• Si bien la CNBV actuó con rapidez al intervenir ambas instituciones y ordenar la transferencia de sus negocios fiduciarios a la banca de desarrollo, el riesgo operativo no está completamente disipado, sobre todo en lo que respecta al manejo de fideicomisos públicos asociados a deuda subnacional

 

Redacción / CAMBIO 22

Las finanzas de los estados y municipios estarían enfrentando posibles presiones ante las acusaciones por narcolavado que el gobierno de Estados Unidos dirigió contra CIBanco e Intercam, señaló Moody’s en un análisis publicado el 7 de julio.

Si bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) actuó con rapidez al intervenir ambas instituciones y ordenar la transferencia de sus negocios fiduciarios a la banca de desarrollo, el riesgo operativo no está completamente disipado, sobre todo en lo que respecta al manejo de fideicomisos públicos asociados a deuda subnacional.

De acuerdo con la calificadora, una de las principales preocupaciones es que, durante el periodo de transición, el fiduciario deje de cumplir puntualmente con los pagos comprometidos a los tenedores de deuda.

En ese escenario, los contratos firmados por estados y municipios otorgan a los acreedores la facultad de exigir el pago directo al emisor, lo que se traduciría en una presión directa sobre sus finanzas.

“En el caso de los estados y municipios, los contratos de deuda establecen que, ante una situación en que el fiduciario deje de efectuar los pagos oportunos, el banco puede exigir el pago directo del emisor, posiblemente generando presiones negativas en la fortaleza crediticia de la estructura de deuda y en la liquidez del emisor”, expuso Moody’s.

Esta situación abre una ventana de vulnerabilidad para los gobiernos locales, en particular aquellos que tienen altos niveles de endeudamiento o una débil capacidad institucional para reaccionar ante sustituciones de fiduciarios o revisiones contractuales.

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Aunque hasta el momento no se ha producido un incumplimiento, Moody’s señaló que estos pasivos contingentes podrían activarse si el proceso de escisión se complica, si surgen controversias legales o si los nuevos fiduciarios —probablemente entidades públicas— no logran ejecutar con la misma eficiencia las funciones asignadas.

En su informe, la calificadora también reconoció los esfuerzos regulatorios para mitigar este escenario.

“Aunque no se puede descartar que ciertos riesgos operativos persistan en el sector, esperamos que la intervención gerencial de parte de la Comisión Nacional Bancaria y Valores y la transferencia del negocio fiduciario ayudarán a mantener un funcionamiento normal de los fideicomisos durante un periodo de transición en donde la mayoría de los emisores probablemente llevarán a cabo sustituciones de fiduciario”, apuntó.

 

 

 

Fuente: Proceso

redaccion@diariocambio22.mx

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