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Entre 2018 y 2025, el gobierno federal incrementó la deuda, multiplicó los programas sociales y destinó miles de millones a megaproyectos opacos. La pobreza bajó, pero a un costo fiscal y democrático que amenaza el futuro del país.

 

Candy Raygoza/CAMBIO 22

Deuda al alza y déficit histórico

En 2018, la deuda ampliada (SHRFSP) equivalía al 43.6% del PIB. Para 2024 escaló al 51.3% y, aunque en 2025 se estima en 49.5% por la apreciación del peso, el déficit de 2024 fue de 5.9% del PIB, el más alto en décadas.

El pago de intereses este año superará 1.15 billones de pesos, más que el presupuesto individual de salud o educación, drenando recursos que podrían destinarse a servicios públicos y obras prioritarias para la ciudadanía.

Programas sociales: beneficios inmediatos, costo estructural

En 2025, los Programas para el Bienestar suman 835,535 millones de pesos:

Pensión Adultos Mayores: $483,438 mdp.

Becas Benito Juárez: $131,926 mdp.

Jóvenes Construyendo el Futuro: $24,205 mdp.

Sembrando Vida: $39,100 mdp.

Pensión Mujeres Bienestar: hasta $22 mmdp.

Estos apoyos han reducido la pobreza de 41.9% en 2018 a 29.6% en 2024, incrementado el ingreso en hogares vulnerables y reducido el abandono escolar. Sin embargo, la permanencia de estos beneficios depende de un endeudamiento creciente y de ingresos fiscales insuficientes, comprometiendo recursos de las próximas generaciones.

Megaproyectos costosos y opacos

Mientras se recortan recursos para medicamentos, mantenimiento urbano y servicios básicos, el gobierno ha destinado sumas históricas a obras emblemáticas con cuestionada rentabilidad y transparencia:

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucía): más de 75 mil millones de pesos.

Refinería Dos Bocas: ya supera los 16 mil millones de dólares (más de 270 mil millones de pesos), muy por encima de su presupuesto inicial.

Tren Maya: oficialmente rebasa los 500 mil millones de pesos, triplicando su estimación original.

Diversos informes y auditorías han advertido falta de transparencia, sobrecostos y opacidad en los contratos, así como ausencia de evaluaciones claras de impacto económico y ambiental.

El costo real: servicios públicos relegados

El gasto prioritario en programas y megaproyectos ha coincidido con una evidente precarización de servicios:

Desabasto de medicamentos e insumos médicos.

Calles, carreteras y alumbrado público en deterioro.

Escuelas con infraestructura abandonada.

Proyectos de agua y drenaje paralizados.

A esto se suma el riesgo de uso clientelar de los programas sociales, condicionando apoyos y creando dependencia política que erosiona la democracia.

A futuro: más afectaciones que beneficios

Los beneficios actuales —reducción de pobreza, apoyos directos, impulso al consumo— no compensan las afectaciones que se acumularán: deuda creciente, intereses que consumen el presupuesto, infraestructura pública rezagada, medio ambiente afectado por obras mal planeadas y un Estado cada vez más dependiente de la deuda para sostener gasto corriente.

Sin un cambio de rumbo, México enfrentará menos recursos para salud, educación, seguridad y obras públicas, mientras el dinero se concentra en transferencias asistenciales y megaproyectos de dudosa rentabilidad. El resultado será un país con más baches, más apagones, hospitales sin medicinas y menos democracia.

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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