Crisis en la Dependencia Responsable de la Seguridad en Quintana Roo

• La SSC, bajo fuertes señalamientos de corrupción e ineficacia.

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 22 de agosto. – Elementos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado (SSC) denunciaron públicamente el deterioro operativo de la corporación, al señalar que la falta de patrullas, efectivos y, sobre todo, de una estrategia real contra la delincuencia, ha colocado a Quintana Roo en una situación crítica. Los señalamientos apuntan directamente al secretario Julio César Torres Gómez y al subsecretario Fernando Viveros Hernández, cuya conducción —afirman— dejó a la institución reducida a un “cuartel de abusos, corrupción y violaciones” tanto a derechos humanos como laborales.

Estas acusaciones se dan en torno a la violencia no da tregua en la entidad. Según los denunciantes, la impunidad con la que operan los grupos delictivos se ha vuelto insostenible, reflejada en la ejecución de dos personas en hechos distintos apenas ayer por la mañana. Uno de estos asesinatos ocurrió a escasos metros del sitio donde se desarrollaría un evento oficial en Calderitas, lo que, en palabras de los uniformados, exhibe de manera vergonzosa la incapacidad de la Secretaría para garantizar la seguridad mínima en actos públicos.

El señalamiento cobra mayor fuerza porque proviene de los propios elementos, quienes en primera línea padecen la falta de recursos materiales y humanos. Sin equipos adecuados ni respaldo institucional, argumentan, enfrentan a un crimen cada vez más organizado y violento, lo que además los convierte en blanco de represalias. Esta precariedad interna, señalan, mina la moral de la corporación y erosiona la confianza ciudadana en la autoridad.

Coinciden en que la crisis de la SSP refleja un problema estructural, la desconexión entre las políticas de seguridad anunciadas y las realidades operativas en el terreno. Mientras el discurso oficial insiste en reforzar la seguridad en todo el estado, los hechos evidencian improvisación, carencia de coordinación interinstitucional y, sobre todo, ausencia de una estrategia integral de prevención y combate al delito.

El problema para el gobierno estatal no se limita a la reposición de patrullas o al incremento de efectivos, sino a replantear el rumbo de la seguridad pública. Sin un cambio de liderazgo y una estrategia coherente que articule prevención, inteligencia y proximidad social, Quintana Roo continuará enfrentando una espiral de violencia que golpea tanto a la ciudadanía como a las instituciones encargadas de protegerla.

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