Pobreza: Buenas Noticias con Pendientes

Luis Arriaga / CAMBIO 22

Las cifras más recientes del INEGI confirman un logro: la pobreza en México se redujo significativamente. Entre 2018 y 2024, más de 13 millones de personas dejaron atrás esta condición, por lo que se registraron los niveles más bajos en al menos cuatro décadas. La pobreza extrema también mostró una disminución significativa. En 13 entidades del país, las tasas actuales son inferiores al 2%, algo que equivale a una casi erradicación.

Se trata de un progreso innegable, que demuestra que es posible aplicar políticas públicas capaces de atender a las poblaciones excluidas y reducir la desigualdad. En particular, los resultados evidencian la importancia de mantener una política laboral y salarial que cubra las necesidades básicas. Esto se refleja en el aumento del ingreso laboral, que creció 22% en términos reales gracias al alza sustantiva del salario mínimo. A ello se suma el flujo de remesas, hoy amenazado por el nuevo contexto político global.

No obstante, resulta preocupante que el clima de polarización política impida reconocer este avance, pues así se pierde el terreno común del interés público, ese espacio en el que podemos encontrarnos y reconocernos. En efecto, la reducción de la pobreza es una excelente noticia, pero no se debe ocultar que persisten graves carencias. Y es que ésta, más allá de ser la ausencia de disponibilidad de dinero, es la muestra de derechos que aún no están garantizados: igualdad de género, justicia efectiva y acceso universal a la conectividad. A lo anterior se incorporan derechos fundamentales, como transporte digno, participación ciudadana, acceso a la vida cultural y entorno ambiental saludable. Por ello, vale la pena alegrarse ante las palabras del último informe de la presidenta, que han puesto énfasis en una dimensión más integral del bienestar.

La Universidad Iberoamericana ha reconocido los avances, al tiempo que ha señalado con rigor los pendientes de la política social. La semana pasada, de hecho, el Consorcio por la Medición y la Evidencia —integrado por organizaciones civiles, centros de investigación y la IBERO a través del EQUIDE—, pidió al INEGI un diálogo técnico que garantice mediciones de pobreza transparentes y comparables en el tiempo. Aunque se reconoció una reducción de la pobreza multidimensional, también se alertó sobre rezagos graves en salud, agua y educación. De igual forma, se destacó que sin continuidad metodológica se pierde la brújula para evaluar políticas.

Y es que reconocer un logro no significa omitir los retrocesos. Hay políticas que han sido lesivas para los derechos humanos: el debilitamiento del sistema de salud, el ataque a la independencia judicial, la militarización de la seguridad pública o la desatención a las víctimas de la violencia. Ninguna de ellas fue necesaria para reducir la precariedad.

Por todo esto, es indispensable un cambio de enfoque. La política social no puede descansar casi exclusivamente en transferencias monetarias. A pesar de que el presupuesto para apoyos creció casi tres veces durante los últimos seis años, su efecto sobre la pobreza extrema ha sido limitado. El Estado debe asegurar un piso universal de derechos, accesible a todas las personas sin excepción.

Asegurar la calidad de la educación y ampliar los servicios de cuidado permitirá la incorporación de más mujeres a la economía. Los jóvenes que no acceden a la universidad necesitan opciones reales de empleo digno. Y la seguridad social debe dejar de ser un privilegio vinculado a la formalidad laboral para convertirse en un derecho garantizado. La gran deuda sigue siendo la seguridad ciudadana, hoy muy golpeada por la expansión del crimen organizado y la impunidad persistente.

El sector productivo también tiene una responsabilidad fundamental en la superación estructural de la pobreza. No será posible erradicarla de forma sostenible sin la creación de empleos estables y bien remunerados, en el marco de una economía incluyente, que promueva la dignidad del trabajo, la libertad sindical y respete meticulosamente la normativa laboral.

También es necesario fortalecer el sistema de evaluación de la política social. Celebramos que el INEGI haya emprendido este primer ejercicio con seriedad y solvencia tras la desaparición del CONEVAL. Pero también es crucial que el Instituto mantenga su independencia técnica y su compromiso con el interés público, incluso cuando los resultados no favorezcan al gobierno en turno. Sin datos fiables, no hay diagnóstico ni debate serio posible.

En suma, aplaudamos la reducción de la pobreza en nuestro país. Al mismo tiempo, no renunciemos a señalar los pendientes. Quienes contribuimos al interés público desde espacios universitarios tenemos la responsabilidad de mirar la realidad en toda su complejidad. En la Ibero —depositarios de una tradición basada en el discernimiento—, continuaremos aportando al debate público desde la razón crítica, el respeto y el compromiso con la justicia social.

Fuente: El Universal

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