
El Arquitecto de CDMX que Despojó a una Familia Indígena Maya y Utilizó el Dinero Para Crear un Imperio en Xcaret, Quintana Roo
8 Jun. 2025
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El arquitecto Miguel Quintana Pali vendió muebles en CDMX y fundó un emporio turístico en Quintana Roo, hoy es uno de los millonarios más influyentes del país y goza de insultante Impunidad
Redacción / CAMBIO 22
En la década de 1980, mucho antes de que Xcaret se convirtiera en un emblema del turismo ecológico en Quintana Roo, la zona vivió un capítulo oscuro de despojo de tierras y maniobras turbias, familias locales –en su mayoría de origen maya– fueron desplazadas o engañadas para ceder terrenos costeros de alto valor, abriendo paso a un ambicioso proyecto turístico.
Este reportaje investigativo explora cómo un paraíso natural y arqueológico pasó de manos comunales a una empresa privada, qué métodos (legales o irregulares) se emplearon, quiénes fueron los afectados, el contexto político-económico que lo permitió y las implicaciones legales derivadas.

Quintana Roo en los 80: turismo en expansión y tierra en disputa
A inicios de los años 80, Quintana Roo experimentaba un auge turístico sin precedentes, el éxito planeado de Cancún en los 70 impulsó al gobierno federal (vía FONATUR) y a inversionistas privados a mirar más al sur, hacia la selva virgen y las costas solitarias de la actual Riviera Maya.
En aquella época Playa del Carmen era apenas un pueblo pesquero, rodeado de ejidos y ranchos, donde la tierra –aunque rica en belleza natural– tenía un precio bajo ante la falta de desarrollo. Este escenario de economía deprimida y políticas centralistas resultó propicio para que actores poderosos aprovecharan la situación: bajo el discurso oficial de “fomentar el desarrollo turístico”, se facilitó la adquisición masiva de terrenos costeros por particulares, muchas veces mediante expropiaciones o compras a precios irrisorios.

El contexto político estaba dominado por el PRI, partido hegemónico cuyo entramado de poder en Quintana Roo permitía manejar a discreción concesiones y permisos, gobernadores de la época, como Pedro Joaquín Coldwell (1981–1987) y Miguel Borge Martín (1987–1993), promovían la inversión turística para detonar la economía estatal, sin embargo, esa prisa por el progreso vino acompañada de irregularidades en la tenencia de la tierra, una “compleja red” de instituciones y funcionarios facilitó que muchos predios costeros cambiaran de manos, desplazando a ejidatarios y pequeños propietarios mediante expropiaciones forzosas, reubicaciones violentas o compra-ventas amañadas.

En palabras del investigador Gustavo Marín, en esos años “se apelaba a la supuesta legalidad para despojar a pequeños propietarios”, entregando tierras a privados a un valor por debajo del real, en un ambiente donde imperaban la intimidación, la corrupción y la impunidad.
Es en este marco que se gestó el caso de Xcaret, paradigmático de cómo los paraísos naturales del Caribe mexicano pasaron a ser propiedades de corporativos turísticos. A continuación, reconstruimos la cronología del despojo en la zona de Xcaret durante los 80, desde las primeras adquisiciones hasta la apertura del parque en 1990.
De ejido maya a parque privado: adquisición de los terrenos de Xcaret
El área donde hoy se ubica Xcaret –antiguamente conocida como Polé, sitio de caletas, cenotes y vestigios mayas– era territorio utilizado por pobladores locales mucho antes de su desarrollo turístico. Según registros históricos, la zona formaba parte de terrenos ejidales o comunales tras la creación del estado de Quintana Roo (1974), varias familias mayas habitaban o trabajaban esas tierras, dedicadas a la pesca, la milpa y el aprovechamiento del coco, una de esas propiedades era conocida como “Rancho Xcaret”, nombre con el que los lugareños identificaban aquel paraje costero.
En 1984, un arquitecto originario de la Ciudad de México, Miguel Quintana Pali, visitó la Riviera Maya y quedó fascinado con el lugar. Ese año, Quintana Pali –quien entonces tenía negocios de venta de muebles en la capital– compró cinco hectáreas de terreno en la zona de Rancho Xcaret, supuestamente con la intención inicial de construir una casa de campo, la transacción marcó el inicio de un cambio drástico para la comunidad local.
Diversas fuentes señalan que el predio adquirido pertenecía a una familia indígena maya asentada ahí desde hacía generaciones, dicha familia habría sido convencida de vender la parcela a un precio muy por debajo de su valor potencial, de hecho, el propio Quintana Pali admitió que pudo comprar esas primeras 5 ha gracias a que pocos veían valor en la selva con cenotes en aquel entonces.
Sin embargo, al comenzar a desmontar el terreno, Quintana descubrió que ocultaba maravillas naturales: ríos subterráneos, cenotes cristalinos y restos arqueológicos mayas. Aquello transformó su plan personal en una visión empresarial, decidió crear un parque ecoturístico en vez de una casa, así nació el proyecto Xcaret, pero cinco hectáreas resultaban insuficientes para el parque que imaginaba. Según relata, negoció la anexión de otras 60 hectáreas adyacentes.

