Farsa institucional en la Protección del Medio Ambiente en la Península de Yucatán; Comunidad Menonita Contribuye a la Devastación de la Selva

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/Redacción/CAMBIO 22  
La Península de Yucatán es una de las zonas más ricas en recursos naturales en el país, pero también es la que presenta un alto grado de deterioro debido a la farsa que el gobierno ha montado en torno a la normatividad, la cual queda al arbitrio de los intereses políticos y económicos de unos cuantos, entre ellos, el gobierno federal.

La Península de Yucatán es una región con una riqueza natural significativa que desempeña un papel importante a nivel global, especialmente en términos de biodiversidad, recursos hídricos y sostenibilidad ambiental.

Además, la región tiene un gran potencial para la generación de energía solar, lo que la convierte en un área relevante para el desarrollo de energías renovables.

La Península de Yucatán también alberga una diversidad de ecosistemas únicos, como la selva baja espinosa, que es un tipo particular de selva situada a lo largo de una franja que se extiende tierra adentro en forma paralela a la costa norte del estado. Esta región alberga una importante riqueza de especies endémicas.

Los recursos naturales de la Península de Yucatán son fundamentales para el desarrollo sostenible, la biodiversidad y la economía local, y su importancia a nivel global se debe a su riqueza ecológica y potencial para el desarrollo de energías renovables.

Ante la gran riqueza natural en la zona, inversores nacionales y extranjeros, así como instancias de los tres niveles de gobierno, actúan en contubernio o por separado para destruir de esos recursos naturales, que no son son el fundamento de las actividades económicas y sociales en la zona, sino un patrimonio natural de toda la humanidad.

Por la indolencia institucional, la Península de Yucatán se ha convertido en tierra de nadie en materia de protección a la biodiversidad, por ello es que la comunidad menonita que empezó a asentarse en la región durante la última década del Siglo XX y la primera del XXI, se ha dedicado a desforestar sin respetar ninguna regla, a ellos lo que les interesa es producir y no les importa destruir con químicos y con desmontes la riqueza natural de los pueblos originarios.

De acuerdo a información proporcionada a este columna por el colega Manuel Jesús Ortega Canché, en 2021, un censo realizado por la propia comunidad menonita reportó alrededor de mil 500 personas (adultos y menores) en el ejido Salamanca. Esta cifra incluye a las aproximadamente 300 familias que residen en la colonia, provenientes de Belice, pero también de estados como Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Campeche.

Organizaciones ambientalistas y comunidades mayas de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, desde hace años han venido denunciando a la comunidad menonita de destruir amplias zonas de selva, sin los permisos respectivos, pero fueron ignorados por autoridades ambientales.

Algunas familias menonitas llegaron a Bacalar en 1997, compraron una hectárea de tierra, para después extender por toda la Península de Yucatán, donde ahora son dueños de amplias extensiones, recordó el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid.

El entonces gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, a partir del 2009 apoyó en Hopelchen a los menonitas con programas agropecuarios, con el argumento que eran los únicos que producían en el campo.

Durante el mes de junio, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que esta comunidad ha destruido unas dos mil 600 hectáreas en los tres estados de la Península de Yucatán, sin embargo, ejidatarios y activistas consideran que el número de hectáreas dañadas es mayor.
La dependencia del gobierno federal inspeccionó en Quintana Roo al ejido de Piedras Negras, ubicado en el municipio de José María Morelos, donde se detectó el cambio de uso de suelo en 10.68 hectáreas de terreno forestal con vegetación nativa de selva.

En este lugar se removieron en total y sin autorización 1,057.33 metros cúbicos de especies nativas de selva, entre las que se encuentran varias en peligro de extinción.
En Othón P. Blanco, en el ejido Juan Sarabia, se detectó el cambio de uso de suelo sin autorización en  una superficie de 437.517 hectáreas.

Entre las especies desmontadas en esta zona se encuentran jobillo, la palma de guano kum, la palma chit y la palma zamia, también en peligro de extinsión.

En Quintana Roo se clausuraron 3 predios, con una extensión total de mil 300.5 hectáreas, desmontadas ilegalmente por la comunidad menonita.

Por su parte, la regidora del Ayuntamiento de Bacalar, Oneyda Cuxin Irigoyen, hizo un llamado a las autoridades ejidales a que ya no le vendan tierras a integrantes de la comunidad menonita porque no acatan los lineamientos de desmonte, por lo que por años han ido deforestando la región.
Juan Manuel Herrera, presidente del Ejido Aaron Merino, tiene siete años levantando la voz sobre este tema, pero sus llamados no tienen eco en las autoridades ambientales del país.

Desde el año 2023, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable solicitó la intervención de autoridades ambientales para detener la deforestación en Bacalar, donde unas 60 mil hectáreas se habían dañado, la mayoría, por las personas de la referida comunidad.
El mismo organismo civil considera que a este tipo de deforestación se suman las seis mil hectáreas de selva que se deforestaron para construir el Tren Maya, solo en Quintana Roo, donde se practica aquello de que “es más barato pedir perdón que pedir permiso” en materia ambiental

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