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• Parteaguas Verde o Gravamen Fallido: ¿Para Qué Sirve de Verdad la Cuota de Saneamiento en Quintana Roo?

 

• Desde 2019, turistas pagan entre $30 y $80 pesos por noche bajo un cobro ambiental que ha generado más de $1,200 millones de pesos en 2024

 

• Aunque el objetivo es mitigar el impacto ecológico del turismo, hoteleros y ciudadanos denuncian falta de resultados visibles y opacidad en el manejo de los recursos

 

 

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

Desde hace seis años, los turistas que visitan Cancún, Playa del Carmen, Tulum y otros destinos de Quintana Roo pagan una tarifa ambiental adicional por cada noche de hospedaje. No es un impuesto federal ni un cargo opcional, se trata del llamado Derecho de Saneamiento Ambiental, una contribución municipal obligatoria que se aplica por habitación ocupada (o incluso por persona, según el municipio) y que busca financiar acciones en favor del medio ambiente.

Este cobro se implementó inicialmente en el municipio de Benito Juárez (Cancún) a partir de marzo de 2019, tras ser aprobado en el Congreso estatal a fines de 2018, a pesar de la oposición inicial de los hoteleros. Quintana Roo no fue pionero absoluto, Solidaridad (Playa del Carmen) ya lo cobraba desde 2017, y posteriormente la medida se extendió prácticamente a todo el estado, incluyendo Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum y recientemente Bacalar, en teoría, es un esfuerzo aplaudible para mitigar el impacto ecológico del turismo masivo; en la práctica, sus resultados e implementación han generado polémica.

¿Qué es y cuánto se cobra?

Oficialmente, el derecho de saneamiento se calcula como un porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria vigente. Originalmente, Cancún fijó la tarifa en 30% de una UMA por cuarto/noche (unos $25 pesos en 2019). Sin embargo, a partir de 2023 ese municipio incrementó la tasa al 70% de la UMA por noche, elevando el cobro a aproximadamente $73 pesos en 2023 y $76 pesos en 2024 por habitación ocupada.

En otros destinos turísticos de Quintana Roo la tarifa ha permanecido en 30% de la UMA (unos $34 pesos por noche en 2025), aunque con variantes, por ejemplo, en Tulum y recientemente también Playa del Carmen se cobra por persona, cobrando 30% de UMA al primer huésped, 20% al segundo, 15% al tercero y 10% al cuarto, escalando el monto según la ocupación. En suma, la cuota ambiental ronda típicamente entre $30 y $80 pesos por noche (equivalente a ~US$1.5 a $4), dependiendo del municipio y la modalidad de cobro.

No obstante, diversos hoteles y plataformas de reservas aplican cargos que superan ampliamente esa cantidad. En Cancún, por ejemplo, se han documentado casos de hoteles que cobran hasta US$15 por noche bajo el concepto de “saneamiento ambiental” o como parte de un “resort fee” o “City Tax” como lo llaman muchos vendedores de call center obligatorio. Si bien esas tarifas adicionales suelen englobar otros servicios del hotel, el turista difícilmente distingue qué porcentaje corresponde al derecho municipal oficial y qué es política interna del resort.

En la práctica, el cobro se ha convertido en una práctica generalizada que pocos cuestionan, pero que muchos viajeros pagan sin comprender del todo qué están financiando.

Objetivos declarados: ¿Para qué sirve la cuota?

Las autoridades han justificado el Derecho de Saneamiento Ambiental como una medida para mitigar el impacto ecológico del turismo masivo en la región. En teoría, los recursos recaudados se destinarían a programas como, limpieza de playas, recolección y tratamiento de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, combate al sargazo en la costa, conservación de ecosistemas (humedales, manglares, arrecifes) y a la reducción de emisiones (por ejemplo, sustituyendo luminarias públicas por tecnología LED). La premisa, según explicó el gobierno municipal de Cancún al lanzar la tasa en 2019, es que “la cantidad de visitantes y el crecimiento poblacional rebasan los servicios públicos”, haciendo necesarias nuevas fuentes de financiamiento para asegurar la sustentabilidad ambiental del destino.