¿De quién eran esas tierras adicionales?
Todo indica que pertenecían a las mismas familias mayas locales o a sus vecinos. En la práctica, Quintana fue comprando o absorbiendo los predios colindantes hasta conformar un polígono continuo de aproximadamente 80 hectáreas, superficie con la que Xcaret finalmente abrió sus puertas en 1990.
Engaños y presiones a los propietarios originales
Los testimonios sobre cómo se obtuvo esa tierra extra de Xcaret apuntan a métodos cuestionables. Habitantes de comunidades mayas en la región han narrado patrones de engaño similares en varios proyectos turísticos: enviados de los inversionistas llegan con promesas y manipulaciones para convencer a la gente de vender. En el caso de Xcaret en los 80, aunque hay poco registro público de las negociaciones, por analogía con hechos más recientes del Grupo Xcaret, es posible imaginar lo ocurrido, por ejemplo, en 2016-2017, el mismo grupo adquirió terrenos ejidales en Yucatán (parque Xibalbá) utilizando mentiras y sobornos a autoridades locales.

Campesinos de la comisaría de Yalcobá relataron cómo unos emisarios los abordaron diciéndoles que “la tierra ya no producía” y que “sembrar maíz sólo los dejaría en la miseria”; les aseguraron que vendiéndola obtendrían dinero para poner un negocio, aprovechando la difícil situación económica que atravesaban. A cambio, esos enviados –calificados como “paleros” por los ejidatarios– pagaron precios bajísimos por hectáreas fértiles, con el único objetivo de revender o transferir luego todo el paquete al Grupo Xcaret.
Es razonable suponer que durante los años 80 en Playa del Carmen sucedió algo parecido. Fuentes periodísticas contemporáneas señalan que Miguel Quintana Pali y sus socios lograron obtener terrenos clave “apelando a la persuasión económica y tomando ventaja de localidades pobres con expectativas de progreso”.
En otras palabras, ofrecieron dinero rápido a familias necesitadas, convenciéndolas de que sus predios carecían de valor o que de todos modos serían expropiados por el gobierno. Así, varias familias mayas vendieron sus solares de selva costera por sumas irrisorias –en algunos casos apenas unos cuantos pesos por hectárea– sin imaginar que sobre ellos se levantaría un negocio millonario.
Aunque los nombres de las familias afectadas no suelen mencionarse en los medios (posiblemente por temor o acuerdos de confidencialidad), se sabe que al menos una familia local perdió prácticamente todas sus tierras en la zona de la caleta de Polé tras negociar con Quintana, aquellos antiguos dueños, al verse sin sus parcelas y sin el acceso tradicional a la costa, fueron desplazados del lugar –física y económicamente–, obligados a reubicarse tierra adentro o a emigrar en busca de sustento.

