No es Discriminación: es Defensa del Territorio y de la Vida

• “La paz con la Tierra es la base de toda paz duradera entre los pueblos.”

• Entendamos la Tierra como viva y sujeto de dignidad. No puede ser apropiada de forma individual por nadie, ni hecha mercancía, ni sufrir agresión sistemática por ningún modo de producción.

• Pertenece comunitariamente a todos los que la habitan y al conjunto de los ecosistemas. (Declaración Universal sobre el Bien Común de la Tierra y de la Humanidad)

• Que las clausuras no sean la excepción, sino el principio de una política ambiental firme y pareja.

Candy Raygoza/CAMBIO 22

La reciente clausura de más de 2,600 hectáreas de selva en Yucatán, Campeche y Quintana Roo por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) representa un precedente necesario, pero no suficiente. En los siete predios clausurados se comprobó la remoción ilegal de vegetación y el cambio de uso de suelo forestal sin autorización, en zonas donde se ha expandido la presencia de comunidades menonitas.

Estas acciones confirman lo que desde hace años vienen denunciando pueblos originarios, campesinos, ambientalistas y apicultores: donde se instalan asentamientos menonitas —como en los ejidos de Piedras Negras (José María Morelos), Juan Sarabia (Othón P. Blanco) o Salamanca (Bacalar)— se impone una lógica agroindustrial que arrasa con la selva, envenena los suelos, contamina los mantos freáticos y pone en riesgo la vida silvestre, incluyendo a las abejas, cuya desaparición compromete la polinización y el equilibrio ecológico.

No se trata de un juicio cultural ni de una postura discriminatoria, sino de hechos verificables: tala sin control, uso intensivo de agroquímicos altamente tóxicos como carbofurán, clorpirifós, imidacloprid y, especialmente, glifosato —fabricado por Monsanto-Bayer y prohibido en numerosos países—, así como la transformación acelerada de ecosistemas en monocultivos mecanizados que agotan y empobrecen la tierra.

La colonia menonita Salamanca, en Bacalar, es uno de los casos más alarmantes. Desde su fundación en 2001, ha deforestado más de 4,600 hectáreas sin que existan registros públicos de cambio de uso de suelo autorizado. Hoy, Bacalar es el municipio más deforestado de Quintana Roo: más de 52 mil hectáreas de selva han sido eliminadas tan solo en los últimos nueve años. Se trata de una pérdida ecológica de dimensiones irreversibles.

En virtud de lo anterior, solicito a las autoridades correspondientes poner atención a las siguientes PETICIONES:

1. Que las medidas impuestas por Profepa en otros estados se apliquen de inmediato y con la misma contundencia a todos los asentamientos menonitas de Quintana Roo, especialmente Salamanca y El Bajío, donde operan en evidente violación a la legislación ambiental.

2. Que Semarnat, Sader y otras instancias federales asuman su responsabilidad frente al uso indiscriminado de agroquímicos prohibidos o de alta toxicidad, al acaparamiento de tierras ejidales mediante contratos irregulares, y a la omisión en la vigilancia ambiental.

3. Que el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y la Fiscalía Ambiental, vigile, investigue y sancione con energía. Porque la selva no se recupera con discursos ni con buenas intenciones.

4. Que se convoque a las comunidades locales, pueblos mayas, ejidos y organizaciones civiles a construir un modelo alternativo de producción, donde el respeto a la tierra, al agua, a los polinizadores y a la vida esté por encima de cualquier interés privado.

Esto no es exclusión ni discriminación, es defensa legítima del territorio. Es proteger el país que recibió a estas comunidades bajo condiciones de hospitalidad y respeto mutuo. Pero la hospitalidad no puede ser sinónimo de impunidad. El marco legal ambiental existe, y debe aplicarse sin excepción.

Porque el futuro de Quintana Roo no puede construirse sobre cenizas, ni con el silencio cómplice ante la devastación ecológica.

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Candy Raygoza, es Abogada, Maestrante en Derechos Humanos, Maestra en Psicoterapia Humanista, especialista en Tanatología e Hipnosis. Doctora en Derecho, experta en Estudios sobre Cultura de Paz. Colaboradora de Diario CAMBIO 22.

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