Destinarán Recursos del Derecho de Saneamiento Ambiental para Combate al Sargazo en Cancún

Jimena Madrigal/ CAMBIO 22

A fin de reforzar las acciones de recolección de sargazo en Cancún, el síndico en el ayuntamiento de Benito Juárez, Miguel Ángel Zenteno, informó que se analiza la posibilidad de destinar parte de los recursos del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA) para hacer frente a la situación que enfrentan actualmente los arenales.

El síndico recordó que el año pasado se logró una recaudación superior a los 800 millones de pesos en la que cabe recordar que el 16% de ese recurso corresponden al mantenimiento de playas, y aunque este fenómeno no es una contingencia hidrometeorológica, podría incluirse dentro del concepto de limpieza de playas pero esta decisión debe ser avalada por el fideicomiso del derecho de saneamiento ambiental.

Miguel Ángel Centeno también detalló que existe un fondo de contingencias derivado del impuesto, y que los recursos no utilizados suelen reintegrarse para futuros proyectos por lo que en próximos días estarán sesionando ya que se requiere de hacer modificaciones a las reglas de operación del fideicomiso.

Zenteno señaló que, jurídicamente, se podría plantear ante el Comité Técnico del fideicomiso -integrado en un 50% por hoteleros- una modificación a las reglas de operación para permitir el uso de estos recursos en la lucha contra el sargazo.

Añadió que la situación actual requiere recursos urgentes, pues “no hay dinero ni manos que alcance” para contener la problemática y esperan que el fideicomiso avalé la posibilidad de destinar mayor recursos para mantener libres de sargazo.

La propuesta surge en un contexto de creciente presión por parte del sector turístico, que ha advertido sobre la insuficiencia de los fondos actuales para enfrentar el problema. El presupuesto estatal de 130 millones de pesos para 2025 ha sido calificado como limitado, y los hoteleros han tenido que asumir parte de los costos de limpieza por su cuenta.

El uso del DSA para combatir el sargazo podría representar una solución inmediata, aunque requerirá consenso político, respaldo técnico y ajustes normativos, insistió.

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