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• El gobierno de Yucatán lanzó un nuevo decreto para proteger su acuífero kárstico, pero reduce su zona protegida. El decreto llega después de que Industrias como Heineken anunciaran su llegada a la entidad, y también, en un contexto donde las granjas porcícolas continuan operando con impunidad

 

Redacción/CAMBIO 22

El acuífero de la península de Yucatán es la reserva hidrológica subterránea más importante a nivel nacional e internacional, proveyendo el principal abastecimiento de agua para la población y actividades productivas. Sin embargo, su naturaleza kárstica lo hace extremadamente vulnerable a la contaminación. Los flujos subterráneos se desplazan rápidamente, y los contaminantes vertidos en un lugar pueden afectar a muchos otros.

En un intento por salvaguardarlo, el gobierno de Yucatán ha publicado el Decreto 88/2025 en julio de 2025, el cual modifica la ya existente Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes.

Este nuevo marco legal, que teóricamente busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, se presenta en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos y una preocupante degradación ambiental causada por diversas actividades industriales, particularmente la porcícola y la cervecera. Por eso, aunque el decreto es un avance, tanto expertos como comunidades expresan serias dudas sobre su eficacia real.

Un decreto confuso, e insuficiente

El Decreto 88/2025 modifica el Decreto 117/2013, que estableció el Área Natural Protegida Anillo de Cenotes. Lo publicaron en julio de 2025, y entre sus objetivos están proteger y garantizar formalmente el derecho a un medio ambiente sano en Yucatán, reconociendo la vulnerabilidad inherente del acuífero kárstico y la creciente presión sobre el recurso hídrico.

El decreto establece cuatro subzonas divididas en las categorías de recarga, tránsito y descarga. Todas ellas dentro del Anillo de Cenotes, que abarca 54 municipios.

Para entender mejor estas zonas, se podría pensar en el sistema circulatorio del cuerpo humano. El Anillo de Cenotes es como el sistema vascular principal, donde las subzonas de recarga actúan como los pulmones que oxigenan la sangre (agua limpia). Las zonas de tránsito serían las arterias, distribuyendo el agua y sus nutrientes. Finalmente, las zonas de descarga serían como los órganos de eliminación, donde los desechos se acumulan y se intenta procesar.

No obstante, y aunque el nuevo decreto reconoce la importancia de proteger al Anillo de Cenotes, la superficie asignada a la Reserva Estatal Geohidrológica del anillo de cenotes es ahora de 213 mil 737.2801 hectáreas, una reducción respecto a las 219 mil 207.83 hectáreas establecidas en 2013.

Es decir, de los 54 municipios que el gobierno reconoció como parte del Anillo de Cenotes (divididos en las zonas de recarga, tránsito y descarga), solo 23 forman parte de la reserva donde se prohibe la instalación de cualquier industria que afecte el acuífero kárstico. Estos municipios son Acanceh, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Seyé, Tahmek, Tecoh, Tekit, Timucuy y Xocchel, así como pequeñas porciones de los municipios de Abalá, Cacalchén, Chapab, Chumayel, Izamal, Sotuta, Kantunil, Mama, Mayapán, Tixkokob y Tixpéual.

Por fuera, quedaron otros territorios clave, como aquellos que están dentro la Subzona 1 (considerada la principal área de recarga). Esta subzona, que alberga a los municipios de la zona metropolitana de Mérida, Kanasin y Umán, es crítica, ya que concentra el 60% de la población estatal y soporta la mayor presión sobre el uso del agua.

Esto, de acuerdo con especialistas consultados para este trabajo que pidieron omitir su identidad, es problemático, pues «ahora existe mucha desconfianza en tales decretos de Áreas Naturales Protegidas porque se ha visto que en la práctica no están funcionando. Las autoridades en turno se han dedicado a modificar tanto poligonales como decretos para luego hacer lo contrario a lo que se supone se debe hacer: proteger el acuífero kárstico».

Un decreto sin planificación

En los últimos años, Yucatán ha experimentado una saturación en su sistema de agua debido a las actividades industriales (como las porcícolas y cerveceras). El caso de la planta de Heineken en Kanasín ejemplifica esto, pues la cervecera transnacional planea producir 400 millones de litros de cerveza al año, lo que implicará extraer más de un millón de metros cúbicos de agua dulce al año. La planta se ubicará estratégicamente entre dos reservas de agua cruciales, Cuxtal y el Anillo de Cenotes, pero no dentro de los límites que estableció el decreto, por lo que quedará fuera a sus regulaciones.

El acuífero de la península de Yucatán es la reserva hidrológica subterránea más importante a nivel nacional e internacional, proveyendo el principal abastecimiento de agua para la población y actividades productivas. Sin embargo, su naturaleza kárstica lo hace extremadamente vulnerable a la contaminación. Los flujos subterráneos se desplazan rápidamente, y los contaminantes vertidos en un lugar pueden afectar a muchos otros.

En un intento por salvaguardarlo, el gobierno de Yucatán ha publicado el Decreto 88/2025 en julio de 2025, el cual modifica la ya existente Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes.

Este nuevo marco legal, que teóricamente busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, se presenta en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos y una preocupante degradación ambiental causada por diversas actividades industriales, particularmente la porcícola y la cervecera. Por eso, aunque el decreto es un avance, tanto expertos como comunidades expresan serias dudas sobre su eficacia real.

Un decreto confuso, e insuficiente

El Decreto 88/2025 modifica el Decreto 117/2013, que estableció el Área Natural Protegida Anillo de Cenotes. Lo publicaron en julio de 2025, y entre sus objetivos están proteger y garantizar formalmente el derecho a un medio ambiente sano en Yucatán, reconociendo la vulnerabilidad inherente del acuífero kárstico y la creciente presión sobre el recurso hídrico.

