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• Un estudio del grupo Ambientalista CEMDA y analizado por InSight Crime, establece que los megaproyectos de infraestructura, como el Tren Maya suelen provocar ataques contra defensores ambientales en México.

 

Redacción/CAMBIO 22

Los grupos criminales en México se han incrustado profundamente en las disputas por la tierra y los recursos naturales −no solo mediante economías ilegales como la minería y la tala, sino también a través del control territorial en regiones donde el Estado es débil o cómplice−.

En muchos casos, el crimen organizado no actúa solo; opera junto a −o con el respaldo de− funcionarios públicos, empresas privadas y autoridades locales.

InSight Crime habló con Felipe Romero e Itzel Arteaga, autores del reciente “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México (2024)” del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una organización que documenta y denuncia la violencia contra los defensores ambientales en el país.

Su trabajo arroja luz sobre una realidad tan sombría como persistente: a medida que el crimen organizado amplía su presencia en territorios ricos en recursos, quienes protegen la tierra, los bosques y el agua se convierten cada vez más en blancos.}

InSight Crime: A pesar de que en 2024 se registraron menos eventos violentos en comparación con 2023, aumentaron los ataques letales. ¿Qué nos dice esto sobre la evolución de las amenazas contra los defensores ambientales en México?

FR: Hemos identificado siempre un número importante de agresiones. En 2014, identificamos 78 eventos de agresión y cuatro agresiones letales, lo cual es un número alto. Si bien estas cifras eran preocupantes, no eran tan altas como ahora que hemos identificado arriba de 100 agresiones o eventos de agresión. Evidentemente, no es un análisis exhaustivo, pero sí es un reflejo de lo que pasa en México.

IC: ¿Existen zonas en el país que aparezcan de forma recurrente como focos de agresiones del crimen organizado?

FR: Nosotros platicamos con muchas personas que están amenazadas por el crimen organizado. Nos parece que los datos que nosotros recogemos no reflejan la gravedad del problema.

El año pasado hubo gente del estado de México, de Chihuahua, de Sinaloa, de Sonora, de Baja California, que nos dijo: “No quiero dar información porque me pongo en un riesgo mayor”. También hemos identificado participación del crimen organizado en otros estados: desde Michoacán, Colima, Jalisco, Sonora y las Baja California.

IA: En Chiapas, hay varios grupos de crimen organizado que se están disputando el territorio y eso genera un montón de agresiones, incluso que no se logran documentar porque no se tiene la información, ni siquiera por contacto directo, porque la gente tiene temor. También diría, que Chihuahua es un ejemplo de esa presencia tan fuerte del crimen organizado que ya no está habiendo presencia estatal. Tenemos una asesoría relacionada con la Sierra Tarahumara, en la cual las personas, literalmente, son desplazadas de sus comunidades. Ya no hay maestros, no hay médicos, no hay abogados, no hay gente en las comunidades, porque el crimen organizado tiene una presencia muy fuerte.

IC: Muchos ataques se cometen con el objetivo de “proteger” megaproyectos. ¿Qué papel desempeña el crimen organizado en estos proyectos y cómo ha evolucionado ese rol?

IA: Hay muchos megaproyectos en México. ¿Quiénes son los actores dentro de estos megaproyectos? Pues el Estado, las empresas privadas y el crimen organizado.

Nosotros tenemos categorías de quienes son las principales víctimas, y las principales año a año son las comunidades indígenas que realmente son quienes protegen los territorios y las tierras conforme a su cosmovisión. Entonces, no es casualidad que sean las principales atacadas, dado que son los guardianes de los territorios en donde se pretenden implementar los megaproyectos.

IC: ¿Qué patrones están surgiendo en regiones donde los grupos criminales actúan como poderes territoriales de facto? ¿Cómo afectan estas dinámicas la capacidad de organización y resistencia de las personas defensoras?

