Tren Maya:: El Costo del Mito

JuanJo Sanchez / CAMBIO 22

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ya mostró sus cartas: El Tren Maya seguirá absorbiendo dinero público aunque para sostenerlo tengamos que endeudarnos. El Paquete Económico 2026 lo confirma por su tenian dudas: Además de los 30 mil millones de pesos ya asignados, se recurrirá a deuda a través de la banca de desarrollo para financiar la ampliación hacia Puerto Progreso. No es un rumor, no es especulación: está escrito, es oficial, y lo que implica es brutal. Y como ya sabes que mi pecho no es bodega en estas líneas te lo cuento

Hablemos claro. Este tren no es negocio, es un agujero fiscal. Sus operaciones ya cuestan siete millones de pesos diarios; su presupuesto original de 156 mil millones se ha inflado hasta los 511 mil millones; acumula retrasos, fallas técnicas, descarrilamientos, juicios pendientes, modificaciones improvisadas y más de sesenta muertes laborales en su etapa de construcción. Pese a todo eso, el Gobierno de México insiste no solo en mantenerlo, sino en expandirlo. ¿Quién pagará esa deuda? Tú, yo, nuestros hijos y los que todavía no nacen.

El discurso oficial intenta disfrazarlo de “estrategia nacional”: Conectar al sureste con el puerto de Progreso permitirá mover carga, combustibles y mercancías, transformando al sureste en un polo logístico. Sobre el papel suena convincente, pero hay un pequeño detalle: No existe certeza de rentabilidad.

El propio director del proyecto, el general Óscar David Lozano Águila, ha admitido que el tren de pasajeros no es rentable y que la viabilidad depende del sistema de carga. Y aun así, el punto de equilibrio se espera hasta 2030. Eso significa que durante los próximos cinco años el tren seguirá generando pérdidas que cubrirán los contribuyentes.

Aquí es donde aparece la verdadera causa: no se financia un proyecto, se financia un mito político. Sheinbaum Pardo hereda el tren como el emblema de Andrés Manuel López Obrador y decide hacerlo suyo. No puede cuestionarlo sin dinamitar la narrativa de continuidad que sostiene a su gobierno. Así, en lugar de evaluar con rigor técnico y económico, opta por blindar el símbolo. Y lo hace con la herramienta más peligrosa: deuda pública. No hay política más irresponsable que comprometer recursos futuros para proteger el pasado. Porque la deuda no se contrata para generar desarrollo, se contrata para proteger un relato político.

La consecuencia es inmediata: cada peso que se va al tren es un peso que se le quita a la salud, a la educación, a los servicios públicos. El tren es un devorador de prioridades.Sin darnos cuenta se sacrifican proyectos locales urgentes mientras se sigue financiando un proyecto que solo existe porque es intocable políticamente. Y el golpe es brutal: la gente debe aceptar que vive en un país donde los hospitales carecen de medicinas, las escuelas se caen a pedazos, pero donde sí hay dinero –y deuda– para sostener una obra que ya nació perdida.

A eso se suma el costo social y ambiental. La ampliación hacia Progreso implica deforestar más hectáreas de selva y modificar zonas con impacto ecológico irreversible. Los estudios de impacto ambiental han sido autorizados con prisas, se ha puesto en riesgo la biodiversidad del sureste. El discurso de progreso silencia las muertes de trabajadores, las denuncias de violaciones laborales y el despojo de territorios.

Pero lo más grave es la trampa económica: se sigue financiando el tren con el Derecho de No Residente (DNR), un impuesto que pagan los turistas extranjeros al entrar por avión o crucero. Dos tercios de ese dinero ya están destinados al tren. Es decir, se usurpa el ingreso del turismo, que podría invertirse en infraestructura local, seguridad o promoción internacional, para subsidiar una obra que los propios turistas difícilmente usarán. Y como ese subsidio ya no alcanza, ahora se suma deuda. Se exprime al turismo, se exprime al presupuesto y ahora se exprimirá el futuro.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que el tren costará más del triple de lo presupuestado. Y aún con esa cifra, el déficit ya rebasa los 350 mil millones de pesos. El tren no será rentable -ni lo es a corto plazo- pero se seguirá financiando. El gobierno lo sabe, pero insiste porque lo que se protege no es el dinero público ni el bienestar social, sino un relato político.

La pregunta que deberíamos hacernos es incómoda y necesaria: ¿Qué pasará cuando los costos se multipliquen y la deuda alcance un punto insostenible? El país ya carga con proyectos inconclusos y elefantes blancos. El Tren Maya corre el riesgo de engrosar esa lista si no se corrigen sus fallas estructurales, si no se transparentan los costos reales y si no se ajustan las metas de rentabilidad. Aún es tiempo de repensar, de rescatar lo que pueda servir y de exigir una planeación con rigor técnico que dé resultados, no solo discursos.

El proyecto puede ser una oportunidad para detonar la región, pero solo si se convierte en un tren que sirva a la gente y no únicamente a intereses políticos o económicos. Para eso se necesita una reingeniería financiera y social: escuchar a las comunidades, garantizar que los beneficios lleguen a quienes habitan el territorio y asegurar que el impacto ambiental no termine devorando lo poco que se pueda ganar. El sureste no merece más promesas rotas: merece obras que le dejen futuro.

El Tren Maya todavía no es rentable, y los números lo confirman. Pero tampoco está condenado si se rectifica el rumbo. Hay espacio para corregir, para dar transparencia, para que la inversión realmente sume al desarrollo de la región y no se pierda en subsidios perpetuos. La esperanza está en que la sociedad exija cuentas claras y el gobierno tenga el valor de ajustar. Solo así este tren podrá dejar de ser la deuda sobre rieles y convertirse en la palanca de desarrollo que tanto se promete.

Fuente: Facebook

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