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• El fuego en la costa: crimen organizado y devastación en Veracruz

 

Alfredo Griz/CAMBIO 22

Veracruz arde en silencios. Entre puertos, riberas y carreteras que comunican al Golfo con el interior del país, la violencia se ha consolidado como una industria paralela: promueve economía ilícita, extorsión, desaparición y muerte, y deja un rastro de familias rotas, negocios clausurados y un Estado que parece incapaz de recuperar su territorio. Este reportaje —crudo, cronológico y con voces de quienes viven el conflicto— busca contar cómo se vive la violencia en carne propia en municipios, colonias y comunidades, y poner sobre la mesa las consecuencias económicas, sociales y políticas de una crisis que no admite eufemismos.

Escenario: por qué Veracruz importa

Veracruz no es un accidente geográfico: es un corredor. Sus puertos y su red de carreteras y vías férreas son arterias de mercancías legales e ilegales. Esa condición estratégica convierte al estado en un objetivo codiciado por organizaciones criminales que buscan controlar rutas de trasiego, puntos logísticos y mercados internos para extorsión y robo. La competencia por esos espacios ha producido una fragmentación violenta: bandas con distintos orígenes y lealtades territoriales se disputan plazas con métodos que van desde la compra de funcionarios hasta la intimidación abierta y la ejecución pública.

La violencia no es homogénea: hay municipios que parecen zonas de guerra, mientras que otros mantienen una vida cotidiana que intenta no mirar la otra orilla. Sin embargo, la presión sistémica —extorsiones a comercios, robo de transporte, amenazas— atraviesa toda la estructura social y económica del estado.

Actores y disputas: un mapa de frentes

En Veracruz operan múltiples actores: organizaciones con estructuras jerárquicas consolidadas y células locales surgidas del vacío institucional. Las disputas son frecuentes por puertos, gasolineras, corredores carreteros y zonas de extracción o trasiego. El fenómeno no responde a un solo mapa: hay traslapes, alianzas temporales y rupturas que vuelven la dinámica impredecible y letal.

En el terreno eso se traduce en enfrentamientos armados, ajustes de cuentas, desapariciones masivas y mensajes intimidatorios. Los métodos son deliberadamente brutales: exhibición de restos, fosas clandestinas, ejecuciones en espacios públicos. El objetivo, además de eliminar a rivales, es establecer terror como forma de control.

Cronología de la violencia reciente (síntesis)

• Auge de la disputa territorial: En los últimos años se han multiplicado los episodios violentos en ciudades portuarias y en las rutas hacia el interior. Periodos de calma aparente suelen preceder a oleadas de violencia que buscan redefinir el control sobre corredores estratégicos.

• Hallazgos masivos: Se incrementaron los hallazgos de fosas clandestinas y hallazgos de cuerpos en distintos puntos del estado; muchos cuerpos permanecen sin identificar. Esos descubrimientos evidencian no solo la violencia sino la dificultad institucional para procesar y resolver los casos.

• Desapariciones y miedo: Las desapariciones, en zonas urbanas y rurales, han generado un efecto multiplicador: familias que buscan, comunidades que se movilizan y una sensación de abandono frente a la lentitud de las investigaciones.

• Impacto en la vida cotidiana: Comercios que pagan “cobro por derecho” o cierran, transportistas que mudan rutas para evitar zonas de riesgo, y una migración interna de personas quehuyen por seguridad personal.

Voces de la tragedia (testimonios públicos y declaraciones)«Yo ya no salgo de noche; si me voy a trabajar tengo que avisar a alguien, y aún así me han tocado balaceras en la carretera. No puede ser que paguemos por transitar por nuestra propia tierra», dice un conductor de transporte de carga del sur del estado.

Una madre que busca a su hijo desaparecido: «Llevo años, voy a la Fiscalía, pongo testimonios, pero no me dicen nada. A veces pienso que me va a tocar encontrarlo por mi cuenta».
Dueños de pequeños negocios describen la presión como una renta: «Nos llaman y nos piden dinero por cada semana; te amenazan y si no pagas vienen y te rompen todo. A algunos los siguen hasta sus casas».

Un docente en una comunidad rural: «La escuela quedó vacía; los padres no dejan a sus hijos solos. Hay miedo de que los recluten o que un enfrentamiento llegue a la cabecera municipal».
Las voces se repiten en distintos municipios: angustia, desconfianza, cansancio y la sensación de que la vida normal fue sustituida por una rutina de prevención continua.

El saldo humano: muertos, desaparecidos y familias rotas

Hablar de números exactos en un clima de subregistro y de criterios variables sería irresponsable; no obstante, el fenómeno es claro: miles de víctimas directas entre asesinatos y desapariciones, y un número aún mayor de afectados indirectos. Cada muerte y cada desaparición multiplican el trauma —familias que buscan, generaciones que crecen en hogares fracturados, negocios y comunidades que pierden capacidad económica y confianza social.

