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• No es producto de la casualidad la descomposición de los mandos superiores de las fuerzas armadas de México

 

• El manejo de millonarios presupuestos tal parece que fue planeado para mantener su sometimiento al gobierno en turno y controlar cualquier inconformidad en este cambio de régimen y de cambios incluyendo los constitucionales

 

• Ello explica la historia del marino que tuvo un ascenso vertiginoso en el escalafón mientras su tío Ojeda Luján era secretario naval, pero la fama de corrupto le perseguía desde hacía años

 

Remigio Morales Castañeda/CAMBIO 22

No es producto de la casualidad la descomposición de los mandos superiores de las fuerzas armadas de México.

Los gobiernos que conforman la llamada 4T, al parecer le otorgaron el Manejo de presupuestos millonarios para evitar cualquier posibilidad de golpe de estado.

Sólo así se puede explicar el otorgamiento del manejo de millonarios presupuestos para la secretaría de Marina y a la Secretaria de la Defensa Nacional sin posibilidades de ser supervisadas.

Tal parece que está medida fue planeada para mantener su sometimiento al gobierno en turno y controlar cualquier inconformidad en este cambio de régimen y de cambios incluyendo los constitucionales.

El involucramiento en tareas civiles a los altos mandos castrenses implementado desde el pasado sexenio destapó la corrupción que hoy se ha convertido en una constante que envuelve y siembra dudas además de incrementar su mala imagen ante una sociedad que aún no asimila todos esta transformación que incluyen a nuestras gloriosas fuerzas armadas.

La detención de dos altos mandos de la Marina, tan sólo se trata de la punta del iceberg de un problema que de no ponerle solución se corre el riesgo de dañar para siempre de esas instituciones ampliamente reconocidas y respetadas por el pueblo de México.

La corrupción se incrusta mas en los mandos militares castrenses, los han convertido en burócratas ricos y consentidos del régimen tal vez sólo comparados a sus homólogos de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, por mencionar algunos.

Y la historia reciente del Vicealmirante involucrado en investigaciones que partieron de los Estados Unidos y que obligaron al gobierno Mexicano a detenerlos es una clara muestra de lo anterior.

Y la muestra es la siguiente historia, que exhibe con crudeza la corrupción permeada en las fuerzas armadas:

En enero de 2024, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna iba vestido con su uniforme blanco de gala. “¿Protesta desempeñar, leal y patrióticamente, el cargo de comandante de la Décima Segunda Zona Naval, así como guardar y hacer guardar la Constitución política mexicana y las leyes que de ella emanen?”, le preguntaron en Puerto Vallarta (Jalisco). “¡Sí, protesto!“, contestó el marino. “Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande”. Este sábado se ha anunciado que Farías Laguna, un nombre que sonó como posible secretario de Marina, ha sido detenido, con al menos una decena más de funcionarios y empresarios, por formar parte de una red de contrabando de combustibles.

El arresto de Farías Laguna y sus cómplices se deriva del caso del barco Challenge Procyan, que puso el foco sobre el huachicol fiscal. A mediados de marzo este buque petrolero atracó en puerto de Tampico en Tamaulipas desde Texas (Estados Unidos). Su carga declarada era aditivos para aceites lubricantes, pero cuando sus bodegas fueron inspeccionadas por inconsistencias en la información fiscal, descubrieron que en realidad transportaban diésel. Tras este hallazgo, las autoridades catearon un predio cercano a la ciudad de Altamira, donde incautaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos. A finales de junio se anunció la detención de 11 personas en Saltillo, Coahuila, por tener vínculos con este decomiso, a los que habría que sumar los de este sábado.

El único otro nombre público es el de Francisco Javier Antonio Martínez, un ex alto funcionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico. Este ya había sido despedido por participar en estos esquemas de corrupción en aduanas que hacen pasar los combustibles por mercancías de menor valor para no pagar impuestos.

La detención de Farías Laguna es caza mayor. Él y su hermano Fernando, Contralmirante de la Marina son sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, cabeza de la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Hasta donde se sabe, Farías Laguna es el funcionario de mayor rango detenido en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum.
Nacido en Ensenada, Baja California, comenzó en 1992 sus estudios en la Escuela Naval Militar. Tras su graduación fue subiendo en el escalafón de la Secretaría de Marina: oficial subalterno, oficial de cargo, oficial de máquinas, segundo comandante, comandante de patrullas interceptoras… y tuvo cargos más políticos como ser secretario particular del almirante Ojeda Durán. Su ascenso en solo dos años de contraalmirante a vicealmirante, segundo peldaño en importancia en la Marina, levantó suspicacias entre sus compañeros, según reporta la prensa mexicana. En enero de 2025, fue relevado del cargo de comandante de la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta.