En resumen, la filosofía es que el éxito turístico debe traducirse en un retorno para el medio ambiente local, que cada turista contribuya con una pequeña cuota que ayude a contrarrestar la huella ecológica de su visita.

En la práctica, los usos permitidos de los fondos han sido amplios, de hecho, el Congreso de Quintana Roo y los ayuntamientos han autorizado canalizar el dinero no solo a rubros ecológicos, sino también a infraestructura urbana y seguridad pública, bajo el argumento de que estos servicios también resienten la presión turística.

Por ejemplo, en Cancún en 2024 se formalizó que solo el 30% de lo recaudado se destine directamente a programas ambientales (playas, sargazo, etc.), mientras que un 16% va a seguridad pública y protección civil, 4% a un fondo de retiro policial y el 50% restante a obras públicas e infraestructura urbana, esta flexibilidad en la aplicación ha generado críticas (como veremos más adelante), pues diluye el carácter “verde” del cobro original.

Recaudación millonaria: cifras en ascenso

A pesar de su bajo monto unitario, la cuota de saneamiento ha significado ingresos significativos dado el enorme volumen de turistas, Fitch Ratings estimó en 2019 que el potencial de recaudación en los principales destinos de Quintana Roo oscilaba entre $878 y $1,053 millones de pesos anuales. Es decir, desde un inicio se proyectaba captar cerca de mil millones de pesos por año para “mejorar playas, seguridad e infraestructura”.

Tras un arranque parcial en 2019 (Cancún presupuestó ~$113 millones ese año, y Playa del Carmen ~$227 millones), vino el desplome turístico de 2020 por la pandemia, que redujo la recaudación alrededor de un 30%. Sin embargo, la rápida recuperación de Quintana Roo en 2021-2022 reactivó estos ingresos. Tan solo en Cancún, se recaudaron cerca de $150 millones en 2019 (superando la meta inicial de $113 millones), luego $105 millones en 2020 (aprox., tras la caída pandémica) y más de $180 millones en 2021. Para 2022, con el turismo casi normalizado, Cancún reportó ingresos por $249 millones de pesos por este derecho. Sumando los demás municipios (Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, etc.), se estimaba alrededor de $800 millones anuales recaudados en todo el estado en 2022, cifra que seguiría en ascenso.

De hecho, con el incremento de tarifa en Cancún (de 30% a 70% UMA) a partir de 2023 y la incorporación de plataformas como Airbnb y otros alojamientos vacacionales al cobro, la recaudación se disparó. Los hoteleros calculaban que Cancún podría duplicar ingresos a más de $500 millones en 2023 con la nueva tarifa, y las cifras preliminares indican que fue incluso mayor.

En los primeros cinco meses de 2024, Cancún ya había recaudado $332.9 millones –casi 59 millones por encima de lo proyectado– gracias a ocupaciones récord, al cierre de 2024, el municipio de Benito Juárez anunció una cifra histórica de ~$800 millones de pesos recaudados por derecho de saneamiento, superando en $100 millones la meta prevista, en buena medida por la exitosa temporada decembrina y la inclusión de las rentas vacacionales (Airbnb, Booking, etc.) en el pago del gravamen, esto sugiere que, a nivel estatal, la recaudación conjunta en 2024 podría rondar o superar ya los $1,200 millones de pesos en un año, muy cerca del techo estimado inicialmente por Fitch.

En otras palabras, más turistas que nunca están pagando la cuota, y nunca antes se había recaudado tanto dinero bajo este concepto en Quintana Roo…

Falta de transparencia y resultados en duda

A pesar de los montos millonarios acumulados, no son pocos los que cuestionan en qué se está utilizando realmente el dinero. Formalmente, los recursos del derecho de saneamiento no ingresan al presupuesto municipal de libre disposición, sino que están etiquetados en fideicomisos figuras de administración financiera manejados por un comité técnico donde participan autoridades, representantes del sector turístico e incluso, en teoría, miembros ciudadanos. Estos comités deberían supervisar y transparentar el uso de los fondos, con reportes periódicos disponibles para consulta pública.

En la práctica, sin embargo, la información disponible es escasa o poco clara, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) ha señalado públicamente la falta de transparencia y de resultados visibles.

