Crece la Indignación en Contra del Alcalde de Cozumel por su Insensibilidad por Caso de la Niña Violada

Redacción / CAMBIO 22

El presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón Méndez de Morena, desató la indignación ciudadana tras declarar que la agresión sexual sufrida por una niña de 9 años, presuntamente a manos de un militar, fue responsabilidad de sus padres “por dejar sola a la niña, en sábado, de noche y cuando la gente tomó sus tragos”. El edil incluso sostuvo que se trató de “un gran susto” y no de una violación consumada.

Las palabras del alcalde encendieron las redes sociales y fueron consideradas como un intento de minimizar la gravedad del caso y generaron la inmediata respuesta de madres y padres de familia de la isla, quienes salieron a marchar en protesta.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo informó en su cuenta de X, que su administración ha dado puntual seguimiento al caso. Detalló que, gracias a las investigaciones y al trabajo coordinado con las autoridades militares, el presunto responsable fue detenido horas después de los hechos y se le cumplimentó una orden de aprehensión por abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones.

Agregó que el próximo 7 de septiembre, un juez de Control de Cozumel definirá la situación jurídica del detenido y confió en que será vinculado a proceso por los delitos que se le imputan. La mandataria subrayó que en su gobierno no habrá impunidad ni tolerancia frente a ningún acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y reiteró que la protección de la niñez es y será siempre una prioridad para Quintana Roo.

La voz de la madre: irregularidades y omisiones

Eslinagai Cruz, madre de la víctima, desmintió la versión oficial que dio el alcalde y aseguró que su hija no estaba sola en la calle. “Eso es falso. Yo estaba trabajando cerca de mi hija, la tenía vigilada con un celular y GPS. Gracias a ese rastreo logré localizarla después del ataque”, explicó.

La mujer denunció además que en la Fiscalía fue obligada a firmar una declaración “acomodada”, en la que se asegura que la menor conocía a su agresor, lo cual —asegura— no corresponde a la verdad.

También cuestionó la atención médica recibida: “Mi hija no recibió la atención ginecológica adecuada ni las radiografías que necesitaba después de ser arrojada de una motocicleta en movimiento”, señaló.

Eslinagai Cruz, enfatizó que su hija fue localizada gracias al apoyo de la ciudadanía y no por la actuación inmediata de las autoridades. Incluso acusó a elementos militares de haber intentado llevarse nuevamente a la menor tras ser rescatada.

Abuso dentro del cuartel

El pasado sábado, la isla de Cozumel se estremeció con la denuncia de que una niña de 9 años fue agredida sexualmente dentro de la Guarnición Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El señalamiento involucra a un elemento castrense que ya ha sido detenido y ha encendido las alarmas sobre el manejo del caso y la actuación de las autoridades.

El General Brigadier Armando Toscano Yáñez, comandante de la Guarnición Militar, prometió una investigación “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer lo sucedido, mientras la Fiscalía estatal asegura que mantiene abiertas las indagatorias.

Indignación en las calles

La respuesta ciudadana no se hizo esperar. La misma tarde del sábado, cerca de 500 personas marcharon hacia las instalaciones militares en una protesta que comenzó pacífica, pero que pronto se tornó violenta. Los manifestantes lanzaron piedras, palos y bombas molotov contra la caseta de vigilancia.

En medio de los disturbios, se escucharon detonaciones de arma de fuego, presuntamente disparos al aire de soldados para dispersar a la multitud. Una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital.

La indignación también alcanzó las oficinas de la Fiscalía General del Estado en la isla, que fueron atacadas y dañadas junto a otros inmuebles cercanos. Para las familias de Cozumel, lo que está en juego no es solo justicia para la niña, sino también la confianza en las instituciones que deberían proteger a la niñez y a la comunidad.

Contexto: Esta información es importante porque expone una grave violación a los derechos de la infancia dentro de un espacio militar que debería representar seguridad, y porque pone en evidencia las respuestas insensibles y negligentes de las autoridades locales. El caso no solo refleja la vulnerabilidad de niñas y niños en contextos de pobreza y violencia, sino también la revictimización a través de discursos oficiales que responsabilizan a las familias. La indignación social y las protestas muestran una ruptura profunda en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de proteger a la población y de garantizar justicia.