Caso Arturo Aguirre Expone Fallas en Medidas de Protección y Omisión Institucional Ante Violencia Contra Mujeres

• El caso figuró mediáticamente luego de que el diputado federal Sergio Mayer se pronunciara exigiera públicamente al fiscal Raciel López Salazar cumplir su tarea contra el potencial feminicida

• Organizaciones de mujeres reprochan desdén oficial hacia el endeble seguimiento hacia los casos probados de violencia contra las mujeres

Ricardo Jesús Rivas / CAMBIO 22

CHETUMAL, 23 de julio. – Las recientes denuncias en redes sociales sobre la agresión sufrida por una joven conocida como Melany trajeron de vuelta la discusión sobre la ineficacia de las medidas de protección emitidas por las autoridades en casos de violencia de género en Quintana Roo.

Arturo Antonio Aguirre, señalado como el presunto agresor, ya contaba con una orden de restricción previa a los hechos ocurridos a finales de junio, produciendo aún más cuestionamientos sobre el seguimiento real que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza a estas disposiciones.
El caso figuró mediáticamente luego de que el diputado federal Sergio Mayer, secretario de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Cámara de Diputados, se pronunciara sobre la situación, asegurando que la FGE conoce la ubicación del señalado y que no existe obstáculo legal para proceder en su contra.

Como se informó en nota aparte, luego de la exhibición pública, la FGE aceleró acciones para capturar al sujeto.

Sin embargo, el caso expone la ausencia de acciones concretas por parte de la Fiscalía, y envía un mensaje de permisividad y revictimización a quienes denuncian agresiones, pues la falta de ejecución de las medidas cautelares demuestra una falla estructural que pone en riesgo a las mujeres en todo el estado.

De acuerdo con la versión pública de la víctima, la agresión ocurrió cuando Aguirre ingresó a su vivienda por una ventana de la cocina y la golpeó durante horas, a pesar de la orden que le impedía acercarse a ella.

El episodio, lejos de ser aislado, es muestra de la brecha entre el marco legal y su aplicación. Medidas que en el papel buscan proteger a las víctimas se diluyen en la práctica por la falta de vigilancia y de sanciones a quienes las violan.

Colectivas como Marea Verde denunciaron en redes que el contexto de violencia feminicida en Quintana Roo se agrava por el desdén gubernamental hacia la problemática.

Señalan que, mientras se realizan eventos simbólicos y acciones mediáticas sin impacto real, los índices de violencia se mantienen altos y las víctimas continúan desprotegidas. “Nos siguen violentando, desapareciendo y asesinando”, subrayaron en un comunicado que exige resultados concretos y no simulaciones.

La falta de avances en el grupo de seguimiento de las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres suma un elemento más a la crisis institucional.

Colectivas y especialistas coinciden en que la prioridad debe ser el cumplimiento efectivo de las órdenes de protección y la sanción inmediata a quienes las violan, en lugar de continuar con estrategias fragmentadas y carentes de enfoque integral.

Este caso, sin embargo, más que una excepción, retrata una realidad sistemática de omisiones que continúa costando vidas en Quintana Roo.

redaccion@diariocambio22.mx

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