Parque del Jaguar, un Despojo de Bienes Nacionales al Pueblo de México
2 Sep. 2025
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Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 y otros vinculados dice que los bienes de la nación, entre ellos las playas, son propiedad del pueblo de México, por lo que históricamente el acceso a las playas ha sido libre para toda la población mexicana, hasta que llegaron las empresas transnacionales a instalar hoteles y otros servicios turísticos y se apropiaron de muchas playas, pero aún había varias en Quintana Roo para que todas las personas las pudieran usar.
Sin embargo, un proyecto del gobierno federal conocido como Parque del Jaguar privó de esa posibilidad a los pobladores y turistas de Tulum. Aquí la historia.
El conflicto se originó en 2022, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para crear un Área Natural Protegida (ANP) de 2,249 hectáreas destinada a la conservación del jaguar, que posteriormente se integró al Parque Nacional Tulum y la zona arqueológica bajo el proyecto denominado “Parque Jaguar”.

La administración de este parque fue entregada a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a través de la empresa pública Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSAOMM), conocida como Mundo Maya.
Desde su apertura en 2024, se implementaron cobros múltiples para acceder a las playas y la zona arqueológica: uno por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), otro por el Parque del Jaguar (195 pesos para nacionales, 295 para extranjeros) y un tercero del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Estos cobros generaron múltiples protestas desde finales de 2024, con bloqueos en la carretera federal y exigencias de acceso libre, basadas en la Ley General de Bienes Nacionales, que garantiza el acceso público a las playas.
En diciembre de 2024, un grupo de al menos 200 personas, incluyendo residentes locales y extranjeros, se manifestó en Tulum para protestar contra el cobro de acceso a playas públicas. Los manifestantes exigieron el acceso libre y gratuito a las playas, argumentando que este derecho está garantizado por la Constitución Mexicana y la Ley General de Bienes Nacionales. Aunque las autoridades municipales anunciaron que los residentes mexicanos podrían ingresar mostrando su credencial de elector (INE), esta medida fue criticada como discriminatoria, ya que excluye a los residentes extranjeros y no resuelve la demanda general de acceso gratuito para todos.
Las playas de Santa Fe, Paraíso y Las Palmas, dentro del Parque Nacional Jaguar, comenzaron a cobrar entradas con tarifas que varían según el tipo de visitante: 255 pesos para turistas nacionales, 355 pesos para extranjeros, 105 pesos para residentes de Quintana Roo y personal militar, y 31 pesos para docentes y estudiantes.
Los manifestantes bloquearon la avenida Tulum con Cobá durante más de dos horas, cerraron con un círculo agarrados de la mano y marcharon hacia las oficinas de Conanp para entregar una minuta con sus peticiones.

Se entregaron cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la PROFEPA, exigiendo la eliminación de las tarifas obligatorias y el cumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales, que garantiza el acceso libre a las playas.
Aunque se anunció que los residentes mexicanos podrían ingresar con su INE, los manifestantes consideraron esta medida insuficiente y discriminatoria, ya que no beneficia a los residentes extranjeros ni garantiza el acceso libre para todos.
En mayo de 2025, se convocó otra manifestación bajo el lema “Las playas son un bien nacional, no un negocio”, denunciando privatización de facto y abusos por parte de GAFSAOMM.
A partir del 10 de agosto de 2025, se implementó la venta conjunta de boletos para el Parque Jaguar, el Parque Nacional Tulum y la zona arqueológica, obligando a los visitantes a pagar todos los accesos incluso si solo deseaban ingresar a uno de los sitios, lo que también generó protestas de trabajadores del INAH.
El 28 de agosto de 2025, Mundo Maya anunció que el acceso al Parque del Jaguar sería gratuito a partir del 31 de agosto, intentando prevenir el bloqueo convocado para ese día, pero los manifestantes consideraron insuficiente la medida y procedieron con la protesta.

Este domingo cientos de manifestantes realizaron un bloqueo de más de 11 horas de la Carretera Federal 307, lo que provocó que turistas perdieran sus vuelos al no poder llegar al Aeropuerto Internacional ubicado en el municipio aledaño de Felipe Carrillo Puerto y el de Cancún.
La inconformidad creció luego que el gobierno federal decidió permitir la entrada sin costo un día a la semana, lo que prestadores de servicios turísticos y pobladores consideran una burla, ya que las playas son públicas y de acceso libre para toda la población mexicana.
Una de las quejas más recurrentes es en contra del personal militar que es el responsable de operar el parque, ya que con malos tratos y falta de respeto impiden que las personas que logran llegar hasta el Parque del Jaguar ingresen con alimentos y bebidas, con la finalidad que consuman en los restaurantes concesionados por la Secretaría de la Defensa Nacional y que tienen precios sumamente elevados.
Los manifestantes también cuestionan al presidente municipal Diego Castañón Trejo, quien desde que inició el proyecto del Parque del Jaguar, no apoyó a la ciudadanía en las demandas planteadas y se tomara en cuenta la participación Ciudadana, pero ahora que quiere ser diputado federal pretende sumarse al movimiento popular desvirtuando sus causas legitimas.
El 1 de septiembre, tras la movilización, la ciudadanía logró un acuerdo que garantiza el acceso gratuito por Playa Mangle, y se convocó a una nueva reunión para el 5 de septiembre con autoridades del Parque del Jaguar para avanzar en otros acuerdos.
Las movilizaciones ciudadanas en Tulum es un ejemplo que la participación ciudadana, libre de intereses partidistas, puede conseguir logros colectivos demostrando que los proyectos gubernamentales hechos desde la comodidad de una oficina para cumplir ocurrencias, solo afectan los intereses del pueblo de México.
KXL/RCM




