Por ejemplo, en 2022 la AHRM junto con la Asociación de Hoteles de Tulum– tuvo que recurrir a un amparo federal para obligar al Ayuntamiento de Tulum a informar sobre el uso del dinero recaudado y las acciones emprendidas (como la recolección y disposición del sargazo). Un juez ordenó al alcalde de Tulum explicar por qué no se había constituido el fideicomiso prometido y responder a las peticiones de los hoteleros, quienes llevaban meses solicitando conocer los montos recaudados, en qué se habían gastado y bajo qué criterios. Esta opacidad no es exclusiva de Tulum; casos similares se han dado en otros municipios.

Los representantes hoteleros afirman que, aunque los visitantes siguen pagando la cuota puntualmente, no se ven mejoras tangibles en el destino equivalentes a tantos millones de pesos. Playas que continúan con acumulación de basura, luminarias que siguen sin funcionar, problemas de infraestructura urbana (baches, drenaje, banquetas) sin resolverse en zonas turísticas… son ejemplos que citan para ilustrar la brecha entre lo recaudado y lo ejercido, en palabras de Toni Chaves, presidente de la AHRM, pareciera que el derecho de saneamiento se ha desvirtuado de sus fines originales, convirtiéndose en una bolsa recaudatoria más.

“Si los hoteles cobran y entregan ese dinero, exigimos saber si realmente se deposita en una cuenta especial y cómo se está utilizando, porque no queremos que se use para otros rubros ajenos al propósito ambiental”, declaró Chaves exigiendo claridad.

Cabe mencionar que las autoridades municipales insisten en que sí se está aplicando correctamente, la administración de Cancún, por ejemplo, instaló en enero de 2023 un Comité Ciudadano de Seguimiento del Derecho de Saneamiento e informa que a partir de 2024 ya se han autorizado proyectos con este fondo, desde programas de contención del sargazo y recuperación de playas, hasta mantenimiento de avenidas, alumbrado público, adquisición de camiones de recolección de basura y equipamiento para bomberos y policía. De hecho, en la segunda sesión del Comité Técnico de Benito Juárez (enero 2025) se aprobaron los primeros proyectos financiados con la recaudación de ese derecho, repavimentación de vialidades en la zona hotelera, compra de maquinaria de mantenimiento urbano, fortalecimiento de la infraestructura turística y un programa de modernización de la seguridad pública (incluyendo cámaras portátiles para policías).

No obstante, no se han presentado auditorías públicas detalladas ni se ha informado con precisión proyecto por proyecto cuánto dinero del fideicomiso se ha gastado y con qué resultados. La percepción generalizada tanto en el sector privado como entre la ciudadanía es que la rendición de cuentas ha sido insuficiente.

Inconformidad de turistas y hoteleros

Desde otra perspectiva, la experiencia del visitante también se ha visto salpicada por este tema, en redes sociales abundan comentarios de turistas sorprendidos al descubrir el cargo extra en su factura de hotel. Muchos lo confunden con un impuesto federal  e incluso con el recientemente creado Visitax estatal para turistas extranjeros o piensan que es una práctica particular de “su” hotel.

Rara vez se les explica claramente que es un derecho municipal aplicado a todos los huéspedes de la zona, esa falta de una comunicación uniforme y obligatoria por parte de las autoridades y hoteles ha llevado a que el derecho de saneamiento se perciba simplemente como “otro cobro más” al turista, sin que este tenga noción de su supuesto propósito ambiental.

Los hoteleros, por su lado, han expresado sentimientos encontrados. Si bien la mayoría ha acatado el cobro y lo incluye ya como parte de sus procesos de check-out (nadie quiere problemas legales con el municipio), también han criticado algunos aspectos. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres protestó abiertamente en 2023 contra el incremento de la tasa al 70% de UMA, argumentando que “no hay condiciones” para duplicar el costo al turista sin antes demostrar resultados, y pidieron al Congreso local que rechazara la subida. No tuvieron éxito la alza entró en vigor–, pero dejaron en claro su malestar.

