Pemex Va con Todo por Shale Gas con Privados

Mario Maldonado/Redacción/CAMBIO 22  

Pemex dará un viraje ideológico y entrará de lleno al shale gas de la mano de inversionistas privados, en un esquema de contratos mixtos que rompe con el dogma energético de los últimos sexenios, particularmente el de Andrés Manuel López Obrador. Lo que hace apenas unos años era tabú —la fracturación hidráulica o fracking— ahora se presenta como una necesidad de soberanía y como el único salvavidas de la empresa, ahogada en deudas y con reservas en niveles mínimos históricos.

En Hacienda y en Pemex reconocen que México no puede seguir dependiendo del gas importado desde Texas, que cubre más del 70% del consumo nacional, porque cada interrupción, como la tormenta invernal Uri en 2021, paraliza industrias y pone en jaque al sistema eléctrico.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya autorizó las primeras pruebas en Coahuila, en la frontera del Río Bravo, donde un contrato de servicios en la zona de Olmos conecta con la formación Eagle Ford, uno de los epicentros del boom energético estadounidense. En gobiernos pasados se perforaron 25 pozos; ahora se busca retomar la apuesta.

En documentos oficiales, el viraje ideológico aparece como “yacimientos de baja permeabilidad”, pero se trata, en realidad, del satanizado shale gas. El tecnicismo busca evitar la confrontación con López Obrador, pero el plan es avanzar en proyectos de fracturación hidráulica con esquemas de colaboración que garanticen pagos a proveedores, rentabilidad desde el inicio y un reparto de riesgos más justo. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ya levantó la mano, convencido de que el gas puede detonar un desarrollo sostenible en su estado, mientras que el excedente se exportará a través de un gasoducto bajo el Río Bravo hacia Estados Unidos.

En paralelo, Hacienda y Pemex diseñan la apertura controlada a la inversión privada. Los altos funcionarios de Pemex reconocen que la empresa necesita esquemas mixtos con privados, con contratos que aseguren rentabilidad y certeza de pago. Actualmente hay 11 proyectos listos bajo este modelo y la meta es superar los 40. Entre ellos destaca un acuerdo con una compañía australiana, con una participación 51-49%, que busca producir 52 mil barriles diarios. La Presidenta autorizó abrir zonas para que el sector privado trabaje con Pemex bajo un esquema de operación compartida, pero con control estatal garantizado. La meta sexenal es que 93% de la producción quede en manos de Pemex y 7% en el sector privado, pero puede cambiar conforme se vaya avanzando en el plan.

La diferencia con la reforma energética de 2013-2014 es que no se trata de licitaciones abiertas a operadores internacionales, sino de contratos diseñados por Pemex, pensados para dar certidumbre de pagos y evitar que la falta de liquidez descarrile los proyectos. Banobras será uno de los vehículos que financiará a proveedores y garantizará ciertos flujos.

En el gobierno se admite que México no tiene margen fiscal para sostener por sí solo los proyectos de exploración compleja. La apuesta es usar al capital privado como palanca, pero sin soltar el control político de los hidrocarburos. Es una hibridación silenciosa en la que Pemex sigue siendo el actor dominante, pero acompañado de socios estratégicos que absorban parte del riesgo financiero y tecnológico.

Como contexto están los pésimos datos de producción que heredó la gestión de Octavio Romero y las anteriores; ésta ha caído de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a alrededor de 1.6 millones.

México tiene una de las mayores reservas potenciales de shale del mundo. La Administración de Información Energética de Estados Unidos calcula más de 545 billones de pies cúbicos de gas técnicamente recuperables, en su mayoría en la cuenca de Burgos y Sabinas, justo en la frontera con Texas. Sin embargo, por razones ambientales, sociales y políticas, el desarrollo ha sido mínimo.

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