“Con Permiso para Operar”; Ceden al Grupo de Raciel López el Control de la Seguridad Pública en Benito Juárez y Exhiben el Posible “Manejo del Crimen Organizado” en Cancún

• La reciente designación de Jaime Padilla Barrientos como nuevo titular de Seguridad Ciudadana en Benito Juárez (Cancún) es un movimiento que no puede leerse de forma aislada ni bajo la ingenua narrativa del “relevo institucional”

• No. Este movimiento forma parte de una red cuidadosamente entretejida que responde, más que a la urgencia de atender la violencia creciente en Cancún, a una estrategia de consolidación del poder de grupos internos que operan desde el corazón de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo

• Y como ya sabes que Mi Pecho.No Es Bodega en estás líneas Te Lo Cuento

Juan Jo Sánchez / CAMBIO 22

La salida de Carlos Ernesto Damiano Sumuano, marcada por episodios fallidos de contención del crimen y una innegable presión social, sirvió de antesala para colocar a un personaje mucho más funcional a los intereses del fiscal Raciel López Salazar: Jaime Padilla Barrientos. La historia y los antecedentes de Padilla no son un secreto para quienes han seguido la vida institucional de la Fiscalía en este paraíso del Caribe. Su cercanía con López Salazar es conocida, pero lo realmente preocupante son los reiterados señalamientos sobre sus presuntos vínculos con organizaciones criminales que operan impunemente en la región.

No es casualidad que Padilla provenga de la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, dependencia dirigida por Naim Zaid Martínez, otro funcionario vinculado mediante múltiples versiones a acuerdos con la delincuencia organizada.
A este nivel, los nombramientos no son administrativos: son políticos. El poder real se disputa en las oficinas de la fiscalía, donde se decide quién tiene permiso para operar, quién cobra la extorsión y quién calla.

La reciente aparición de una narcomanta en Tulum, donde se menciona explícitamente al fiscal general Raciel López Salazar y a su círculo cercano —“Los Chiapanecos”— como facilitadores de plazas para el CJNG, refuerza esta hipótesis. En ella, se acusa a Padilla Barrientos de encargarse directamente del cobro de piso en la zona norte del estado.

La gravedad de esta acusación no ha sido desmentida con contundencia ni por la fiscalía ni por el gobierno estatal. El silencio institucional resulta tan estruendoso como revelador.

Con este nombramiento, el fiscal López Salazar parece mover las piezas para blindar sus intereses en puntos estratégicos del estado. No es la primera vez que lo hace. Tulum ya tiene a un jefe de policía nombrado bajo su recomendación directa. Hoy es Cancún. ¿Mañana será Playa del Carmen?

Las estructuras de seguridad en Quintana Roo parecen caminar hacia una peligrosa normalización del contubernio con el crimen. Las plazas no se pacifican, se negocian. Las calles no se patrullan. Y los funcionarios no se eligen por méritos, más bien por las lealtades a una red que se ha incrustado en el aparato de justicia con total impunidad.

Lo preocupante no es sólo que estos personajes lleguen al poder, sino que lo hagan bajo el amparo de una narrativa oficial que presume transformación, pero que en los hechos permite, o incluso facilita, la consolidación de estructuras paralelas de control territorial y político.

En este contexto, la seguridad pública deja de ser un derecho y se convierte en un territorio en disputa entre grupos de interés. La ciudadanía, como siempre, queda al margen. Sin información clara, sin garantías reales, sin interlocutores confiables.

¿Quién cuida a Cancún mientras se reparten la plaza? ¿Quién defiende al ciudadano cuando el poder se reparte entre la fiscalía y los grupos armados? ¿Y quién se atreverá a romper el pacto de silencio?

Porque si el nombramiento de Padilla es la respuesta del Estado a la crisis de seguridad, entonces la pregunta ya no es cuánto control tiene el crimen, sino cuánto poder le ha sido cedido por quienes deberían combatirlo.

redaccionqroo@cambio22.mx

GPC