La morgue y el ministerio público han reportado periodos de saturación: cuerpos sin identificar, retrasos en entrega de restos y casos archivados sin avance. Para las víctimas, esa lentitud es una segunda violencia: la negación de verdad y memoria.

Costo económico: empresas, empleo y erosión del desarrollo

El crimen organizado tiene un precio explícito en la economía regional. Los impactos aparecen en varios frentes:

• Costos directos: extorsión, robo de mercancía, secuestro de transportes y daños a infraestructura. Empresas y transportistas deben asumir pagos, seguros más caros y medidas de seguridad adicionales.

• Costos indirectos: pérdida de inversión extranjera y nacional, cierre de negocios, pérdida de empleos formales e informales y menor actividad turística en zonas afectadas.

• Carga pública: aumento del gasto en seguridad, investigación y respuesta sanitaria/forense que desvía recursos de educación, salud y desarrollo social.

El resultado es un círculo vicioso: menos inversión pública y privada, más pobreza y vulnerabilidad, lo que a su vez alimenta la posibilidad de reclutamiento por parte de grupos criminales.

Impacto social: desplazamiento, trauma y debilitamiento comunitario

Las comunidades viven procesos de desarraigo: desplazamientos internos, cierre de espacios públicos y reducción de actividades culturales. La escuela, la plaza y el mercado, que antes eran espacios de encuentro, se convierten en zonas de riesgo. El trauma colectivo se materializa en depresión, miedo generalizado y ruptura de redes de apoyo.

Además está la estigmatización: comunidades señaladas por la prensa local o por la misma dinámica criminal quedan marcadas, lo que dificulta la recuperación económica y social a mediano plazo.

Efectos políticos e institucionales: corrupción, impunidad y debilitamiento del Estado

La penumbra más peligrosa no son las balas sino la corrupción sistémica que permite la impunidad. En varios municipios, la relación entre actores criminales y estructuras de poder local ha erosionado la confianza ciudadana. Denuncias de colusión, filtraciones y redes de protección han comprometido investigaciones y permitido que grupos criminales se reproduzcan con relativa impunidad.

Esta erosión institucional trae consecuencias políticas claras: pérdidas de legitimidad de autoridades locales, crisis de gobernabilidad y un escenario donde la población duda de acudir a las instituciones para la protección de sus derechos.

¿Qué falla en la respuesta? (análisis)

Las respuestas oficiales han mostrado limitaciones en varios frentes:

• Inteligencia fragmentada: falta de coordinación efectiva entre niveles de gobierno y deficiencias en el intercambio de información.

• Capacidad forense limitada: saturación de morgues y demoras en la identificación de cuerpos que profundizan el dolor de las familias y enturbian las estadísticas.

• Corrupción y filtraciones: la captura de información por redes corruptas reduce la eficacia de las operaciones y pone en riesgo a denunciantes.

• Prevención insuficiente: políticas de desarrollo social focalizado han sido insuficientes para atacar la raíz económica y social del reclutamiento delictivo.

En conjunto, estas fallas permiten que el crimen se adapte y persista, aprovechando vacíos institucionales y económicos.

Historias de resistencia y búsqueda

A pesar del terror, existen actos de dignidad: colectivos de búsqueda que rascan tierra para encontrar restos, asociaciones de familiares que no cesan en la exigencia de justicia y organizaciones civiles que documentan y acompañan casos. Esos esfuerzos son el contrapunto a la pasividad institucional; muchas veces, la fuerza de la sociedad organizada impulsa hallazgos y mantiene viva la memoria de las víctimas.

En varias comunidades, iglesias, escuelas y grupos vecinales han tomado el relevo para proteger a niños y ancianos, organizar redes de apoyo y documentar agresiones. No son la solución por sí mismos, pero constituyen una pieza clave para la resiliencia social.

Escenarios futuros (posibles trayectorias)

1. Escenario de consolidación criminal: Si grupos con mayor capacidad logística consolidan control, podría agravarse la violencia y la extorsión, con más desplazamientos y una economía regional más asfixiada.

2. Escenario de fragmentación sostenida: La violencia se mantiene en picos intermitentes, con impacto focalizado en municipios clave pero sin una solución estructural a la vista.

3. Escenario de intervención integral: Con coordinación seria entre gobiernos, reducción de la corrupción y políticas de desarrollo focalizadas, existen posibilidades de recuperar territorios y disminuir reclutamiento criminal. Este escenario exige voluntad política sostenida y recursos suficientes.

Conclusión y llamada a la acción

Veracruz enfrenta una emergencia compleja: violencia armada, desapariciones, costos económicos y un desgaste institucional profundo que, combinados, configuran un problema estructural. La vida diaria de cientos de miles de veracruzanos está condicionada por el miedo y la improvisación.

Este reportaje no pretende dar soluciones fáciles, sino documentar la magnitud del problema y visibilizar a las víctimas. La salida exige, al menos, tres ejes: (1) recuperación del monopolio legítimo de la violencia a través de estrategias de inteligencia y depuración institucional.

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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