La dependencia que encabeza Alicia Bárcena cedió ante los activistas, pese a que estos ya habían perdido un juicio de fondo ante un juzgado federal de Quintana Roo y en la revisión de un Tribunal Colegiado en Veracruz (amparo indirecto 62/2022 y amparo en revisión 573/2023), donde no pudieron acreditar su interés jurídico ni la existencia de dicho “arrecife”.
A pesar de que los activistas iniciaron su campaña de oposición a Muelles del Caribe en 2022, apenas hace tres meses aparecieron otros opositores: los legisladores del Partido Verde, Karen Castrejón, Carlos Puente y Renán Sánchez Tajonar, quienes rechazaron el desarrollo e incluso afirmaron que no existían permisos.
La oposición también proviene de la empresa Sand Dollar Sports, que opera en la playa Villablanca, nombre que se otorgó al supuesto “arrecife”, en realidad unas estructuras metálicas corroídas y plantas mal logradas, a partir de las cuales vende experiencias turísticas de restauración coralina por hasta 250 dólares.
No se trata de cualquier empresa: es un negocio millonario con más de 20 embarcaciones náuticas que también ocupa la playa contigua a donde se construirá el muelle. Esta firma, propiedad del estadounidense John Flynn, reconoce haber financiado al menos a dos de los grupos ecologistas opositores, dado su interés en conservar la playa para Sand Dollar Sport.
La falta de certeza jurídica en Quintana Roo para las inversiones ahuyenta capital de México frente a competidores caribeños como Gran Bahama, Honduras e incluso Belice, que ofrecen reglas claras y alianzas público-privadas para construir megamuelles y esperan formar parte de una derrama de mil 600 millones de dólares que dejarán año con año en la región.