Sobre el papel, el currículo de Farías Laguna es modélico, con un ascenso vertiginoso en la institución. Incluso, según cuenta La Jornada, fue considerado como posible sucesor de su tío, el almirante Ojeda Durán. Pero la fama de chueco le perseguía a él y a su hermano desde hacía años, con varios señalamientos en prensa por encabezar una red de corrupción y tráfico de influencias dentro de la Secretaría de Marina. En la columna Los sobrinos consentidos de la Marina, el periodista Carlos Loret de Mola aseguraba que fuentes de la Secretaría denunciaban que los dos hermanos eran “los encargados de la toma de decisiones sobre el ejercicio del presupuesto”, y también metían mano “en los ascensos, promociones, agregadurías y comisiones”.

De acuerdo a su información, se servían de las adjudicaciones directas de contratos a empresas amigas para todo tipo de servicios de la institución, incluyendo los relacionados con el corredor industrial del Istmo de Tehuantepec. También se les acusó, a finales de 2024, de haber colocado a dos capitanes en el aeropuerto de Ciudad de México y, desde ahí, repetir el esquema de adjudicar los proyectos a contratistas cercanos.

Farías Laguna es un militar con el pecho lleno de medallas. Según una pequeña biografía publicada por la propia Secretaría de Marina, tiene las condecoraciones de Perseverancia de Sexta a Segunda clase, Condecoración por mérito especial, la Legión de Honor, el Sable de Mando, “así como diversas menciones honoríficas, por haber demostrado esmero y eficacia en los actos para coadyuvar y mejorar las coordinaciones de seguridad en las regiones del territorio nacional”. Ahora puede añadir una nueva distinción: la de ser el funcionario de más rango detenido durante la Administración de Sheinbaum.

Empero, más que Corruptelas realizadas al interior de la SEMAR, se convierten en la punta del iceberg en una mar contaminada y con un tufo a podrido que empezó a emanar Desde el sexenio pasado y que obliga a realizar un repaso de los escándalos de corrupción que florecen en la gran mayoría de las tareas asignadas a militares tanto de la Marina, Armada de México como de la SEDENA.

La corrupción en las fuerzas armadas mexicanas, fue impulsada por la militarización y la falta de rendición de cuentas, las cuales tiene consecuencias graves como el uso indebido de armas y equipo del ejército para fines criminales, el debilitamiento del estado de derecho, y violaciones a los derechos humanos.

Las causas incluyen la transferencia de funciones civiles al ejército, lo que aumenta su poder y presupuesto en opacidad, y la falta de supervisión civil, mismo que genera desequilibrios de poder y vulnera derechos ciudadanos.

Causas

Militarización y asignación de funciones civiles:

La delegación de tareas de seguridad pública y otras funciones civiles a las fuerzas armadas, que antes correspondían a autoridades civiles, ha incrementado su poder y presupuesto, operando en gran medida en la opacidad y con un alto riesgo de corrupción.
Falta de rendición de cuentas:

Las fuerzas armadas operan con escasa transparencia y sin una obligación real de rendir cuentas a la sociedad.

Empoderamiento Económico y Político:

El aumento de las funciones y del presupuesto de las fuerzas armadas les otorga un mayor poder económico y político, desequilibrando la relación con las instituciones civiles y vulnerando los principios de representación ciudadana.

Vulneración de la Separación de Poderes:

La creciente presencia de las fuerzas armadas en funciones constitucionales de autoridades electas democráticamente genera un desequilibrio en el poder entre el ejecutivo, legislativo y militar.

Consecuencias

Uso de recursos militares para fines delictivos:

Se ha evidenciado la venta de armas, equipo táctico y granadas del propio ejército a células del crimen organizado, así como la filtración de información sobre operativos y movilidad de las fuerzas armadas.

Violaciones a Derechos Humanos:

La militarización ha estado ligada a numerosas violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones, tortura y abusos sexuales contra la población.

Debilitamiento del Estado de Derecho:

La corrupción y la impunidad socavan el estado de derecho y generan un espiral de daños que puede afectar procesos electorales, la libertad de expresión y la confianza en las instituciones.

Aumento del Poder y la Opacidad de las Fuerzas Armadas:

Se incrementa el poder de las fuerzas armadas y su presencia en la toma de decisiones, mientras se mantiene el riesgo de corrupción por la falta de supervisión civil y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Con todas estas prendas y privilegios otorgados por la 4T, el peligro de que los militares ejecuten golpes de Estado se ha reducido y sumado al establecimiento de procesos de democratización y el desarrollo de mecanismos de control civil.

Sin embargo, esto no significa que las relaciones cívico-militares estén consolidadas. Como advertía Casas Zamora, “la mera ausencia de golpes de Estado no agota ni resuelve el problema de la influencia militar en los regímenes democráticos”.

