Redacción / CAMBIO 22

José María Morelos, 5 de septiembre. –  Lo ocurrido en el ejido Kilómetro 50 con la representante de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, Linda Cobos Castro, es más que un episodio aislado de maltrato: es la muestra clara de cómo algunos políticos reciclados en cargos públicos creen que pueden imponer su voluntad con soberbia y desprecio hacia la gente.

Ex diputada en la XVI Legislatura, Cobos Castro fue señalada por Eliodoro Mex Collí y otros productores mayas de haberlos expulsado de su oficina con insultos, portazos y una actitud que ellos califican como “odiosa” y “radical”. La reunión, que debía servir para explicar un proyecto agrario de beneficio colectivo, se convirtió en un espectáculo vergonzoso de autoritarismo y exclusión.

Lo verdaderamente alarmante es que la funcionaria decidió cerrarles la puerta en la cara a quienes tienen la primera voz en cualquier decisión: los ejidatarios. Con un discurso cargado de arrogancia, los dejó fuera del diálogo, como si los dueños de la tierra fueran simples estorbos en un plan que –según ellos– ni siquiera se explicó con transparencia.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede alguien que representa a la Procuraduría Agraria, una institución creada precisamente para proteger los derechos de los campesinos, comportarse con tal desprecio hacia los pueblos indígenas? En lugar de mediar, escuchar y construir acuerdos, Cobos Castro eligió la ruta del despotismo y el desprecio.

Para los campesinos, la incongruencia es evidente. Apenas hace unos días, Cobos Castro visitó José María Morelos y, al percatarse de la presencia de cámaras, se mostró sonriente, amable y hasta cercana con la gente. Sin embargo, detrás de las puertas de su oficina, el trato fue totalmente distinto: un rostro amable para la foto y otro autoritario para quienes buscan soluciones reales.

En José María Morelos, corazón de la península maya, los campesinos no olvidan ni perdonan fácilmente. La Procuraduría Agraria debería ser un puente entre las comunidades y el Estado, pero con la actual representante se ha convertido en un muro de arrogancia. Si la Cuarta Transformación presume respeto e inclusión, mantener a Cobos Castro en ese cargo es, simple y llanamente, una contradicción.

El llamado ahora es urgente y directo: el delegado nacional de la Procuraduría Agraria y la propia gobernadora Mara Lezama deben revisar con lupa la conducta de su representante en Quintana Roo. No se puede tolerar que, en pleno 2025, un cargo público sea ocupado por alguien que humilla a campesinos mayas, que desconoce la historia de la tierra que pisan y que actúa con la misma prepotencia de quienes durante décadas han visto a los ejidatarios como ciudadanos de segunda.

La tierra maya merece respeto. Los campesinos merecen dignidad. Y Quintana Roo merece funcionarios capaces, no políticos reciclados que confunden servicio público con ejercicio de poder.

 

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

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