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• Despacho 14

• El Violento Oficio de Escribir

 

• “Isla en números rojos: Pliegos, observaciones y la responsabilidad del Gobierno Municipal de Cozumel”

 

• La isla que no puede pagar su silencio.

 

Alfredo Griz/CAMBIO 22

Cozumel es postal y paraíso: playas que venden vacaciones, hoteles que facturan millones, y un ritual turístico que parece asegurar prosperidad. Pero bajo la arena hay balances, folios y un retén de papeles que muestran otra cosa: huecos numéricos, contratos con expedientes incompletos y una red de responsabilidades que aterriza, inexorablemente, en la puerta del Palacio Municipal. No es una acusación al vuelo; es la constelación de documentos, cifras y auditorías que obligan a mirar al alcalde y a su administración con la crudeza de quien reclama cuentas.

 

Lo que dice la auditoría federal: 3,925,822.80 pesos sin justificar

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe individual de la Cuenta Pública 2023, dejó una frase fría y contundente: un probable daño a la Hacienda Pública por 3,925,822.80 pesos relacionado con recursos del FORTAMUN ejercidos por el Municipio de Cozumel. Esa cifra no es rumor; es la cuantificación que arroja la fiscalización: expedientes de adquisiciones y contratos auditados que no reúnen la documentación necesaria para justificar el ejercicio del gasto. Entre los contratos revisados aparecen compras y servicios (incluidas adquisiciones de equipo y obras menores) cuyos expedientes carecen de comprobación idónea.

¿Qué significa eso en la práctica? Que casi 4 millones de pesos del dinero federal transferido a Cozumel quedaron a la intemperie documental: facturas, actas de entrega, constancias técnicas o comprobantes bancarios insuficientes o faltantes. La ASF emitió pliego de observaciones y dejó la puerta abierta —la autoridad municipal debe responder, solventar o afrontar responsabilidades administrativas y/o promovidas ante otras instancias.

 

Donde se rompen los hilos: partidas, contratos y vacíos de papel

Al escudriñar el informe y cruzarlo con la cuenta pública municipal se observan patrones repetidos: partidas de obra pública y adquisiciones donde el soporte documental no demuestra la entrega física o la contratación adecuada; facturas cuyo rastro es endeble; contratos con anexos incompletos. La propia Cuenta Pública municipal 2023 existe y está en línea, pero la existencia de un informe no sustituye la solidez de los expedientes: tener un PDF de resultado no satisface la exigencia de la auditoría cuando el auditor exige comprobantes de destino y ejecución.

En términos numéricos: la muestra auditada por la ASF en materia de gasto federalizado (FORTAMUN) arrojó la observación por esos 3.9 millones frente a un universo de partidas mucho mayor —lo que implica que la anomalía está localizada pero es significativa por su naturaleza: recursos federales para gasto municipal con documentación insuficiente.

 

Ecos estatales que complican el tablero: la investigación en CAPA

Paralelo al pliego federal, otra mancha aparece en el mapa estatal: la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) fue foco de investigación por un presunto desvío de alrededor de 22 millones de pesos, con separaciones administrativas y diligencias por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Medios regionales y reportes públicos han consignado la versión de indagaciones que incluyen conciliaciones bancarias y la verificación de movimientos que, según versiones, habrían incluso derivado en inversiones en criptomonedas. CAPA no es el Ayuntamiento, pero sus fallas repercuten en la isla: infraestructura hidráulica, plantas de tratamiento y contratos vinculados terminan afectando la gestión municipal y la prestación de servicios en Cozumel.

Ese expediente estatal tiene consecuencias prácticas: cuando organismos que tocan la operación cotidiana de la isla (agua, drenaje, saneamiento) cargan con indagatorias de ese tamaño, la cadena de contratación y supervisión de obras y servicios se vuelve más vulnerable a la pérdida de confianza y a la paralización de proyectos.

 

La responsabilidad política y administrativa —¿dónde cae la pelota?

Aquí —lo importante y, para muchos, incómodo— comienza la parte que apunta al despacho del presidente municipal. El cargo no es ornamentación: quien gobierna el municipio es responsable administrativa y políticamente de la adecuada custodia, ejercicio y comprobación del gasto público. Si la ASF detecta un probable daño en recursos federales transferidos al municipio, corresponde al gobierno municipal (a través de su contraloría interna y del órgano superior del ayuntamiento) atender, solventar o, si procede, promover la acción administrativa contra responsables. Eso coloca una responsabilidad directa sobre la gestión del alcalde en turno en dos planos:

1. Responsabilidad administrativa: presentar solventaciones documentales ante la ASF, iniciar auditorías internas para deslindar responsabilidades y ejecutar medidas de control para evitar reincidencias.

2. Responsabilidad política: dar la cara ante la ciudadanía —explicar el origen de los pliegos, las medidas de reparación y las sanciones a funcionarios si hay negligencias o irregularidades.

