no siempre aclaró esos pasivos.

• Período reciente (2023–2025): denuncias sobre esquemas específicos, en particular la posible utilización de partidas de “apoyos sociales” como vía para desvíos (cantidad señalada en prensa: ~42.9 MDP en uno de los esquemas denunciados). En paralelo, auditorías estatales siguen dejando observaciones que el municipio debe solventar.

• Acciones penales puntuales: hay detenciones y procesos relacionados con personas vinculadas al municipio, aunque muchas de esas carpetas no siempre están directamente vinculadas a peculado administrativo; existen procesos por otros delitos que, sin embargo, alimentan un clima de desconfianza.

Impacto real: servicios, confianza y economía local

El desvío o la mala administración de recursos no es un problema técnico: tiene consecuencias tangibles:

• Obras inconclusas o de mala calidad: la isla —que vive del paisaje y de la infraestructura turística— sufre si las luminarias, andadores, y servicios públicos se entregan a medias.

• Programas sociales vacíos: cuando los apoyos no llegan a su destino, la población vulnerable queda desprotegida y la imagen de la autoridad se quiebra.

• Desgaste institucional: la percepción de impunidad erosiona la confianza en la gestión pública y en la inversión privada local; empresas y visitantes toman nota de la gobernanza.

• Costo político: la acumulación de señalamientos erosiona la legitimidad de mandatos y alimenta conflictos entre grupos políticos locales.

Estado jurídico de las acusaciones (lo que conviene repetir): presuntos y observaciones

Es crucial diferenciar:

• Observaciones de auditoría: son hallazgos técnicos que exigen solventación; implican deber de aclaración y eventualmente responsabilidades administrativas.

• Denuncias públicas y periodísticas: exponen indicios y versiones; pueden motivar investigaciones penales.

• Sentencias firmes por peculado o desfalco: hasta la fecha no hay, en lo que está públicamente disponible, una sentencia que cierre y fije un único monto final y lo convierta en hecho judicial definitivo para la administración vigente. Por ello, toda afirmación categórica que acuse de corrupción a personas concretas requiere respaldo documental y judicial que, en muchos casos, falta o está en trámite.

En otras palabras: existen motivos para investigar y formular denuncias formales, pero no todas las cifras que circulan son judicialmente definitivas.

Narrativa de casos — ejemplos tipo (sin nombres concretos aquí, por presunción)

Para entender el fenómeno, es útil ver ejemplos tipo que se repiten en las carpetas de observación:

• Caso A — Apoyos sociales: partidas por varios millones destinadas a “ayudas” aparecen con nóminas de beneficiarios incompletas; se encuentran pagos sin firma de recepción o con beneficiarios que niegan haber recibido el apoyo. Resultado: una observación por decenas de millones que exige que el municipio presente comprobantes fehacientes.

• Caso B — Compras y luminarias: contratos para alumbrado público muestran precios superiores a ejercicios comparables; actas de entrega parciales y proveedores con historial corto. Resultado: auditoría que observa sobreprecio y sugiere retorno de recursos.

• Caso C — Proveedores recurrentes: la misma empresa gana varios contratos menores que, sumados, alcanzan montos importantes; la documentación de justificación de adjudicación no está completa. Resultado: revisión de expedientes y posible recomendación de sanción administrativa.

Estos casos tipo revelan un patrón sistémico: operaciones aparentemente aisladas que, al agregarse, representan montos notables.

Limitaciones de la información disponible

• Expedientes cerrados al público: algunas carpetas de investigación y reportes internos no están en dominio público; eso impide una acusación comprobada en todos los frentes.

• Medios y relatos divergentes: los portales locales y los informes técnicos a veces usan criterios distintos para contar el mismo fenómeno, lo que produce variaciones de montos.

• Falta de sentencia definitiva: muchas de las cifras circulantes provienen de observaciones o denuncias, no de sentencias judiciales que confirmen responsabilidad penal.

Por tanto, un relato responsable debe combinar la crudeza de los hallazgos con la prudencia de la presunción: denunciar y documentar sin convertir observaciones en sentencias.

Isla Mujeres enfrenta un problema que no es sólo contable: es de gobernabilidad. Las cifras que circulan (desde decenas hasta cientos de millones de pesos) no son meros números; representan servicios sin dar, obras a medias, programas sociales que dejaron vacíos y una confianza pública que se agrieta. La evidencia pública muestra patrones coherentes de irregularidad: partidas opacas, proveedores repetidos, actas incompletas y observaciones que requieren solventación. Pero el Estado de derecho exige pruebas robustas: observaciones técnicas y denuncias públicas deben transformarse en peritajes y expedientes que permitan, si procede, sanciones. Hasta entonces, en el terreno de la opinión y la alarma social, la isla estará marcada por la sombra de un desfalco que no termina de cerrarse.

 

 

 

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