Irregularidades legales y ambientales en la construcción del parque
Con la tierra ya en manos de los inversionistas, comenzó a finales de los 80 la construcción de Xcaret, concebido como un parque eco-arqueológico único, no obstante, desde sus inicios la obra estuvo plagada de violaciones a las leyes ambientales y falta de permisos. En aquella época, la legislación exigía presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para proyectos turísticos de ese calibre, pero Xcaret inició trabajos sin contar con dicha autorización. Deforestación no autorizada, modificaciones al cauce de ríos subterráneos y afectaciones a flora y fauna protegida fueron denunciadas por organizaciones ambientalistas locales durante la edificación del parque.
La entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) –dependencia federal precursora de la actual Semarnat– intervino tras las quejas. La titular de SEDUE en Quintana Roo, Graciela Arroyo Pichardo, realizó una inspección en plena obra y constató graves irregularidades.
Según recuerda la ambientalista Aracely Domínguez (fundadora del Grupo Ecologista del Mayab), “se dieron cuenta de todas las violaciones,en la primera fase [los constructores] arrasaron 100% la vegetación nativa, retiraron selva mediana y hasta colocaron palmas foráneas en lugar de las especies originales protegidas”, ante este panorama, SEDUE ordenó la suspensión de las obras y aplicó sanciones administrativas en cascada a la empresa promotora de Xcaret.
Sin embargo, en el clima político de fines de los 80, las sanciones no frenaron el proyecto, pese a las clausuras temporales y multas impuestas, los desarrolladores de Xcaret encontraron resquicios –o bien obtuvieron apoyos desde el poder– para continuar la construcción, de hecho, Xcaret terminó de edificarse y abrió al público en diciembre de 1990, sin haber obtenido la MIA en regla durante el proceso. Esta aparente impunidad se explica en parte por la influencia política de los promotores: Miguel Quintana Pali se asoció con empresarios locales de peso, los hermanos Óscar, Marcos y Carlos Constandse, miembros de una familia yucateca con conexiones en altos círculos.
Carlos Constandse, en particular, tenía lazos familiares con el poderoso priísta Roberto Madrazo (eran primos políticos), y llegó a ocupar posiciones en el gobierno de Quintana Roo años más tarde. Por su parte, Quintana Pali se convirtió en cuñado de José Ángel Gurría (Secretario de Hacienda federal en los 90).
Estas relaciones sugieren que Xcaret contó con padrinazgo político, lo que explicaría la tolerancia de las autoridades pese a las irregularidades, durante sexenios posteriores el Grupo Xcaret obtuvo autorizaciones ambientales “de manera exprés” para nuevos proyectos, reflejo de sus cómodos vínculos con el poder.
Las implicaciones legales de aquellas violaciones ambientales se limitaron a sanciones menores, no hubo consecuencias penales para los responsables de la obra. El caso refleja la norma de la época: los desarrollos turísticos, aun iniciados ilegalmente, eran eventualmente regularizados mediante multas que los empresarios pagaban como “coste de hacer negocios”.

Años después se supo, por ejemplo, que tras la muerte de cientos de peces por las obras de Xcaret, la empresa apenas recibió una multa simbólica, y más recientemente por la muerte accidental de un menor en una atracción se impuso una multa de 150 mil pesos –una suma irrisoria frente a sus ganancias.
Otro aspecto legal fue la presencia de una zona arqueológica dentro del predio, Xcaret abarca parte del antiguo puerto maya de Polé, con ruinas prehispánicas esparcidas en la selva, conforme a la ley federal de 1972, esos vestigios son propiedad de la nación y quedan bajo custodia del INAH, que usualmente expropia o asegura la porción de terreno donde se ubican para abrirla al público oficialmente.
En Xcaret, inicialmente los promotores incorporaron las ruinas al parque sin autorización plena, construyeron senderos y hasta decoraron estructuras con vegetación ornamental (como buganvilias) para que lucieran integradas a la atracción privada.
Esto motivó roces con el INAH, que durante años obligó al parque a retirar construcciones ajenas sobre los monumentos y a separar la zona arqueológica del resto de las instalaciones, finalmente, se estableció un acceso público independiente a las ruinas –que legalmente no pueden cobrarse dentro de la entrada al parque–. No obstante, en la práctica Xcaret capitaliza la presencia de ese patrimonio histórico en su marketing, habiendo incluso contribuido financieramente a su restauración para mejorar la “escenografía” cultural del parque. Este caso sienta un precedente polémico de colaboración público-privada, en vez de expropiar y manejar Polé como sitio arqueológico autónomo, el INAH aceptó un arreglo donde la empresa costeó trabajos a cambio de que las ruinas quedaran dentro del circuito turístico de Xcaret.

Comunidades desplazadas y reacción local
Para las familias locales, las consecuencias del surgimiento de Xcaret fueron profundas, más allá de la pérdida directa de tierras, hubo un desplazamiento de modo de vida y acceso tradicional al territorio.
Antes de Xcaret, la caleta de Polé y sus playas eran utilizadas libremente por pescadores de Playa del Carmen y pobladores de poblados cercanos, se trataba de un espacio común para pescar, recolectar cocoteros o simplemente disfrutar del mar pagando quizá una cuota mínima a la cooperativa local, con la llegada del parque, esa realidad cambió drásticamente: el acceso público se cerró por completo una vez inaugurado Xcaret.
Las tarifas de entrada impuestas por la empresa fueron inaccesibles para la mayoría de los habitantes locales, enfocándose el negocio al turismo internacional de alto poder adquisitivo, en palabras de un activista, “se privatizó el lugar, dejando de lado al visitante nacional y local”, muchos habitantes de Playa del Carmen resintieron que un sitio que consideraban parte de su patrimonio natural ahora estuviera vallado y reservado a quienes pudieran pagar.

