Cuarto Muelle en Cozumel; Aprobado Desde el Poder, Detenido Desde la Conciencia

Doctora Candy Raygoza/CAMBIO 22

El cuarto muelle de cruceros en Cozumel no es un proyecto reciente ni accidental. Es resultado de decisiones tomadas desde el centro del poder político y económico, sin la debida consideración del impacto ecológico, social ni jurídico que representa. Su origen está documentado: fue incluido por el gobierno federal en el plan nacional de reactivación económica post-pandemia en octubre de 2020. Posteriormente, la concesión fue otorgada a la empresa Muelles del Caribe —propiedad de la familia Molina Casares— y publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2022. La Manifestación de Impacto Ambiental fue aprobada por la SEMARNAT en diciembre de 2021, en un proceso cuestionado por omitir la existencia del arrecife Villa Blanca y su biodiversidad viva.

Todo parecía encaminado. Sin embargo, colectivos ciudadanos, especialistas y organizaciones ambientales iniciaron una lucha jurídica que derivó en un amparo que suspendió provisional y luego definitivamente las obras en junio de 2023. Las irregularidades en la MIA, la falta de consulta pública adecuada y el potencial daño irreversible al sistema arrecifal fueron razones suficientes para frenar temporalmente la ejecución.

En junio de 2025, la SEMARNAT admitió un recurso de revisión contra la autorización ambiental, reconociendo que se omitieron elementos técnicos esenciales y que el proyecto debía ser investigado a fondo antes de permitir cualquier acción adicional. Es decir, el propio Estado comenzó a corregir lo que el propio Estado autorizó apresuradamente.

Y ahora, en julio de 2025, se anuncia una consulta ciudadana en Cozumel para decidir el destino del proyecto. Un ejercicio que ha sido impulsado por el senador de Morena, Eugenio “Gino” Segura, quien ha asumido una postura clara y crítica sobre la ubicación del muelle. Si bien no rechaza el muelle como idea en abstracto, sí ha dicho con firmeza que no puede construirse a costa de la biodiversidad marina ni del interés comunitario.

“Hay que revisar muy bien en dónde se construirá el cuarto muelle, porque si puede tener una implicación ambiental negativa y una implicación social negativa, mi postura sería en contra”, declaró el senador en entrevista con medios estatales.

Segura ha señalado que la zona elegida para construir —Villa Blanca— es de acceso público para el snorkel y forma parte de una barrera arrecifal que merece protección. Su llamado ha sido a que la ciudadanía decida informadamente, pero también a que el Estado actúe con responsabilidad jurídica.

“Este foro no parte de cero. Se suma al trabajo que el pueblo de Cozumel ha venido realizando desde hace años. De lograrse la cancelación del cuarto muelle, será un logro del pueblo, y solo del pueblo”, afirmó durante el foro ciudadano “El Pueblo Decide”, realizado en Cozumel el 29 de junio.

Pero hay algo que no puede olvidarse: la legalidad no se consulta. Se respeta.
Los derechos constitucionales y ambientales no pueden someterse al vaivén de las urnas ni a una consulta mediática. El artículo 4º de la Constitución reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano. Las leyes generales en materia ecológica, así como los tratados internacionales ratificados por México, imponen al Estado la obligación de proteger sus ecosistemas. No basta con escuchar al pueblo: hay que cumplir con la ley.

La consulta se da, además, en un contexto social de profundo abandono. Cozumel sufre deficiencias estructurales: calles sin pavimentar, drenajes colapsados, colonias con desabasto de agua potable, una creciente ola de inseguridad y robos, y una desigualdad cada vez más marcada entre el desarrollo turístico y la vida cotidiana de sus habitantes. En lugar de atender estas prioridades, se insiste en imponer una obra millonaria que no resuelve ninguna necesidad urgente de la población.

Desde la visión de una cultura de paz ambiental, lo que se necesita no es otro muelle, sino justicia ecológica, equilibrio territorial y participación ciudadana con fundamento jurídico. Urge una Ley General de Cultura de Paz a nivel nacional y marcos normativos estatales en entidades como Quintana Roo, que han sido sometidas durante décadas al extractivismo disfrazado de progreso.

Porque sí: los corales no votan. Las tortugas no llenan encuestas. La vida marina no asiste a foros.
Pero está ahí. Y depende de nuestra conciencia, nuestra ética y nuestro deber jurídico defenderla.

El cuarto muelle fue aprobado desde el poder, pero puede y debe ser detenido desde la conciencia.

Dra. Candy Raygoza. Abogada, Psicoterapeuta especializada en Hipnosis y Tanatología.

Maestría en Derechos Humanos, Doctora en Derecho.

Presidenta Nacional y Fundadadora de Líderes Juaristas A.C.

Presidenta de la COMNAPAZ en QRoo.

Colaboradora en Diario Cambio 22.

redaccionqroo@cambio22.mx

HTR/RCM