En ningún caso ni circunstancia, puede impartir justicia un ministro que accedió a su cargo después de violar los principios de equidad, libertad del voto y autenticidad establecidos por la ley.
Si la nulidad propuesta por Reyes Mondragón llegara a declararse, un objetivo gratificante de salud pública para continuar construyendo un Estado de Derecho con garantías ciudadanas para todos, quedará constancia de que la justicia mexicana se impuso al cálculo político retardatario, reaccionario, enemigo salvaje de la convivencia civilizada entre mexicanos. Si se rechaza, no solo quedará constancia de que los guardianes de la Constitución se convirtieron en sus sepultureros, sino que, ante la desaparición de la legalidad y la absurda imposición de la política obscena, la opción válida a seguir consistirá en resolver nuestras diferencias con las manos con todas sus consecuencias. Ninguno de los ministros (as) electos (as), con un mínimo de dignidad y patriotismo, podrá protestar guardar y hacer guardar la Constitución, cuando ellos mismos la pisotearon. ¿Asistiremos a un escenario en el que la primera presidenta de la República en nuestra historia lograría expulsar a la primera ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Es difícil, mas no imposible, que la ínclita Norma Piña gane la votación para anular la elección de 2 magistrados del TEPJF, porque se requieren 8 votos para lograrlo y solo cuenta con 6 ministros patriotas respetuosos del Estado de derecho, por lo que el futuro de la administración de justicia es más negro que el hocico de un lobo, pero lo último que se pierde es la esperanza. Impongámosles, por lo pronto, a la ministra Piña y al magistrado Reyes Mondragón un laurel de honor.