A los antiguos dueños ejidatarios o rancheros tampoco les fue bien a largo plazo, la mayor parte terminó con el dinero de la venta gastado en pocos años, sin tierras a las cuales regresar, no se tiene noticia de que hayan emprendido acciones legales de reversión o denuncias formales por fraude; probablemente firmaron contratos de compraventa aparentemente legales –quizá bajo presión– que hicieron difícil reclamar posteriormente, en los 80 no existían mecanismos efectivos de defensa para campesinos en tales situaciones, la Procuraduría Agraria apenas iniciaba su labor y el ambiente local disuadía enfrentar a empresarios conectados.
Un indicador indirecto del impacto social es la disminución de población local en la zona en la década siguiente. Datos censales muestran que localidades rurales cercanas a desarrollos turísticos sufrieron estancamiento o caída demográfica mientras crecían los centros urbanos de servicios. Por ejemplo, entre 1990 y 2000 varias pequeñas comunidades mayas del municipio Solidaridad vieron migrar a sus habitantes, quedando reducidas a la mitad.
Si bien Xcaret trajo empleos (el parque contrató a decenas de pobladores como obreros y luego como personal de operación), la dinámica ejidal tradicional se fracturó. Donde antes familias extendidas vivían de la tierra, ahora muchos pasaron a ser empleados en tierra ajena.
Organizaciones como el Comité de Defensa de Tierras Ejidales de la región maya han señalado que casos como Xcaret representan una forma de “destierro silencioso”, el indígena vende su tierra sin ser físicamente expulsado a la fuerza, pero a la larga queda excluido de ella y de sus frutos, asimilado como mano de obra en proyectos de otros. Esta pérdida de autonomía territorial tuvo eco en la conciencia local tiempo después, alimentando movimientos de resistencia al despojo en Quintana Roo y Yucatán. Sin embargo, en los años 80 esas resistencias apenas comenzaban, la narrativa dominante era la promesa de progreso que traería el turismo, y cualquier oposición podía ser tachada de “anti-desarrollo”, en consecuencia, la historia del despojo en Xcaret permaneció opacada por décadas, mientras el parque se consolidaba como éxito empresarial.

Consolidación de Xcaret y complicidad de actores públicos
El parque Xcaret abrió sus puertas en diciembre de 1990, y a pesar de su origen polémico, pronto fue aclamado por autoridades y promovido como atracción estrella de la Riviera Maya, detrás de su consolidación hubo una red de apoyos públicos y privados que aseguraron su permanencia y expansión. Por un lado, los socios fundadores formalizaron en 1990 la empresa Experiencias Xcaret, con Quintana Pali como presidente y los hermanos Constandse en puestos clave, a ellos se unió poco después otro inversionista influyente, Francisco J. Córdova Lira, exsecretario de turismo estatal, quien obtuvo en 1994 la concesión del parque natural Xel-Há y la transfirió al grupo Xcaret.

Este hecho recibió críticas severas de ambientalistas y habitantes –“fue una vergüenza que el gobierno privatizara un espacio que era del pueblo”, denunció Aracely Domínguez refiriéndose a Xel-Há– pero consolidó a Xcaret como grupo turístico dominante en la región. Con apoyo gubernamental, se apropió de Xel-Há (un caleta similar que antes operaba con entrada popular) y la convirtió en parque privado orientado a turistas de alto nivel.

Asimismo, en años posteriores, las autoridades locales favorecieron a Xcaret en diversos frentes. Por ejemplo, la infraestructura pública se alineó a su conveniencia: la carretera Chetumal–Cancún tuvo un ramal de acceso al parque; se le otorgaron concesiones de zona federal marítima terrestre para sus playas y caleta; y gozó de permisos para extracción de agua de cenotes y descargas reguladas al mar, cada nuevo proyecto del grupo –como el parque de aventuras Xplor (2009), el parque Xoximilco en la zona de Cancún (2013) o el parque Xenses (2016)– contó con trámites expeditos.