La pregunta que queda retumbando es simple y dura: ¿qué hizo la administración municipal para evitar que estas observaciones existieran, y qué hizo al conocerse el pliego? Los papeles obligan a una respuesta pública y detallada.

Es importante que se entienda que responsabilizar penalmente a una persona requiere expedientes con imputación y sentencia. Aquí lo que documentan las auditorías y los reportes es la obligación administrativa y política del gobierno municipal de responder y corregir. No hay, en los documentos públicos consultados, una condena penal firme que señale al presidente municipal personalmente por los 3.9 millones (esa es una línea que solo puede sostenerse con carpetas de investigación y resoluciones judiciales).

 

Hechos concretos que involucran a la administración municipal (lista con números y documentos)

· 3,925,822.80 MXN: importe que la ASF señala como probable daño a la Hacienda Pública derivados de observaciones en el ejercicio 2023 sobre recursos del FORTAMUN. Documento: Informe Individual ASF — Cuenta Pública 2023 (Auditoría 2023_1751_a).

· Cuenta Pública municipal 2023: documento oficial puesto en línea por el Ayuntamiento — sirve para cruzar partidas y reconocer las fechas y ejercicios en los que se registraron las operaciones observadas.

· ~22,000,000 MXN (presunto): monto relacionado a la investigación en la CAPA — cuatro empleadas separadas y diligencias de la Fiscalía; repercusiones en obras y manejo de recursos que tocan a Cozumel. (medios regionales / notas públicas).

· Seguimiento institucional: registros en plataformas de transparencia focalizada y Aseqroo muestran que hay observaciones preliminares y comisiones de revisión que incluyen dependencias vinculadas a Cozumel. Eso confirma que el caso no es aislado y que hay rutas de fiscalización estatal y federal abiertas.

 

Cómo la administración podría (y debería) responder — medidas prácticas e ineludibles

Si el alcalde y su equipo quisieran cerrar la herida con responsabilidad y transparencia, las medidas son técnicas —pero ineludibles— y deben comunicarse con datos y comprobantes:

1. Publicar expediente de solventación: enviar a la ASF y publicar, en el portal municipal, las pruebas que acrediten la entrega del bien/servicio, facturas, actas de recepción y comprobantes de pago.

2. Auditoría interna con alcance público: encargar a la contraloría municipal una auditoría de los procesos observados, con resultados públicos y sanciones administrativas claras.

3. Cooperar con Fiscalía y órganos de control: entregar información bancaria, contratos y proveedores solicitados por la Fiscalía (cuando haya transferencia a esa instancia).

4. Reparación del daño: si se determina daño, gestionar mecanismos de reintegro o sanción administrativa inmediata.

5. Política de control de compras: fortalecer candados (licitación pública real, padrón de proveedores verificados, controles bancarios) para que el hueco no se repita.

 

Narrativa política: el costo reputacional y electoral

No se trata solo de números; se trata del relato que llega a hoteles, a cooperativas, a prestadores de servicios y a los propios habitantes de la isla. Un alcalde que no responde frente a un pliego de la ASF carga con un problema político: la percepción de impunidad. Si la administración falla en explicar y sancionar, la sospecha —aunque no sea sentencia— será el motor de campañas opositoras y del descrédito ante inversionistas y turistas. En Cozumel, la gobernabilidad se alimenta también de confianza: sin ella, los proyectos se congelan y las inversiones dudan.

 

Lo que aún falta por comprobar (y cómo obtenerlo) — ruta de investigación para ceros y unos

Para pasar de reportaje a caso probado hacen falta piezas que hoy no están públicas o no se han difundido por completo:

* Carpetas de investigación / folios (si las hay) que responsabilicen a funcionarios específicos — solicitarlas ante la Fiscalía correspondiente.

-Estados de cuenta bancarios y trazabilidad de pagos para confirmar destino y beneficiarios — pedir vía solicitudes de transparencia y, si procede, a la autoridad judicial.

-Expedientes completos de contratos observados — solicitar copias certificadas a la Contraloría municipal.

Puedo redactar al instante las solicitudes (Infomex / estatal) y las peticiones formales para Aseqroo/ASF/Fiscalía si quieres ir paso a paso.

 

Una isla que exige cuentas

Para concluir hay que entender que en Cozumel y bajo la administración malograda de José Luis Chacon hay cifras que no cuadran (3.9 millones detectados por la ASF), hay investigaciones en organismos conexos (CAPA, con ~22 millones en controversia), y hay un alcalde que, por su cargo, tiene la responsabilidad de dirigir la respuesta administrativa y política ante estas evidencias. Lo que falta es la transparencia completa: el desahogo documental, la reparación o la sanción. Hasta entonces, la sospecha será la brisa persistente que no deja dormir al destino turístico de la isla.

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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