México sigue Apostando por Más Militares y Menos Caminos Alternativos

Redacción/CAMBIO 22

México continúa apostando por un enfoque militarizado de la seguridad pública, ampliamente criticado por sus resultados contraproducentes durante las últimas décadas, mientras ignora otros modelos prometedores, según un nuevo informe.

El reporte, publicado a finales de junio por la Universidad Iberoamericana, evalúa las consecuencias de la militarización, una estrategia que prioriza la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública impulsada desde el comienzo de la presidencia de Felipe Calderón en 2006, en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”.

Desde entonces, el despliegue militar aumentó de 43.425 efectivos en 2007 a 100.226 en noviembre de 2024, año en el que el gasto militar alcanzó niveles récord tras un aumento del 39%. El 5 de junio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en el Congreso una propuesta y ocho modificaciones de ley para ampliar, aún más, las competencias de las fuerzas armadas a través de la Guardia Nacional, inicialmente concebida como una institución civil en 2019.

Pero la firme apuesta por este modelo choca de frente con las cifras de violencia en el país. Un ligero descenso en la tasa de homicidios se ha visto opacado por un aumento de las desapariciones forzosas de un 15% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, la alta tasa de subregistro de las extorsiones y otros delitos vinculados al crimen organizado evidencian un escenario de grave impunidad. “En el informe lo que encontramos es que hay una tasa de subregistro del 92,9%, lo que cuestiona un poco la veracidad o el manejo de las cifras [oficiales]” explicó Karime Aguilar, coautora del informe, a InSight Crime.

El impulso del enfoque militarizado se apoya en gran medida en los altos niveles de aceptación y confianza en las fuerzas armadas por parte de la ciudadanía, que superan el 80% en el caso de los principales cuerpos militares.

“La política de seguridad sigue una lógica centralista y vertical que ignora las realidades locales y prioriza el espectáculo mediático sobre las verdaderas causas de las violencias en los territorios”, lamentó Aguilar.

Políticas públicas alternativas

Los cuestionables resultados del enfoque militarista evidencian la necesidad de replantear el concepto de seguridad pública, que actualmente no tiene en cuenta los aprendizajes de otros modelos exitosos que priorizan la participación ciudadana y el liderazgo civil, así como de reformar instituciones clave para acabar con la impunidad.

La apuesta sistemática por fortalecer la intervención militar en el ámbito de la seguridad pública ha debilitado las instituciones civiles y los mecanismos democráticos de control, creando situaciones de arbitrariedad, violaciones de los derechos humanos e impunidad.

De acuerdo con los expertos que contribuyeron con el reporte, la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública se debe restringir a lo estrictamente necesario para brindar apoyo a las policías civiles. Pero el planteamiento de un nuevo modelo de seguridad pasa también por la inclusión de otros elementos como la participación de la población local o los enfoques de prevención.

El Modelo de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, establecido en 2012, consiguió reducir la percepción de inseguridad y la tasa de homicidios dolosos en el municipio hasta alcanzar el 11,2% en 2024, muy por debajo de la tasa nacional. Para ello se estableció un enfoque de “policía de proximidad”, en el que 10.000 redes vecinales identifican junto a la policía municipal los principales retos de seguridad en la zona, y proponen soluciones y medidas de prevención.

En la ciudad de Morelia, en Michoacán, donde se adoptó un enfoque similar que fortalece el papel de la policía municipal, los homicidios dolosos descendieron en un 37% entre 2022 y 2024, según fuentes oficiales.

A pesar de los modelos alternativos, aún hay un camino por recorrer de parte de las autoridades estatales.

“Hay una resistencia al aprendizaje, realmente no se estudian ni se replican las buenas prácticas en materia de seguridad”, puntualizó Aguilar.

Las estrategias de seguridad en México tampoco han sabido responder al gran problema de la impunidad. Además de la alta tasa de subregistro de delitos, las capacidades de investigación de las instituciones han demostrado ser ineficientes. En 2022, solo un 16% de las investigaciones penales se resolvieron.

Los datos apuntan a la necesidad de reformar instituciones clave como las fiscalías, que han sido acusadas de corrupción, complicidad con el crimen organizado y negligencia en múltiples ocasiones.

“Ya no estamos hablando de casos aislados o corrupción individual, sino más bien de un fenómeno estructural que nos obliga a repensar toda la arquitectura institucional que tiene nuestro país”, sentenció Aguilar.

Fuente Insight Crimen

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