En particular, en México ha habido una creciente amenaza al control civil derivado de la disminución de los límites a las funciones de las fuerzas armadas.

La delegación de funciones civiles a los militares se ha visto como una solución sencilla y a distintos problemas públicos, pero se han ignorado los peligros.

En particular, la administración emnada del morenismo y sus partidos afines ha argumentado que es una medida contra la corrupción.
Incluso, el mismo secretario de la Marina ha llegado a declarar que “México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos este problema de una alta corrupción”.

Esto para justificar la creciente participación de las fuerzas armadas en tareas civiles.

Aunque se les ha olvidado el crecimiento exponencial de la corrupción al interior de su propia secretaria.

De esta manera, se ha registrado una transferencia de las tareas civiles a la jurisdicción militar.

De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, entre 2007 al 2021, el Ejército y la Marina acumularon 246 funciones que, pese a no estar relacionadas con la disciplina militar, les fueron asignadas. Entre éstas, destacan tareas de seguridad pública, obra, protección ambiental, política social, protección civil, migración, entre otras.

En consecuencia, el presupuesto ejercido de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) ha aumentado 44% en términos reales entre 2013 y 2021.

Incluso, si lo vemos como porcentaje del presupuesto federal, pasó del 2% al 2.7% en términos reales.

En el Ejército siempre ha habido corrupción. Poca, más o menos, o la misma que en la vida pública, no lo sabemos a ciencia cierta, porque lo que existía con las Fuerzas Armadas era una especie de pacto de impunidad no escrito donde ellos recibían un presupuesto anual que nadie cuestionaba y del que nadie pedía cuentas a cambio de que no se metieran en política. Cuando Felipe Calderón los involucra en la guerra al narco aparecen los primeros escándalos de compras a sobre precio, sin embargo, el pacto esencial de no meterse con los dineros del Ejército y la Marina continuó.

El pretexto de la seguridad nacional les vino perfecto para no rendir cuentas.

La única forma de regresar al Ejército a los cuarteles será pidiéndoles cuentas sobre el presupuesto ejercido.

En los reportajes sobre la red de proveeduría de balastro para el Tren Maya el objetivo de la investigación es la corrupción en el primer círculo del presidente, el daño al Ejército es colateral. Sin embargo, así como existe la cadena de mando también hay una cadena de corrupción.

A diferencia de los mandos civiles en el Ejército el superior es responsable sea por permitir, sea por no enterarse.

En el caso del Tren Maya y el círculo cercano a los hijos del presidente, según nos enteramos por las grabaciones de Latinus, los negocios se pactan arriba, con el general Vallejo y se operan abajo, con el teniente coronel Martínez Beltrán encargado de uno de los frentes del tramo cinco y con el Mayor Edmundo Mayorga, encargado de proveeduría, por citar algunos ejemplos.

Al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, no le hizo mella alguna que aparezcan sus hijos, un amigo de sus hijos, sus sobrinos y los militares coludidos en una red de corrupción.

Su “halo de honestidad” le alcanzó todavía para cubrir y proteger a la familia y a sus aliados del Ejército.

Los principios y valores éticos de militares y policías adquiridos en su formación, se perdieron. AMLO los corrompió para destruirlos o cuando menos someterlos a los intereses de su movimiento de totalitarismo en un país agobiado por la corrupción.

Sumado a ello una de las causas, motivos y razón del origen del imparable crecimiento de la inseguridad y violencia en México es la prostitución de las fuerzas armadas sumada al de las policías.

La corrupción, complicidad y traición de militares y policías con el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico, es uno de los principales detonantes de la violencia.

La creciente espiral de inseguridad y violencia, se agrava exponencialmente por la escandalosa corrupción, complicidad y traición de gobernantes, políticos, funcionarios y ahora de altos jefes militares.

Los principios y valores éticos de los cuerpos castrenses adquiridos en su formación, se perdieron en su funcionamiento y operación.
Andrés Manuel López Obrador los corrompió para destruirlos.

Hasta ahora la corrupción, complicidad y traición de militares y policías, es un factor poco observado que contribuye a explicar el germen de la creciente inseguridad y violencia en el país.

Educado integralmente en las viejas y sabias instituciones nacionales jesuitas y patriotas, es lamentable y doloroso reconocer que atrás quedaron los principios de Honor, Lealtad, Valor.

Formados en el Honor, Lealtad y profundo respeto a Dios y la Patria, dispuesto a matar y morir, aprendimos que el único límite es el Cielo, al nacer a la eternidad en el cumplimiento del deber.

Para mal de nosotros los mexicanos, la 4T contaminó a lo poco honesto que nos quedaba de nuestras instituciones; nuestras gloriosas fuerzas armadas.

 

 

 

Con Datos del Sistema de Notícias CAMBIO 22/Sin Embargo/El País/Latinus

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AFC/RCM