El decreto establece cuatro subzonas divididas en las categorías de recarga, tránsito y descarga. Todas ellas dentro del Anillo de Cenotes, que abarca 54 municipios.

Para entender mejor estas zonas, se podría pensar en el sistema circulatorio del cuerpo humano. El Anillo de Cenotes es como el sistema vascular principal, donde las subzonas de recarga actúan como los pulmones que oxigenan la sangre (agua limpia). Las zonas de tránsito serían las arterias, distribuyendo el agua y sus nutrientes. Finalmente, las zonas de descarga serían como los órganos de eliminación, donde los desechos se acumulan y se intenta procesar.

No obstante, y aunque el nuevo decreto reconoce la importancia de proteger al Anillo de Cenotes, la superficie asignada a la Reserva Estatal Geohidrológica del anillo de cenotes es ahora de 213 mil 737.2801 hectáreas, una reducción respecto a las 219 mil 207.83 hectáreas establecidas en 2013.

Es decir, de los 54 municipios que el gobierno reconoció como parte del Anillo de Cenotes (divididos en las zonas de recarga, tránsito y descarga), solo 23 forman parte de la reserva donde se prohibe la instalación de cualquier industria que afecte el acuífero kárstico. Estos municipios son Acanceh, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Seyé, Tahmek, Tecoh, Tekit, Timucuy y Xocchel, así como pequeñas porciones de los municipios de Abalá, Cacalchén, Chapab, Chumayel, Izamal, Sotuta, Kantunil, Mama, Mayapán, Tixkokob y Tixpéual.

Por fuera, quedaron otros territorios clave, como aquellos que están dentro la Subzona 1 (considerada la principal área de recarga). Esta subzona, que alberga a los municipios de la zona metropolitana de Mérida, Kanasin y Umán, es crítica, ya que concentra el 60% de la población estatal y soporta la mayor presión sobre el uso del agua.

Esto, de acuerdo con especialistas consultados para este trabajo que pidieron omitir su identidad, es problemático, pues «ahora existe mucha desconfianza en tales decretos de Áreas Naturales Protegidas porque se ha visto que en la práctica no están funcionando. Las autoridades en turno se han dedicado a modificar tanto poligonales como decretos para luego hacer lo contrario a lo que se supone se debe hacer: proteger el acuífero kárstico».

Un decreto sin planificación

En los últimos años, Yucatán ha experimentado una saturación en su sistema de agua debido a las actividades industriales (como las porcícolas y cerveceras). El caso de la planta de Heineken en Kanasín ejemplifica esto, pues la cervecera transnacional planea producir 400 millones de litros de cerveza al año, lo que implicará extraer más de un millón de metros cúbicos de agua dulce al año. La planta se ubicará estratégicamente entre dos reservas de agua cruciales, Cuxtal y el Anillo de Cenotes, pero no dentro de los límites que estableció el decreto, por lo que quedará fuera a sus regulaciones..

Este aceleramiento ha convertido a Yucatán en el quinto estado con mayor inventario porcícola en México, aún pese a las resistencias de las comunidades que han sido reprimidas y fragmentadas debido a estos conflictos.

La resistencia deriva de algunos hechos reconocidos por la misma autoridad. Por ejemplo, que un cerdo adulto puede generar entre 4 y 10 veces los residuos de una persona, y a diferencia de los residuos humanos, los desechos animales en granjas a menudo carecen de un requisito ambiental obligatorio para su manejo, lo que provoca una contaminación sin precedentes al acuífero, además de pestilencias y degradación del ecosistema en general en los territorios donde se asientan.

Aunado a esto, muchas de estas granjas operan en la ilegalidad, y las autoridades no hacen nada al respecto. Por ejemplo, el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán, publicado en marzo de 2023 por la SEMARNAT, demuestra que más del 60% de las granjas identificadas carecen de permisos de CONAGUA. Las descargas de aguas residuales de estas granjas, ricas en nitrógeno, fósforo y E. Coli, exceden los límites permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-2021 para suelos kársticos en magnitudes preocupantes.

Sobre esto, José May reflexiona que si la ley se aplicara estrictamente, «ninguna granja va a cumplir con esa norma científica». Pero, resalta «lo que pasa que es gobierno siempre está a favor de las empresas, de los megaproyectos. Nunca a favor del pueblo».

May habla desde la experiencia, pues aunque ya hay sentencias firmes que obligan a que la megagranja de Homún abandone el territorio, la dilación de los procesos judiciales ha impedido que esto suceda.

Por eso, para el defensor, lo que traza el nuevo decreto ya está establecido en otras normativas, «solo falta que las apliquen, pero pues no no lo quieren aplicar».

Sus palabras hacen eco en la opinión de los académicos entrevistados para este trabajo, quienes agregan que «el tema no es solo contaminación de agua, aire o suelos, sino aspectos más amplios en cuestiones de justicia socioambiental. Debe ser prioritaria la atención urgente de diversos procesos legales que varias comunidades han promovido (y siguen promoviendo) contra diversos megaproyectos que impactan de manera negativa a su bienestar emocional, salud y de acceso continuo a agua de calidad».

Y concluyen:

«Independientemente del decreto, desde el siglo pasado existen numerosos estudios científicos que han evidenciado los procesos de contaminación en los cuerpos de agua, y son estudios que se continúan haciendo en la actualidad demostrando la gravedad de la situación cada vez mayor. Ya no se puede pensar en un “futuro” porque este nos ha alcanzado. La guerra por agua existe, pero pocos están conscientes de ello. Minimizar o disfrazar la situación crítica, mediante decretos y diagnósticos, pero sin acciones reales contundentes, es lo mismo a simular que se hace, pero sin resultados».

 

 

 

Fuente: Pie de Página

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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