Diputados Impulsan Reforma para Garantizar Acceso Gratuito a las Playas en México

• La iniciativa plantea libre acceso al menos un día a la semana y busca frenar cobros que hoy impone la CONANP con brazaletes

• Sheinbaum respalda la medida; hoteleros advierten pérdidas y municipios piden compartir responsabilidades

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2025. — La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados discutirá este martes el dictamen de una reforma que busca garantizar que todas las personas tengan acceso libre y gratuito a las playas y áreas naturales protegidas (ANP) de México al menos un día a la semana, con preferencia en fines de semana o días de mayor afluencia social.

☞La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados es el órgano legislativo encargado de analizar, dictaminar y dar seguimiento a todas las iniciativas, reformas y políticas relacionadas con el desarrollo turístico en México. Su labor es crear un marco legal que impulse al turismo como motor económico, garantizando que las actividades del sector se realicen de manera sustentable, ordenada y en beneficio de la sociedad.

 

Entre sus funciones está dictaminar reformas de ley, supervisar la actuación de dependencias federales como la Secretaría de Turismo (Sectur) y revisar programas y presupuestos vinculados al sector. También funge como espacio de diálogo entre legisladores, empresarios, comunidades locales y autoridades, con el fin de equilibrar el crecimiento económico con la protección del patrimonio natural y cultural del país.

 

En términos claros, la Comisión de Turismo define las reglas del juego en materia turística y vigila que las decisiones no solo beneficien al sector privado, sino también a las comunidades y al interés público.

La propuesta, presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y suscrita también por el diputado Enrique Vázquez, plantea modificar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para poner freno a los cobros y restricciones que hoy operan en distintos puntos del país.

El documento sostiene que estos mecanismos, como los brazaletes que expide la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), constituyen una forma de privatización indirecta de bienes nacionales, contraria al artículo 4° de la Constitución que reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano.

☞ “El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que es responsabilidad del Estado garantizar ese derecho. Asimismo, precisa que quien cause un daño o deterioro ambiental será obligado a repararlo, lo que convierte a este principio en un pilar de la protección de los recursos naturales y en la base jurídica para impedir prácticas que restrinjan o vulneren el acceso de la población a los bienes nacionales, como es el caso de las playas.”

Actualmente, el acceso a playas en zonas turísticas como Tulum se encuentra condicionado a tarifas que van desde los 58 pesos por persona, además del “Pasaporte de la Conservación Digital” que ofrece visitas anuales a todas las ANP.

Incluso, en diciembre de 2024, el grupo administrado por la Sedena impuso cobros en playas públicas como Santa Fe, Pescadores y Paraíso, lo que desató protestas sociales y acusaciones de incumplimiento de acuerdos por parte del propio alcalde de Tulum, Diego Castañón.

En respuesta a este escenario, el presidente municipal inició gestiones para garantizar accesos libres y, como parte de esas medidas, ya se habilita un nuevo paso público hacia la costa que contará con servicios básicos, seguridad y vigilancia de Protección Civil.

De acuerdo con lo informado, este espacio estará listo en un plazo aproximado de tres semanas, y busca reafirmar el derecho de la población y de los visitantes a disfrutar de playas dignas sin restricciones ni cobros indebidos.

Estos casos se han convertido en referencia de la tensión entre el marco legal, que establece que las playas son bienes de la nación, y la práctica, donde comunidades locales y turistas enfrentan restricciones para su disfrute.

El dictamen reconoce que la reforma podría generar un impacto presupuestal en materia de recaudación y advierte sobre posibles conflictos de competencia.

Por ello, la Comisión de Turismo plantea que la responsabilidad de garantizar accesos y servicios básicos no recaiga únicamente en la federación, sino que sea compartida con estados y municipios.

Al mismo tiempo, señala que no todas las áreas naturales protegidas son playas, por lo que no resulta viable establecer de manera general el acceso libre a todos estos espacios.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la propuesta, al afirmar en agosto pasado, durante una gira en Chetumal, que “las playas son de la gente, son del pueblo, y no pueden privatizarse”.

Con este aval, se espera que el dictamen sea aprobado en la comisión el martes y pase al pleno de San Lázaro al día siguiente, donde legisladores anticipan un amplio consenso.

De concretarse, la reforma marcaría un precedente histórico en la defensa del carácter público de las playas mexicanas, al reconocer en la ley que su disfrute no puede estar condicionado al pago ni quedar bajo control de intereses privados.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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