“Actualmente los hoteles pagan 2 dólares por noche (30% UMA)… si sube a 4 dólares, se desincentiva la llegada de turismo”, advirtió la agrupación hotelera. Representantes como Jesús Almaguer (de la Asociación de Hoteles de Cancún) señalaron además que el destino estaba recaudando unos $250 millones en 2022 con la tarifa antigua, y que pretender más de $500 millones al año siguiente con la nueva era excesivo si no se transparentaba su uso.

En efecto, el cobro ha generado quejas tanto entre turistas como entre prestadores de servicios. Muchos lo consideran un desincentivo al turismo, especialmente tras los aumentos recientes. No es que unos cuantos dólares vayan a ahuyentar al viajero promedio (como reconocen incluso algunos legisladores del PVEM, “nadie deja de vacacionar por 5 o 10 dólares”), pero en un entorno de altísima competencia entre destinos, cada cargo suma. Cancún y la Riviera Maya ahora son ligeramente más caros que hace unos años debido a este derecho –que viene a agregarse a la lista de propinas, impuestos y “fees” que a veces sorprenden al turista en México. Los hoteleros temen que, de persistir la percepción de “cobros injustificados”, se afecte la satisfacción del visitante o se incline por destinos alternativos. Por ahora, Quintana Roo sigue rompiendo récords de llegada turística pese a la tasa ambiental, pero el tema se mantiene como foco de fricción entre la iniciativa privada y las autoridades.

Otros destinos: del dicho al hecho

Cabe destacar que Quintana Roo no es el único lugar de México (ni del mundo) que ha implementado un recargo turístico con fines ambientales. Destinos como Los Cabos, BCS y recientemente Puerto Vallarta, Jal. han aprobado esquemas similares.

Por ejemplo, Los Cabos comenzó a aplicar en 2022 un Derecho de Saneamiento Ambiental del 35% de UMA por habitación/noche, que generó alrededor de $100 millones de pesos en 2023. Tras algo de resistencia inicial, en Cabo San Lucas ya se han financiado con esos fondos obras concretas, como la pavimentación de calles y la construcción de una planta potabilizadora de agua. En Puerto Vallarta, el Congreso de Jalisco autorizó para 2025 un impuesto de $141 pesos por visitante extranjero que arribe al destino, con la promesa de invertirlo en mantenimiento e infraestructura turística, la gran diferencia, según observadores, está en el nivel de fiscalización y debate público.

En Jalisco, la creación del impuesto turístico vino acompañada de fuertes discusiones sobre cómo garantizar su correcta aplicación (participación empresarial en el fideicomiso, “candados” legales para que no termine en otros gastos, etc.). En Baja California Sur, el sector privado exigió un comité técnico con vigilancia ciudadana. En Quintana Roo, en cambio, el derecho se aprobó con relativa facilidad en 2018 y desde entonces la rendición de cuentas ha dependido más de la insistencia de los hoteleros que de una cultura de transparencia gubernamental.

La paradoja del derecho de saneamiento en Quintana Roo es evidente, mientras más turistas llegan, más dinero se recauda, pero también se intensifica el deterioro ambiental si ese dinero no se emplea correctamente. La medida es legal y está sustentada en normativas municipales, sí; pero su ejecución y destino final siguen siendo opacos, lo que erosiona la confianza. En un estado cuya principal fuente de ingresos es el turismo y cuyo mayor activo es la riqueza natural que atrae a esos turistas, el uso eficiente y transparente de cada peso destinado a la protección ambiental debería ser una prioridad incuestionable. De lo contrario, la cuota de saneamiento corre el riesgo de convertirse en un mero pretexto recaudatorio, un “gravamen fallido” alejado de sus fines originales.

Sólo mediante la rendición de cuentas, la participación ciudadana y resultados concretos en el terreno (playas limpias, ecosistemas resilientes, ciudades sostenibles) este parteaguas verde podrá realmente cumplir su promesa de equilibrar la balanza entre el éxito turístico y la preservación del paraíso que lo hace posible.

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22 y  Ley de Hacienda de Q. Roo; Ayuntamientos de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum; Fitch Ratings; Comité Técnico DSA Benito Juárez; Asociaciones de Hoteles de Riviera Maya y Tulum; medios; El Economista; Reportur; Tribuna de México, entre otros.

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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