La Fiscalía y su Obsesión por Simular

Redacción/CAMBIO 22

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha convertido la aplicación de la ley en un acto de simulación que termina dañando a las personas. Bajo el pretexto de combatir la trata de personas —una causa legítima, pero sin avances claros— ha realizado desde febrero operativos en centros nocturnos de Chetumal que muestran más ambición por la publicidad que por resultados reales. Y como ya sabes que #MiPechoNoEsBodega en estas líneas #TeLoCuento.

El balance es claro: doce establecimientos clausurados, cientos de empleos perdidos, empresarios afectados, mujeres trabajadoras señaladas como “rescatadas” y ninguna sentencia que compruebe la existencia de redes de explotación. La Fiscalía no combate el delito, sólo crea una imagen. Y el responsable directo es el fiscal Raciel López Salazar.

Este patrón no es nuevo, pero se ha vuelto constante. Se asegura un lugar, se filtra la noticia, se lanza un comunicado y se justifica todo como “acciones contra la trata”. No importa que no haya pruebas ni procesos claros. El objetivo no es hacer justicia, sino llamar la atención. No se busca resolver, sino aparecer.

La Fiscalía trata como sospechosas a las trabajadoras de centros nocturnos y como culpables a los empresarios, aunque estos cuenten con permisos y cumplan con las normas.

El Estado, en vez de actuar con cuidado, utiliza la fuerza sin medida. La Fiscalía no investiga: actúa por impulso. No coordina con otras autoridades: impone decisiones. No respeta el debido proceso: ejecuta cateos, mantiene aseguramientos largos y ordena deportaciones sin garantías legales. No busca justicia, busca obediencia.

El desorden institucional es grave. Mientras el Ayuntamiento y las secretarías de Salud y Finanzas permiten y regulan estos negocios, la Fiscalía los trata como si fueran ilegales. No hay coordinación porque no se busca el cumplimiento legal, sino el control total.

Las denuncias de mujeres maltratadas, las detenciones sin cargos, los aseguramientos sin investigación formal y la destrucción económica no son daños accidentales, son parte del sistema. La Fiscalía actúa sin límites porque nadie en el gobierno la controla. Y cuando el poder no se controla, se convierte en un problema.

Este sistema no responde a la ley, sino al castigo. Criminaliza el trabajo nocturno, a las mujeres que laboran en él y a los empresarios que lo sostienen. No protege víctimas, solo castiga.

Lo peor es el silencio del Gobierno de Quintana Roo. Que la Fiscalía use el poder para dañar un sector vulnerable es grave. Que el Ejecutivo lo tolere o ignore es complicidad.

La política criminal de la Fiscalía no tiene base legal ni ética. Es una ficción: creen que simular justicia es hacerla. Pero lo que pasa en Chetumal es otra cosa: un uso injusto de la ley, una estrategia para desgastar a la sociedad y una falta total de respeto por el orden legal.

Cuando una Fiscalía usa la ley para castigar sin pruebas y sin proceso, no solo pierde la confianza de la gente, sino que rompe la base misma del Estado de derecho. Al cambiar la investigación por operativos mediáticos y criminalizar trabajadores sin juicio, la FGE no combate la trata, mantiene la impunidad.

Este método no es un error o una falla técnica; es una estrategia que viola derechos, ignora garantías legales y sostiene un modelo autoritario disfrazado de justicia. La falta de coordinación, la paralización prolongada de negocios legales y las deportaciones sin defensa son actos que dañan las instituciones y ponen en riesgo la paz social.

El silencio del gobierno estatal frente a estas prácticas castiga a los más vulnerables y debilita el trabajo honesto. Al permitir estos abusos, se abre la puerta a que la Fiscalía se convierta en una herramienta de represión, sin capacidad para garantizar justicia, pero efectiva para sembrar miedo y control.

El daño es evidente: destrucción económica, violación de derechos humanos, división social y pérdida de confianza en las instituciones. La justicia verdadera requiere responsabilidad, transparencia y respeto al debido proceso. Todo lo demás es un show que solo destruye la democracia.

Cuando la Fiscalía actúa como juez, policía y verdugo sin límites ni control, deja de proteger la ley y se convierte en una amenaza constante. Eso no es justicia.

Fuente: Facebook

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