La Ciudad de México enfrenta el dilema de todas las metrópolis: conciliar el derecho a la vivienda, la protección del tejido residencial, promover el turismo y aprovechar los beneficios económicos y sociales de las plataformas digitales de hospedaje.
A menos de un año del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (evento que presionará la oferta de alojamiento, entre otras infraestructuras y servicios), las decisiones legislativas tomadas sin un diagnóstico inteligente pueden convertir una oportunidad de desarrollo local en una coraza regulatoria.
En octubre de 2024, el Congreso de la CDMX aprobó una reforma a la Ley de Turismo que limita la “estancia turística eventual” a un máximo de 50% de las noches del año para cada unidad (vivienda), medida argumentada para mitigar el desplazamiento habitacional y la competencia desleal con el sector hotelero. La restricción, disputada en tribunales vía amparo por anfitriones y por Airbnb, genera perjuicios sobre el mercado de alojamiento en la ciudad ante la irrupción de las apps de hospedaje.
Las plataformas defienden con datos su contribución a la economía local. Airbnb informó que la actividad de anfitriones y huéspedes en México generó más de 145 mil millones de pesos en 2024. Sólo en la CDMX aportó 22 mil mdp, además de 300,000 empleos a nivel nacional. El alquiler de corta duración genera otros beneficios en servicios de alimentos, transporte, entretenimiento y comercio.
Para muchas familias, los ingresos por hospedar son una renta complementaria (a veces esencial) que permite mantener una vivienda en colonias cuyos costos de vida se han encarecido. Para tres de cada diez anfitriones, el alojamiento que brindan a través de Airbnb es su principal fuente de ingresos. El 15% de los caseros tiene más de 60 años, lo cual refuerza la necesidad de generar ingresos adicionales.
El debate se vuelve más interesante cuando se contrastan las cifras con el inventario habitacional. Un estudio de Alquimia Urbana citado por Airbnb muestra que menos de 1% de las viviendas de la CDMX están activas en la plataforma. Existen más de 3 millones de viviendas (INEGI) en la capital y más de 200,000 inmuebles abandonados. El dato obliga a reflexionar si el impacto de las plataformas en la oferta de vivienda es tan grave como se presenta en la retórica política, o es una oportunidad.
Es indudable que la irrupción de los alojamientos temporales trajo desafíos. En barrios céntricos se registraron transformaciones en la dinámica comercial y residencial; en ciertos casos se aceleró la gentrificación y subieron los precios de servicios y de renta. También surgió competencia con el sector hotelero tradicional y prácticas comerciales que han puesto en tensión normas fiscales y de seguridad.
Pero las soluciones públicas siempre deben ser proporcionales, basadas en evidencia y conocedoras de la tecnología. Una respuesta rígida, como el tope anual de 50% sin distinciones entre anfitriones ocasionales y operadores comerciales que gestionan múltiples inmuebles, equivale a desaprovechar el análisis de datos y los beneficios de la economía digital.
Peor aún, normas restrictivas pueden empujar la oferta hacia la informalidad, el cambio de modelo o la simulación, como incentivar anuncios de “estancias largas” para evadir límites. Estos trucos reducen la trazabilidad, la regulación fiscal y la capacidad de las autoridades para monitorear efectos urbanísticos. Frente a regulaciones draconianas como en la CDMX, algunos anuncios se reclasifican como estancias prolongadas y se pierde el conocimiento sobre la verdadera dinámica del parque habitacional.
¿Cómo regular nuevos modelos de negocio sin asfixiar la innovación ni la economía digital? La política pública debe plantear principios y prácticas regulatorias que equilibren vivienda, economía local y libertad individual. Lo primero es fundamentar la política con datos y evaluaciones de impacto. Antes de imponer topes genéricos, la autoridad debe realizar estudios por colonia y tipología de anfitriones para medir efectos reales sobre la oferta de vivienda, precios y movilidad residencial.
Es básico diferenciar entre anfitriones ocasionales y proveedores comerciales para no castigar a familias o personas que comparten un solo espacio habitacional. Un registro actualizado puede distinguir de forma clara entre anfitriones con una sola unidad y quienes operan varios inmuebles.
La transparencia de datos y la cooperación con las plataformas es esencial. Hay que fomentar convenios que permitan intercambiar información anonimizada sobre ocupación, duración de estancias y concentración geográfica para una planificación urbana y fiscalización inteligentes basadas en evidencia empírica. Ante picos de demanda (conciertos, Fórmula 1, Mundial 2026), la ciudad debe garantizar una oferta suficiente de hospedaje sin sacrificar derechos de los residentes.
Los datos permiten tomar medidas focalizadas, flexibles y no generalizadas. Existen zonas con más presión habitacional donde sería pertinente aplicar límites o requisitos adicionales. Pero también existen otras zonas donde convendría fomentar el desarrollo turístico y el ingreso local. Se pueden incentivar las estancias más largas, el uso de vivienda vacante y el arrendamiento de inmuebles abandonados para generar oportunidades turísticas, de hospedaje e ingresos.
Desde luego, fomentar condiciones de competencia y reglas fiscales claras. Garantizar que plataformas y hoteles tributen y cumplan estándares de seguridad, pero evitar regulaciones que favorezcan a un sector (por más tradicional que sea) en detrimento de la innovación.
La regulación bien diseñada potencia la economía local. Cada peso que gastan los huéspedes repercute en servicios, restaurantes, comercios. La oportunidad de generar ingresos complementarios es un derecho, fortalece la economía y la recaudación. La regulación autoritaria y genérica mata la innovación y tiene resultados contraproducentes como pérdida de empleo, menor oferta de hospedaje y más presión sobre la vivienda formal si las familias dejan de percibir ingresos que sostienen su permanencia en la ciudad.
La CDMX tiene la asignatura pendiente de demostrar que las políticas públicas pueden ser inteligentes: flexibles, basadas en datos y orientadas a redistribuir beneficios. Regular no es contener la tecnología; es entenderla y encauzarla hacia el ejercicio de derechos. Si la legislación sobre plataformas de hospedajes se mantiene miope a los matices y la evidencia bajo la excusa de protección, se dañará el ingreso de miles de familias y la oportunidad turística justo cuando llegarán millones de visitantes en 2026.
