“Casagate” en Felipe Carrillo Puerto: Entre Cuartos de 3×3 y Mansiones en la Playa

Redacción / CAMBIO 22

Mientras en Felipe Carrillo Puerto cientos de familias sobreviven en viviendas precarias de apenas 3×3 metros —una propuesta “social” que la propia presidenta municipal, María Hernández, presume como logro de su administración—, su familia parece no tener problemas de espacio ni de recursos.

De acuerdo con documentos de la Notaría Pública 82 y datos recabados por el periodista Benjamín Pat, la madre de la alcaldesa, María del Carmen Solís Sánchez, adquirió recientemente una residencia en el exclusivo condominio Selvanova de Playa del Carmen. La operación asciende a 3.7 millones de pesos, pagados en tiempo récord de apenas cinco meses, sin necesidad de créditos ni financiamientos.

El expediente muestra depósitos millonarios que suman 3 millones 736 mil pesos, entre ellos uno de 850 mil pesos en una sola exhibición. Todo esto, mientras el municipio que gobierna Hernández sigue siendo uno de los más pobres de Quintana Roo.

No se trata del primer bien inmueble de la familia. En 2017, Solís Sánchez ya había recibido una propiedad en el fraccionamiento Viva, por la insólita cantidad de 50 mil pesos, entregada a través de la Sedetus.

El caso genera mayor suspicacia porque la madre de la alcaldesa ocupa también un cargo público, como directora del DIF municipal, nombrada por su propia hija. Aunque se argumente que la posición es honoraria, la pregunta es inevitable: ¿de dónde provienen los recursos para costear mansiones de playa al contado?

Este episodio, bautizado ya como “casagate”, no solo exhibe posibles conflictos de interés y un sospechoso enriquecimiento inmobiliario, sino también la contradicción moral de una administración que reparte austeridad para la población y abundancia para los suyos.

La polémica no termina ahí. Se ha anunciado que en próximos días saldrá a la luz información sobre las propiedades adquiridas por familiares de otros once presidentes municipales de Quintana Roo, lo que podría destapar un patrón de privilegios y abusos en el manejo del poder local.

La ciudadanía se pregunta: ¿cómo es posible que en un municipio con tanta pobreza se multipliquen las casas de lujo en manos de funcionarios y sus parientes?

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