FR: Un ejemplo puede ser el caso de la comunidad de Ostula, [Michoacán], que nos parece que hay una lucha fuerte por el control del territorio y por la defensa sobre todo de las comunidades. Donde el Estado no existe, donde las comunidades tienen policías comunitarias o, incluso, autodefensas, y hay una batalla real contra el crimen organizado. Entonces la desaparición es un ejemplo claro de la presencia del crimen organizado, de la ausencia del Estado, de la lucha que tuvieron que hacer las comunidades para organizarse y conformar una defensa armada, realmente, porque no hay de otra.

IC: Algunos de los casos más alarmantes involucran tanto a grupos criminales como a fuerzas de seguridad del Estado −a veces actuando en conjunto−. ¿Qué revela esto sobre la permeabilidad entre el Estado y el crimen organizado en México?

FR: Un caso es el de Higinio Cruz en Guadalajara. Higinio era una persona defensora muy activa en contra de proyectos forestales, en contra de la deforestación y de la extracción de madera, pero también en contra de proyectos mineros en su región. Lo cita una autoridad municipal.

Él llega al ayuntamiento, tiene la reunión. Se tiene información de que a él lo sacan por atrás de las instalaciones.

Lo saca el crimen organizado y, se entiende, que fue el Ayuntamiento, la autoridad municipal, quien entregó a este defensor al crimen organizado.

E Higinio desaparece. Unos días después es encontrado su cuerpo. Este tipo de ejemplos visibiliza el tipo de problema más grave que se está presentando en México, con ciertas características: comunidades indígenas, territorios con recursos naturales, presencia del crimen organizado, intereses de empresas mineras o transnacionales en esos recursos, ausencia del Estado, y la presencia de agresiones letales y otros tipos de agresiones en contra de personas defensoras y de las comunidades.

IC: El informe menciona un aumento en las tácticas de criminalización. ¿Cómo se da esta criminalización?

IA: Las personas criminalizadas son principalmente los líderes del movimiento, del colectivo que se esté oponiendo a tal proyecto. La criminalización es en sí una agresión que realiza el Estado, porque están utilizando instituciones del Estado para poder hacer esta acusación falsa. Pero a veces las propias empresas incentivan estos procesos. Es decir, las empresas denuncian a las personas defensoras y el Estado se presta para llevar la investigación en contra de una persona defensora, sin tomar en consideración este contexto.

FR: Hay un caso que me resuena un montón porque es un abogado en Quintana Roo que presenta una acción legal en contra de un proyecto inmobiliario, porque este proyecto no tiene autorización de impacto ambiental, e inmediatamente se desata toda la fuerza del Estado sobre él porque le allanan su domicilio, sus cuentas bancarias se las detienen, lo acusan de algunos delitos. Y recuerdo bien la nota que decía que el abogado estaba presentando una acción legal sin tener razón. Era como absurdo.

IC: ¿Qué cambios −si los hay− han observado en la respuesta del Estado desde que CEMDA comenzó a publicar estos informes hace más de una década? ¿Alguna reforma, institución o política ha logrado marcar una diferencia?

FR: Es oportuno hablar del Acuerdo de Escazú ya que es una ventana de oportunidad muy pertinente. El acuerdo de Escazú en su artículo nueve habla de las obligaciones de los Estados para garantizar contextos seguros y propicios para realizar la labor de defensa ambiental y en otros dos párrafos habla de las acciones preventivas que los Estados tienen que hacer. Y, en ese marco, cabe realmente una política fuerte, que vaya a las causas estructurales de la violencia en México en asuntos ambientales. Y, por otra parte, los Estados tienen que implementar medidas de reacción, que cuando ya hay una agresión, haya un mecanismo de protección para esas personas defensoras.

IA: La respuesta del Estado también depende de la voluntad política de quienes ocupen los cargos con poder de decisión. En algún momento hubo una línea de estigmatización a la labor de personas defensoras muy marcada, y eso generó una línea de trabajo, probablemente implícita, de no colaborar tanto con personas defensoras, con organizaciones de la sociedad civil, etcétera.

 

 

 

Fuente Insight Crime/Sistema de Notícias CAMBIO 22

redaccionqroo@cambio22.mx

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