El Estilo Personal de Hugo Aguilar en la SCJN
30 Sep. 2025
Mario Maldonado / CAMBIO 22
El arranque de Hugo Aguilar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha marcado un quiebre respecto a las administraciones anteriores. Su estilo enfocado al trabajo colectivo y con un énfasis inédito en la perspectiva de derechos humanos está reconfigurando la dinámica de la Corte, justo cuando vive bajo el escrutinio público más intenso de los últimos años.
La primera señal de cambio fue la nueva dinámica en la discusión de los casos. Atrás quedó el esquema en el que cada ministro y su secretario dominaban la elaboración de proyectos. Ahora, Aguilar ha impulsado mesas de trabajo conjuntas en las que asesores y colaboradores participan activamente en la construcción de los criterios, con la idea de que ninguna decisión se agote en la visión individual. El resultado es un proceso más colectivo, aunque también más exigente: se pasó de dos o tres sesiones semanales a cuatro, con la meta de resolver entre 70 y 80 asuntos cada mes. En apenas dos semanas de gestión se han desahogado 78 expedientes, una cifra que contrasta con el bajo ritmo heredado y que busca enviar una señal de productividad.

El arranque, sin embargo, no estuvo exento de polémica. La designación de más de 70 asesores en su equipo levantó cuestionamientos por el tamaño y costo de la estructura. Aguilar asegura que no se “infló” la nómina, sino que se están reorganizando las capacidades para dar soporte a un método de trabajo colectivo, incorporando tanto técnicos jurídicos como especialistas en derechos humanos y perfiles con sensibilidad social.
Este ritmo responde también al rezago que heredaron. Desde abril, la administración anterior había dejado de turnar asuntos salvo los urgentes, lo que generó un inventario de más de mil 400 expedientes pendientes. Aguilar ha buscado revertir esa parálisis con jornadas más extensas, discusiones aceleradas y un esquema en el que los secretarios de estudio y cuenta tienen la obligación de dictaminar varios casos por semana.
También se ha modificado uno de los resortes clave de la Corte: la facultad de atracción. Durante años, la regla no escrita fue que un ministro podía reservarse un caso con solo solicitarlo. Hoy, en cambio, los expedientes se someten al Pleno y, si se aprueba atraerlos, se sortean entre los integrantes. Con ello se busca impedir que un solo ministro se apropie de asuntos de alto impacto económico o político. La lógica es reforzar la legitimidad de los fallos y limitar las suspicacias sobre favoritismos internos.
El cambio organizativo no se limita a la tramitación de los asuntos. Aguilar heredó también un sistema fragmentado en lo administrativo, con cada área —Corte, Tribunal de Disciplina y Órgano Administrativo de Justicia— operando con tabuladores y sistemas de pago propios. El nuevo presidente ha iniciado un proceso de homologación salarial que promete generar tensiones, pues existen magistrados y jueces con ingresos de hasta 200 mil pesos mensuales, por encima de lo que perciben algunos ministros. La meta es alinear los sueldos al marco constitucional y evitar agravios internos.

Más allá de la operación burocrática, el sello de Aguilar aparece en la exigencia de que todos los proyectos lleven una perspectiva de derechos humanos. Aunque sea con un párrafo adicional, la instrucción es que cada resolución incorpore este enfoque, convencido de que la Corte debe reflejar en sus sentencias las preocupaciones sociales de un país desigual y complejo. Esto explica también la incorporación de perfiles distintos en las ponencias.
El rediseño institucional convive con la necesidad de resistir presiones. Aguilar ha insistido en que el poder de un presidente de la SCJN ya no se mide en los recursos que controlaba con el Órgano Administrativo, sino en la autoridad moral que pueda ejercer. La apuesta es radicalizar la transparencia y que todas las sesiones son públicas.
La relación con Arturo Zaldívar, uno de sus predecesores, ha generado rumores sobre la continuidad de su influencia. Aunque se reconoce que Zaldívar mantiene voz en algunos círculos jurídicos, Aguilar ha marcado distancia institucional y no le ha concedido espacios en la operación cotidiana. Más allá de especulaciones, la Corte se enfrenta a un escenario donde las presiones empresariales, políticas y mediáticas se cruzan con la urgencia de recuperar confianza ciudadana.
La estrategia de comunicación también es parte del cambio. Se prepara una plataforma para explicar en lenguaje ciudadano el sentido de las sentencias, con el fin de acercar al público general lo que históricamente se ha quedado en tecnicismos legales.
El nuevo estilo de Hugo Aguilar no está exento de riesgos. La aceleración de los tiempos procesales puede provocar fallas o inconsistencias, y el ajuste salarial tensará la relación con jueces y magistrados. Sin embargo, la apuesta es construir una Corte más abierta, productiva y con autoridad ética. Ya se verá si el “experimento”— como le llamaron algunos— funciona.
GPC/RCM





















