Política y Cerdos, una Fórmula que ha Destruido el Medio Ambiente en Yucatán

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Desde el 20 de marzo de 2019, el Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in Ja’ y el equipo Indignación A.C. presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ambas del gobierno federal, así como ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Yucatán, luego que pobladores de Kinchil establecen que desde el inicio de operaciones de la planta porcícola Kekén, notaron reducción de la población de abejas y de las cosechas de miel.

Semanas antes de esa denuncia, ante extravío de ganado, recorrieron el área y encontraron pantanos de aguas negras que atribuyeron a la empresa Kekén, sin embargo, pasó todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y las dependencias del gobierno federal no les hizo caso, por lo que se agravó aún más la contaminación del entorno ecológico en perjuicio de la biodiversidad de la zona.

De acuerdo a las organizaciones asesoras de las comunidades, en la relación de hechos de la denuncia, se explica que esa empresa porcícola, junto con grupo Kúo, iniciaron operaciones en 2010. Kekén le ofrecía en ese entonces a la población empleo y “superación económica” y una mejor calidad de vida, pero iniciaron también un proceso de despojo de tierras e incluso hay litigios agrarios que no han concluido.

En el 2019, dicha empresa porcícola continuó creciendo en ese territorio aumentando sus naves de producción de cerdos, con el consentimiento del gobierno federal.

Las comunidades afectadas, advirtieron hace siete años, que ni al inicio de sus operaciones ni años después, dichas empresas obtuvieron el consentimiento del Pueblo Maya de esta región para realizar actividades de tan fuerte impacto en una zona con un ecosistema tan frágil y sensible, cercano a la costa, con cenotes, humedales y diversidad en riesgo.

Al anunciar la presentación de esta denuncia popular dieron inicio a diversas acciones para hacer valer sus derechos como pueblo maya, para defender su territorio y para cuidar el agua y el medioambiente ante la ambición y el despojo de las empresas neoliberales solapadas por el entonces nuevo gobierno.

Le exigieron a las instancias federales y estatales protectoras del medio ambiente atender su denuncia para investigar y detener la contaminación y apelaron a la disponibilidad gubernamental para ser considerados en la construcción de lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo ya que en los territorios de la zona poniente se estában promoviendo actividades humanas y productivas que no corresponden al contexto local de las comunidades mayas, porque la entrada de megaproyectos promovió la vulnerabilidad y la creación de nuevos riesgos y de verdaderos desastres en materia ambiental, provocando daños y efectos adversos en las comunidades.

Sin embargo, siete años después, las comunidades denunciantes no han sido escuchadas en el negocio de las plantas porcícolas sigue en crecimiento destruyendo de forma irreversible tanto el suelo y los depósitos naturales de agua, pero la lucha de estas comunidades ha sido intensa y persistente, a pesar de la represión institucional en la que han participado organismos como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Entre los años 2022 y 2023 comunidades de municipios como Kinchil, Maxcanú, Hocabá, Hunucmá, Chocholá, Cantamayec, Izamal, Teabo, Tetiz, Dzoncauich, Kopomá y Mérida documentaron sistemáticamente los efectos negativos de las granjas porcícolas, a través de monitoreos comunitarios del agua, ante las denuncias de contaminación, malos olores, afectaciones a la salud y daños a sus medios de vida, como la apicultura.

En abril de 2023 la SEMARNAT publicó el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán, confirmando la existencia de granjas ilegales, su impacto en el agua subterránea, la contaminación por desechos animales y sus efectos socioambientales. A pesar de este reconocimiento oficial, las autoridades no toman medidas efectivas.

Ante la inacción gubernamental, en 2024, las comunidades afectadas deciden organizarse formalmente y fundan la Red “To’one Ja’o’on”, articulando sus esfuerzos de defensa territorial y ambiental bajo un enfoque comunitario, científico y legal.

En 2024, la Red presentó una denuncia popular ante instancias federales clave —SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA—, respaldada por estudios científicos de la UNAM y la Universidad Johns Hopkins.

Una de sus principales demandas es la reparación del daño ambiental causado por empresas porcícolas, especialmente Grupo Porcícola Mexicano (Kekén), responsable de la contaminación del acuífero con coliformes fecales, Escherichia coli y el marcador molecular Pig-2-Bac, que confirma el origen porcino de la contaminación.

Además, pidieron la investigación penal por posibles delitos ambientales, solicitando a la Fiscalía General de la República (FGR) que abra una carpeta de investigación; acción colectiva bajo el Código Federal de Procedimientos Civiles para obligar a las empresas a asumir la responsabilidad ambiental y social; cese inmediato de operaciones de granjas porcícolas ilegales y no reguladas; garantía del derecho al agua potable y a un ambiente sano para las comunidades afectadas, entre otras demandas.

El pasado 2 de septiembre, durante una conferencia de prensa en Mérida, Yucatán, Lourdes Medina Carrillo, coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, con la participación de representantes comunitarios, informó de una nueva denuncia ante las instancias federales y estatales, ya que la respuesta a la anterior, fue imprecpetible.

La abogada, detalló que en el escrito de la referida denuncia se exige que “no se autorice o renueve ninguna manifestación de impacto ambiental o cambio de uso de suelo para la instalación o apertura de alguna nueva granja porcícola en el estado de Yucatán”.

Además, se bloquee la opción de efectuar ampliaciones para las instalaciones que ya operan. “Además, exigimos el cumplimiento de las órdenes judiciales que han ganado las y los compañeros de Santa María Chi. La granja en esa comunidad ya tiene cuatro órdenes judiciales que ordenan a las autoridades que se paralice de forma inmediata el funcionamiento de la porcícola y el retiro inmediato de los cerdos concentrados en ese lugar”.

El pasado 9 de septiembre, la Profepa clausuró de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos, informó la dependencia por medio de un comunicado de prensa.

A partir de la clausura, la Profepa buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental y dando seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio.

En atención a denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil y por las comunidades mayas desde el 2021, la Profepa ha realizado visitas de inspección a granjas porcícolas ubicadas en Yucatán en los municipios Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá. Dentro de estas acciones, Pecuaria Peninsular fue una de las granjas inspeccionadas y a la que se le han impuesto diversas medidas correctivas, informó la dependencia federal, cuestionada por las comunidades mayas afectas.

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