Extorsiones por Tierras en Leona Vicario Se Agravan con Nuevas Denuncias y Fracturas en Red Ligada a Arturo Boix

• Números telefónicos y supuestos abogados exigen pagos millonarios; víctimas denuncian presiones para entregar hasta 10 millones de pesos bajo amenaza de cateos judiciales.

• La empresa Terracasa Inmobiliaria advierte que Arturo Boix, Pablo Canseco y su grupo no están autorizados para cobrar ni gestionar la regularización de tierras, y exhorta a no dejarse intimidar.

Redacción/ CAMBIO 22

Las presiones y amenazas contra posesionarios del Ejido Leona Vicario, en el municipio de Puerto Morelos, no han cesado, en las últimas semanas, el Diario CAMBIO 22 recibió nuevas denuncias de propietarios que están siendo extorsionados a través de mensajes y llamadas telefónicas, los interlocutores se presentan como “licenciados” o abogados relacionados con el despacho Barca & Asociados y exigen pagos exorbitantes para “regularizar” tierras, bajo advertencias de que la Fiscalía General del Estado (FGE)realizaría cateos y aseguramientos si no cumplen.

Un posesionario identificado como Abel  “N” mostró mensajes recibidos desde el número 998 650 8733 supuestamente a nombre de Arturo Boix, en los que le reclaman el pago de una “segunda parte” cercana a 10 millones de pesos, Abel respondió que, según lo informado por el ejido, el grupo Barca ya no tiene relación con la regularización, la respuesta del supuesto Boix fue tajante, asegura que él y su equipo “tienen a su cargo todos los asuntos inherentes al ejido”y aconseja cumplir el pago porque, de lo contrario, “podría haber aseguramientos y cateos por parte de la fiscalía” que él afirma controlar con “Susi”, el diálogo terminó con un inquietante:

“Tiempo es lo que menos tienes”.

No es la única comunicación, desde el 993 311 2389 se presenta Pablo Canseco para “negociar convenios”, mientras otro contacto utiliza el número 55 6146 3292 con el nombre “Lic. David Carmona” y una mujer que se identifica como “Lic. Soledad” llama desde el 998 149 9448, las víctimas describen un patrón común,  prometen regularización, exigen adelantos millonarios y amenazan con acciones legales.

Carta oficial desmiente a Boix y a Barca

Ante la ola de extorsiones, la empresa Terracasa Inmobiliaria Real State S.A. de C.V. contratada por el ejido para regularizar las tierras envió una carta, fechada el 14 de agosto de 2025, dirigida al presidente del comisariado ejidal, Juan García Asbun, en ella aclara que “Arturo Boix Castillo, Pablo Canseco Benítez y quienes conforman Barca y Asociados no tienen relación legal y/o contractual alguna con Terracasa Inmobiliaria Real State”, terracasa añade que ellos son los únicos responsables de los trabajos de regularización ante autoridades federales, estatales y municipales y que garantizarán que se concluyan de principio a fin, la misiva firmada por su apoderado legal, el ingeniero Eusebio Amalda Arreola Semadeni se remitió también a funcionarios estatales para que tengan conocimiento.

La aclaración tiene un trasfondo contundente, desde que fue contratado en 2023, el despacho de Arturo Boix (alias “El Pájaro”) ha sido señalado por posesionarios de cobrar 120 mil pesos mensuales y prolongar indefinidamente la gestión legal.

Investigaciones periodísticas de este medio revelaron que Boix tomó el control de unas 250 hectáreas de uso común adjudicándose facultades no aprobadas en asamblea, y que su estrategia consiste en mantener abierto el litigio para asegurar un flujo constante de recursos, lo que ya habría acumulado más de tres millones de pesos sin avances sustanciales, comuneros denunciaron además que Boix presume tener contactos en la FGE y autoridades municipales, reforzando la percepción de que goza de protección política.

Un modus operandi repetido

El propio historial de Boix muestra que las extorsiones no son una práctica nueva, en 2012 fue detenido y cumplió casi tres años de prisión por una acusación de extorsión en Cancún.

Según el expediente, su operación exhibía una estructura coordinada, captaba a la víctima con un pretexto legal, ejercía presión psicológica respaldada en un discurso de poder y organizaba la entrega de dinero con logística controlada, ese patrón aprovechar el miedo, simular trámites legales y sostenerse con amenazas se repite hoy en Leona Vicario.

La diferencia es que ahora usa la fachada de abogado para desarrollar extorsiones de “cuello blanco”, aprovechando influencias en instituciones públicas y contactos en la fiscalía.

Un tercer reportaje de CAMBIO 22 describió a Pablo Canseco Benítez como el “legitimador institucional” de Boix, utilizando cargos en organizaciones de derechos humanos para proyectar una imagen de legalidad, aunque no hay respaldo oficial de organismos internacionales, también reveló que Mario A. C. M., alias “La Nalga Chula”, tiene un historial de violencia y extorsión y habría fungido como operador de presiones dentro del ejido.

Posteriormente, Mario A. C. M., alias “La Nalga Chula”, fue detenido el 8 de agosto de 2025 en la Supermanzana 240 de Cancún por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tras confirmarse una orden de aprehensión vigente por presunta extorsión, luego de un cruce imprudente y una revisión en el C5 local.

Fuentes extraoficiales consultadas por el Diario CAMBIO 22 señalan que, dentro del penal, “La Nalga Chula” ha comenzado a “boquear”, aportando información sensible sobre las operaciones de Boix y su grupo.

Incluso trascendió que habría solicitado recursos económicos directamente a Boix para mantener privilegios en prisión, sin embargo, el apoyo nunca llegó y ha quedado a su suerte, evidenciando fracturas internas en la red que operaba en torno al ejido.

Al final de ese reportaje, se hace un llamado a las autoridades para poner fin a las extorsiones por tierras que han asfixiado a pequeños y grandes posesionarios.

Exigir dinero no regulariza ni otorga derechos

La regularización de tierras ejidales es un proceso estrictamente regulado por la legislación agraria, ni Boix ni su grupo tienen facultades para solicitar pagos a los posesionarios, Terracasa Inmobiliaria remarca que las gestiones se realizan ante dependencias federales y que cualquier costo será informado mediante las vías oficiales del ejido, pedir dinero a cambio de “gestionar” o amenazar con cateos es un delito de extorsión; por ello, especialistas recomiendan denunciar ante la FGE y ante la Procuraduría Agraria.

La incertidumbre se incrementa porque la directiva ejidal se encuentra en transición; sin embargo, la carta de deslinde busca dar certidumbre a los comuneros y posesionarios de que Terracasa Inmobiliaria es la única empresa autorizada, fuentes consultadas por el Diario CAMBIO 22 insisten en que los ejidatarios no deben dejarse engañar, ningún particular puede “asegurar” tierras ni ejecutar cateos; tales diligencias sólo proceden mediante orden judicial y la participación de la autoridad agraria.

Para las víctimas de extorsión, contar su historia implica riesgo, aun así, la voz de Abel “N” y de otros posesionarios coincide en la necesidad de terminar con una práctica de coerción que se ha convertido en modus vivendi para algunos grupos.

La advertencia es simple, si recibe una llamada exigiendo dinero para “regularizar” o “evitar cateos”, tome nota del número, no entregue recursos y acuda a las autoridades, la intervención de la nueva dirigencia ejidal y del gobierno estatal será clave, no sólo para restablecer el orden en Leona Vicario, sino también para erradicar las extorsiones por tierras que han asfixiado a pequeños y grandes posesionarios.

Continuará…