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  • “Playa del Carmen: el botín del paraíso”

 

Alfredo Griz/CAMBIO 22

El mar sigue ahí. Brillante, perfecto, indiferente. Las olas golpean la arena blanca mientras los hoteles de lujo llenan el aire con música tropical y promesas de bienestar. Pero detrás de esa postal hay una ciudad saqueada. Un municipio hundido en cifras que no cuadran y cuentas que huelen a podredumbre. Playa del Carmen, el corazón turístico del Caribe mexicano, se ha convertido en el epicentro de una de las redes de corrupción más descaradas de los últimos años.

 

El agujero negro de las cuentas públicas

En los números fríos del ayuntamiento, los agujeros son brutales. La Auditoría Superior del Estado encontró 174 millones de pesos desaparecidos: dinero que se destinó, en el papel, a obra pública, alumbrado, y servicios municipales. Pero en las calles no hay ni rastro. Son partidas con facturas duplicadas, obras inexistentes, contratos sin expediente.

A esa cifra se suman 148 millones de pesos adicionales en observaciones por daño patrimonial: pagos sin comprobante, servicios contratados con empresas fantasma, adquisiciones sin respaldo. En conjunto, las irregularidades detectadas superan los 320 millones de pesos solo en el último ejercicio fiscal.

Y si se agregan los reportes federales pendientes de solventar, el monto roza los 450 millones de pesos: una sangría silenciosa que equivale a casi la mitad del presupuesto anual del municipio.

El propio órgano interno de control ha reconocido más de 1,300 expedientes administrativos abiertos contra funcionarios municipales. Expedientes que hablan de nóminas infladas, licitaciones simuladas, asignaciones directas fuera de ley y pagos a proveedores inexistentes.

 

La maquinaria del desfalco

Nada de esto ocurre por descuido. La corrupción en Playa del Carmen tiene estructura, método y cadena de mando. Las observaciones detallan contratos firmados con empresas que comparten socios, direcciones o representantes. Hay constructoras que en un mismo año recibieron más de 50 millones de pesos en contratos sin reportar avances. Hay empresas que cobraron por servicios de recolección de basura inexistentes, por mantenimiento de parques que siguen abandonados, por luminarias que jamás se encendieron.

En los informes internos se repite el mismo patrón: documentación incompleta, facturas sin comprobante, comprobantes sin contrato, contratos sin obra. En el sistema contable municipal hay más de 200 partidas clasificadas como “pendientes de comprobación”, muchas de ellas relacionadas con gasto corriente y programas sociales.

Detrás de las cifras está la otra cara: funcionarios que siguen en sus cargos o fueron reubicados, mientras los expedientes duermen en los escritorios de la contraloría. La impunidad se ha convertido en la norma.

 

El espejismo del paraíso

En las avenidas principales, los carteles municipales hablan de “transformación” y “honestidad”. Pero basta caminar unas cuadras fuera de la Quinta Avenida para ver el otro rostro: calles sin pavimentar, drenajes colapsados, colonias enteras sin alumbrado. Los 174 millones desaparecidos eran suficientes para renovar toda la infraestructura del centro. Los 148 millones no comprobados podían financiar diez centros de salud, veinte escuelas, o rehabilitar todos los parques municipales.

Mientras tanto, los proveedores beneficiados con los contratos inflados se reparten las ganancias en silencio. Algunos son empresas de reciente creación, sin historial, registradas con capital mínimo. Otras, son viejas conocidas del esquema: cambian de nombre cada año para seguir licitando.

La red funciona con precisión quirúrgica. Los contratos se reparten antes de que se publiquen. Las convocatorias se cierran con plazos imposibles. Y cuando la Auditoría llega, los expedientes aparecen incompletos o alterados.

 

La nueva administración y el silencio

Con el cambio de gobierno, llegaron los discursos de transparencia. Pero el daño ya estaba hecho. La entrega–recepción fue un teatro de sombras: faltaron carpetas, faltaron inventarios, faltaron vehículos oficiales. El acta oficial documentó la ausencia de decenas de bienes municipales sin registro, equipos desaparecidos y maquinaria sin localizar.

Hoy, el nuevo gobierno asegura que está investigando. Pero las auditorías siguen acumulando polvo, y los informes se guardan en reservados. El costo político de exhibir el saqueo parece más alto que el de callar.

 

El Caribe hipotecado

Playa del Carmen ya no es solo una ciudad turística: es un territorio en disputa. La corrupción ha hipotecado el futuro de un municipio que crece más rápido de lo que puede administrarse. Cada peso desviado es un ladrillo menos en una escuela, una calle menos pavimentada, una lámpara apagada.

Los 450 millones de pesos en observaciones representan más que dinero: son hospitales que no se construyeron, programas sociales que no llegaron, patrullas que nunca se compraron.

Y aun así, la vida sigue. El turismo no se detiene. Los cruceros siguen llegando, los bares siguen llenos, las cámaras municipales siguen posando para la foto. Nadie menciona que las arcas municipales están desangradas. Nadie dice que la corrupción se ha vuelto endémica.

 

El mar no delata

El paraíso tiene dueño, y no es el pueblo. El dinero público, el dinero de todos, se ha convertido en botín. Playa del Carmen, la joya del Caribe, es hoy un espejo turbio donde se refleja la impunidad mexicana en su forma más pura.

El mar lo cubre todo: los rastros, las pruebas, los nombres. Pero bajo su calma azul, el rumor persiste. Los papeles desaparecen, las cifras cambian, los funcionarios sonríen. Y el paraíso sigue vendiéndose, lote por lote, factura por factura, mentira por mentira.

El mar no delata. Solo refleja.

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

RHM/RCM

 

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