Obstáculos Legales Impiden Garantizar el Derecho de Convivencia Familiar en José María Morelos, Advierte Abogado

Redacción/CAMBIO 22

José María Morelos, 31 de julio. –  A pesar de que la violencia vicaria ya está tipificada en la legislación de Quintana Roo como una forma de maltrato que impide a un padre o madre convivir con sus hijos, las deficiencias del sistema judicial continúan afectando el derecho de niñas, niños y adolescentes a mantener vínculos con ambos progenitores, denunció el abogado litigante Josué Arjona.

En entrevista, el jurista explicó que, aunque el marco legal ha avanzado al reconocer esta problemática, la aplicación de justicia sigue siendo lenta y burocrática, lo cual impide resolver con prontitud casos donde un progenitor, sin tener la custodia física del menor, busca ejercer su derecho de convivencia. “El derecho es del menor, no del padre ni de la madre, y debe garantizarse su relación con ambos”, enfatizó.

Arjona detalló que actualmente el proceso judicial para reclamar este derecho puede extenderse por seis meses o hasta un año. Desde la presentación del juicio en un juzgado familiar, el procedimiento implica etapas prolongadas: admisión de la demanda, notificación, contestación, audiencia inicial y, en muchos casos, la continuación de un juicio largo ante la falta de acuerdos entre los progenitores. Durante todo ese tiempo, advirtió, el menor puede estar privado del contacto con uno de sus padres.

Además, criticó que las instituciones judiciales se encuentran “atadas de manos” para actuar con celeridad, lo que convierte a la violencia vicaria en un problema persistente en la región. “Tenemos la figura jurídica, sí la tenemos, pero no está diseñada para una aplicación rápida. Requiere ajustes legales y operativos”, afirmó.

El abogado también alertó sobre la realidad que enfrentan muchas personas en José María Morelos, quienes, a pesar de buscar asesoría legal, no pueden iniciar un juicio por falta de recursos económicos. “Se afecta el derecho del menor, pero también el de quien busca ejercer su rol como padre o madre sin custodia. Esto refleja una deuda pendiente del sistema de justicia con la infancia”, concluyó.

La declaración de Arjona pone sobre la mesa la urgente necesidad de reformar los mecanismos judiciales para que el derecho a la convivencia familiar se garantice de forma efectiva y sin dilaciones.

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