Presunto Desvío de Más de 300 MDP Vincula al Exgobernador Carlos Joaquín con “Vuelos Fantasma” y Facturas Clonadas en Quintana Roo

• Facturas idénticas por 2.03 mdp mensuales en 2022 evidencian un esquema de corrupción con la empresa Arrendamiento y Transporte Turístico S.A. de C.V.

• Exfuncionarios como Yohanet Torres y Manuel Alamilla habrían encubierto pagos millonarios sin comprobación; llaman a reabrir las cuentas públicas del sexenio.

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 5 de septiembre.- Un nuevo escándalo financiero estremece al ámbito político mexicano, el ex gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González actual embajador de México en Canadá se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse un presunto esquema de corrupción con el que habría desviado más de 300 millones de pesos de recursos públicos durante los últimos años de su administración, según relevó el sitio de noticias digitales TVO.

El epicentro de la trama es la empresa Arrendamiento y Transporte Turístico S.A. de C.V., que según investigaciones fue utilizada como vehículo para facturar, mes a mes, sumas exorbitantes que superaban los 20 millones de pesos anuales en concepto de servicios de transporte aéreo.

A lo largo del sexenio de Joaquín González (2016-2022), las facturas pagadas a dicha compañía ascienden a una cifra escandalosa que rebasa los 300 millones de pesos, fondos presuntamente extraídos de las arcas públicas de Quintana Roo, este monto incluso supera los ya excesivos gastos de su antecesor Roberto Borge, cuyo gobierno destinó alrededor de 20 millones de pesos mensuales al alquiler de aviones privados.

Lo que más inquieta es la manera en que se justificaron estos pagos, las facturas supuestamente respaldadas por bitácoras de vuelo presentan irregularidades alarmantes, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, todas las bitácoras de 2022 muestran rutas y horarios idénticos mes con mes, y más sospechoso aún, cada una reporta un monto fijo e invariable de $2,030,000 pesos, este patrón calcado en los registros levanta serias dudas sobre la legitimidad de los servicios y apunta a un posible esquema de facturación falsa diseñado para encubrir el desvío de recursos.

No es la primera señal de irregularidad en estos contratos, la Auditoría Superior del Estado detectó desde 2017 falta de documentación justificativa que evidenciara la prestación real de los servicios facturados a Arrendamiento y Transporte Turístico S.A. de C.V., como itinerarios de vuelo u oficios de comisión, en otras palabras, ya entonces se pagaron vuelos sin comprobar debidamente su realización, estos hallazgos sugieren un modus operandi sistemático de pagos millonarios sin sustento real, lo que encaja con el esquema de “vuelos fantasma” que ahora se denuncia.

Las bitácoras clonadas involucran directamente a dos figuras clave del antiguo gobierno joaquinista, Yohanet Torres Muñoz ex diputada local y ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), y Manuel Alamilla Ceballos, ex Oficial Mayor de la administración estatal, ambos ex funcionarios habrían estado al tanto, por sus cargos, de estos servicios de transporte aéreo supuestamente contratados.

Cabe recordar que Torres Muñoz fue pieza central en el manejo de las finanzas estatales durante el sexenio de Joaquín, periodo en el que se ocultó la magnitud de la deuda pública real y se heredó un adeudo histórico de más de 7,300 millones de pesos a proveedores, contratistas e instituciones, por su parte, Alamilla Ceballos también ha estado bajo escrutinio, durante su gestión, la Oficialía Mayor otorgó múltiples contratos opacos, incluyendo más de 6.3 millones de pesos pagados a personas por supuestos servicios de “gestión y apoyo en las audiencias del Gobernador” sin claridad ni comprobación efectiva de dichos trabajos, estos antecedentes refuerzan las sospechas de complicidad o, en el mejor de los casos, una grave negligencia de quienes debían vigilar el correcto uso del dinero público.

Otros contratos igualmente sospechosos por presuntos desvíos han sido denunciados, revelando cifras exorbitantes que refuerzan la red de corrupción del sexenio de Carlos Joaquín, entre 2017 y 2019, la SEFIPLAN destinó 142 millones de pesos a RP Servicios y Capital Humano S.A. de C.V., una empresa creada en 2015 sin experiencia previa, bajo el argumento de gestionar devoluciones del ISR. Dicho trámite, cabe subrayar, es un procedimiento que el gobierno federal realiza de manera gratuita y sin necesidad de intermediarios.

La firma cobró 10.8 millones en 2017, 77.6 millones en 2018 y 53.6 millones en 2019, para un total desproporcionado, Yohanet Torres Muñoz, entonces titular de Sefiplan, firmó los contratos, junto con otros funcionarios locales, la situación encaja con el patrón, empresas sin trayectoria, servicios intangibles cuestionables y desembolsos opacos que solo alimentan el robo organizado al estado.

Los datos presentados en el reportaje de TVO, no sólo exponen un desfalco de más de 300 millones de pesos de las arcas estatales, sino que señalan un esquema descarado de corrupción, la evidencia es contundente, se emitieron facturas fraudulentas, se saquearon recursos públicos que pertenecen a los ciudadanos, y quienes debían proteger el patrimonio del estado fallaron en su deber, este no es un caso menor de malversación; es un robo a gran escala perpetrado contra cada habitante de Quintana Roo.

La primera acción para corregir este agravio es clara y urgente, los diputados del estado deben reabrir las cuentas públicas del sexenio de Carlos Joaquín, no hacerlo sería perpetuar una complicidad inaceptable con los responsables.

Una revisión exhaustiva de esas cuentas incluyendo cada contrato y factura sospechosa no es negociable; es el primer paso para desentrañar el modus operandi de este despojo y llevar a los culpables ante la justicia.

Por lo pronto, la Secretaría de la Contraloría estatal ha adelantado que investigará a ex colaboradores cercanos al gobierno anterior, aunque la gobernadora Mara Lezama ha señalado no tener (hasta ahora) conocimiento de denuncias formales contra el exmandatario.

Este es apenas el comienzo de una amplia investigación periodística que pone bajo la lupa el uso de los recursos públicos en la pasada administración, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo que durante 2022 dejó archivado el 80% de las denuncias ciudadanas por corrupción, sin ejercicio de la acción penal ahora tiene en sus manos elementos suficientes para actuar de inmediato.

La expectativa de la ciudadanía es que esta vez no haya impunidad, que se finquen responsabilidades, se castigue a los autores de este atraco al erario y se siente un precedente contundente contra la corrupción en el estado, las próximas semanas serán decisivas para saber si las autoridades responden a la gravedad de estas revelaciones o si, por el contrario, prevalecerá el silencio cómplice que permitiría que este escándalo financiero quede en el olvido.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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