En el caso de Xoximilco, la empresa encontró una antigua sascabera (banco de material) abandonada cerca de Puerto Morelos y propuso “rescatarla”; presentó el proyecto ante Semarnat no como parque temático sino bajo el título engañoso de “Recuperación de sascabera abandonada”, esquivando así un escrutinio más riguroso, cuando ciudadanos solicitaron una consulta pública sobre ese proyecto, la Secretaría rechazó la petición alegando detalles burocráticos (falta de un comprobante de domicilio del solicitante), Gracias a ese ardid legal, Xoximilco obtuvo aprobación sin someterse al escrutinio público, y el parque se construyó con mínimas modificaciones.
Estos ejemplos evidencian la colaboración de funcionarios con los intereses de Grupo Xcaret.
En sexenios recientes, durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto (2012–2018), Xcaret consiguió luz verde para múltiples proyectos de forma acelerada, al grado de que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado a dicha empresa (ligada al grupo político de los Madrazo) como beneficiaria de tratos favorables en el pasado, a nivel estatal, la influencia se mantuvo sin importar el partido en el poder, gobernadores de todos los signos inauguraron contentos nuevas atracciones de Xcaret, atraídos por la generación de empleos y la proyección turística internacional, sin indagar demasiado en cómo se habían obtenido los terrenos o los permisos.

Legalmente, el legado de aquellos años 80 persiste en títulos de propiedad hoy inamovibles, las tierras despojadas a las familias mayas de Polé quedaron inscritas a nombre de las empresas de Grupo Xcaret o de sus socios, consolidando la privatización. No se conocen juicios agrarios vigentes reclamando esos predios, lo que sugiere que cualquier controversia se “enfrió” con el tiempo o se compensó en privado, en la memoria histórica local, sin embargo, permanece el sentimiento de agravio, comunitarios y cronistas de la región señalan a Xcaret como caso emblemático de cómo el“progreso turístico se levantó sobre el sacrificio de los pueblos locales”.

Es un relato que en años recientes ha comenzado a aflorar con más fuerza, gracias a la labor de periodistas independientes y medios regionales….
Entre el éxito turístico y la memoria del despojo
La historia de Xcaret presenta un contraste marcado, por un lado, es un caso de éxito empresarial, desde su apertura en 1990, el parque se convirtió en una de las atracciones más visitadas de México, ensalzado por integrar naturaleza y cultura, generando miles de empleos y proyectando internacionalmente la imagen del Caribe maya.
Por otro lado, ese éxito se cimentó –literalmente– sobre tierras obtenidas mediante artimañas y desequilibrios de poder propios de una época, familias humildes perdieron su patrimonio; la selva y el acuífero sufrieron daños iniciales; un bien común pasó a manos privadas; y las leyes (agrarias, ambientales, culturales) fueron torcidaso ignoradas para beneficio de unos cuantos.
Con el tiempo, Grupo Xcaret ha tratado de re-escribir su origen en clave positiva, promueve la idea de que Miguel Quintana Pali fue un visionario que “descubrió”un terreno maravilloso y lo compartió con el mundo, rara vez en sus materiales se menciona que ese terreno tenía dueños anteriores o que hubo oposición inicial, pero los documentos y testimonios existen, esparcidos en archivos de prensa y memoria oral, y coinciden en pintar un origen turbio.
“El parque Xcaret se nos muestra como un ejemplo de aquello que Mike Featherstone llamó ‘culturas desterritorializadas’” –escribió el investigador Martín Checa Artasu–, aludiendo a cómo se despojó a los mayas de su territorio para mercantilizar su cultura y naturaleza.
A más de 30 años, el despojo de Xcaret deja lecciones importantes, ilustra la necesidad de mayor transparencia y equidad en proyectos turísticos, el valor de consultar y respetar a las comunidades originarias, y la importancia de hacer cumplir las leyes ambientales y patrimoniales desde el inicio, también explica en parte la desconfianza con que hoy muchos ven iniciativas similares (v.g. el Tren Maya), temiendo que se repita la historia de tierras arrebatadas “en nombre del desarrollo”.
Mientras turistas disfrutan del parque y políticos elogian su modelo, en la sombra permanecen aquellos antiguos dueños que, sin tierra ni reconocimiento, fueron los perdedores invisibles del paraíso, su historia merece ser contada para que el brillo del éxito turístico no siga ocultando las deudas de justicia e historia que yacen bajo la selva.

Con informacion del Sistema de Noticias CAMBIO 22
Los datos presentados están respaldados en fuentes documentales, testimonios de la época y referencias legales disponibles, para arrojar luz sobre una historia poco contada detrás de la fachada turística.
Fotos: Pedro rivera mena, Recuerdos de Playa del Carmen y redes sociales
GCH




















