Colectivos de Derechos Humanos Exigen Justicia en Caso de Abuso Sexual contra Menor en Cozumel

• Entre las exigencias destacan la aplicación de la pena máxima al agresor, la investigación sobre la posible existencia de otras menores dentro de las instalaciones militares, el cese del hostigamiento hacia la familia, la destitución de funcionarios que manipularon el caso y una disculpa pública del alcalde de Cozumel.

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 4 de septiembre. – Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos feministas emitieron un posicionamiento público tras el caso de una niña de 9 años víctima de abuso sexual dentro de instalaciones militares en Cozumel, ocurrido el pasado 30 de agosto. En el comunicado, dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, las agrupaciones exigieron justicia para la menor y su familia, así como el fin de los intentos de encubrimiento institucional.

El documento señala como presunto responsable al militar en activo Jairo N., quien habría ingresado a la base acompañado de la menor, con autorización del personal de guardia. Para las organizaciones firmantes, este hecho revela una responsabilidad institucional de la SEDENA, por lo que solicitaron que el proceso se lleve en jurisdicción civil y con transparencia, evitando privilegios castrenses.

Los colectivos también denunciaron la revictimización hacia la familia de la menor, pues aseguran que la Fiscalía General del Estado intentó minimizar los hechos y que incluso se les hizo firmar declaraciones falsas. Asimismo, reprobaron las declaraciones del presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, quien responsabilizó a los padres del ataque, lo que consideraron contrario a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Entre las exigencias destacan la aplicación de la pena máxima al agresor, la investigación sobre la posible existencia de otras menores dentro de las instalaciones militares, el cese del hostigamiento hacia la familia, la destitución de funcionarios que manipularon el caso y una disculpa pública del alcalde de Cozumel. El comunicado concluye señalando que la justicia para las niñas debe estar por encima de cualquier interés político o institucional, reafirmando que “la vida y seguridad de la niñez no pueden estar subordinadas a la protección de estructuras de poder”.

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