Agenda Política Nacional de la 4T Deja Fuera la Búsqueda de Personas Desaparecidas

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Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO 22

Mientras la agenda política nacional prioriza los escándalos de corrupción, privilegios y lujos de integrantes de la 4T, la cuestionada llegada de nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como las acciones emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de los carteles del narcotráfico en México ante una tímida defensa discusiva de la soberanía nacional del gobierno federal, el pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

De acuerdo al portal oficial de la ONU, el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido

Dicha resolución contempla la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.

El Estado mexicano, a regañadientes ha dado pasos temblorosos para que dicha fecha se institucionalice en el país, aunque sea de manera simbólica, porque ni las políticas públicas, ni los presupuestos son acordes a la realidad que se ha convertido en una crisis humanitaria por la desaparición de personas a lo largo y ancho del país.

Con motivo de la conmemoración de esta fecha, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), alentó a las autoridades a consolidar una política judicial centrada en las víctimas, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, y tomando debida consideración las recomendaciones en la materia emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Lo anterior incluye eliminar obstáculos procesales que dificultan el acceso a la justicia, ampliar el alcance del “amparo buscador” y fortalecer la supervisión judicial de las investigaciones y las detenciones.

La ONU-DH señala la importancia de que los procesos de capacitación al personal judicial en materia de desaparición de personas incorporen un enfoque diferenciado que atienda las dimensiones de género, interseccional e intercultural.

Por su parte, Amnistía Internacional México advirtió sobre la violencia que enfrentan las madres buscadoras en México, mujeres que, ante la omisión de las autoridades, han asumido el papel de rastrear fosas, remover tierra y exigir justicia para sus seres queridos desaparecidos.

Dicho organización internacional, lanzó una petición nacional para exigir protección a las integrantes de más de 230 colectivos que operan en todo el país y presentó un mapa interactivo que detalla los distintos tipos de agresiones que sufren estas mujeres, incluidas las de Quintana Roo.

Con testimonios de unas 600 personas buscadoras en México, se integró el informe “Desaparecer otra vez”, por medio del cual se documenta que estas mujeres no solo cargan con el dolor de la desaparición, sino que además padecen amenazas, extorsiones, acoso, discriminación y violencia institucional, derivadas de un sistema que las revictimiza en lugar de protegerlas.

Fueron entrevistadas cinco madres buscadoras en Quintana Roo, mismas que narraron situaciones alarmantes: tres de ellas dijeron haber recibido amenazas escritas o verbales, tres denunciaron ataques en redes sociales que buscan desacreditar su labor y otras tres aseguraron haber sido víctimas de extorsión, de las cuales dos señalaron directamente a la corrupción de autoridades.

Como lo publicó Cambio 22, durante la investigación de Amnistía Internacional, dos madres reportaron acoso de funcionarios públicos, una habló de discriminación, dos de revictimización en instituciones oficiales y una más de un tipo de violencia no especificado. Estos testimonios confirman que la lucha por encontrar a los desaparecidos en Quintana Roo se libra en condiciones de riesgo extremo. En lugar de contar con respaldo institucional, las buscadoras enfrentan obstáculos y hostigamiento, lo que agrava aún más la crisis humanitaria de desapariciones en el país.

Por otra parte, se ha documentado también que el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, liderado por María Dolores Patrón Pat, ha continuado su lucha por la justicia y la localización de sus hijos desaparecidos, con manifestaciones recientes contra la corrupción en el Poder Judicial local.

En junio de 2025, el grupo denunció públicamente la corrupción estructural en el sistema judicial, señalando a once jueces con denuncias activas por favorecer a agresores y retrasar procesos clave como desapariciones y abuso infantil, y acusó a algunos de estos jueces de estar involucrados en prácticas de compra de votos durante las elecciones del Poder Judicial.
El 1 de junio de 2025, integrantes del colectivo realizaron una marcha pacífica desde el Congreso de Quintana Roo hacia el Poder Judicial en Chetumal, exigiendo que los jueces con denuncias activas no participaran en el proceso electoral.

Patrón Pat afirmó que estos jueces, a pesar de sus irregularidades, fueron incluidos estratégicamente en las listas de candidatos, y acusó a las autoridades de no actuar para removerlos, apesar de una denuncia formal presentada ante el Congreso local.

En 2024, el grupo protestó por la falta de avances en la investigación de casos como el de William Hernández, desaparecido en 2017, y exigieron que el único detenido revelara el paradero del joven. En 2023, el colectivo también se unió a protestas contra la reducción del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

El riesgo extremo con que mujeres y hombres buscan con sus propias uñas a sus seres queridos, quedó demostrado el pasado fin de semana cuando se dio a conocer el asesinato de una madre buscadora más.

Medios de comunicación nacionales como El Financiero dieron a conocer la indignante noticias.

Aida Karina Juárez Jacobo, madre buscadora, fue hallada sin vida en Zacatecas, residía en San Luis Potosí. El asesinato de Karina Juárez, quien buscaba a su hija desaparecida Goretty Guadalupe, se suma a una lista de activistas asesinados en 2025, el año más mortal para madres y padres buscadores.

La titular de la Fiscalía General del Estado de SLP, María García Cázares, confirmó el 1 de septiembre que el cuerpo hallado en Villa de Ramos, sí era de la buscadora. La identificación fue confirmada por un hijo y un hermano de la madre buscadora en el Servicio Médico Legal de San Luis Potosí.

Karina Juárez fue secuestrada el 26 de agosto, mientras que su cuerpo fue hallado sin vida el día 28 en Villa de Ramos, municipio limítrofe con Zacatecas.

De acuerdo a la organización Artículo 19, del año 2010 a la fecha, se han documentado 36 asesinatos y desapariciones de madres buscadoras.

Mientras que durante lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Partdo, de octubre de 2024, se han registrado 10 casos de asesinatos de personas buscadoras. Enseguida enumero, algunos casos:

Sofía Raygoza, febrero de 2025 en Zacatecas.
Teresa González, abril de 2025 en Jalisco.
María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, abril de 2025, Jalisco.
Magdaleno Pérez Santes, marzo de 2025 en Veracruz.
Roberto Hernández, agosto de 2025 en el Estado de México.