Luis Tamayo Mendicuti /CAMBIO 22

MÉRIDA, YUC., 6 de junio.- Ante la inminente necesidad de aplicar una reforma a su sistema actual de jubilaciones, a lo largo de esta semana empleados de la Universidad Autónoma de Yucatán han participado en conferencias con actuarios para explicar la situación económica de la institución, y en ellas ha salido a relucir una serie de irregularidades que aquejan a la UADY desde mucho tiempo atrás.

El tema que más ha indignado a los trabajadores es que muchos empleados de la UADY, que ingresaron antes de 1998, están exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), concepto que les subsidia la misma Universidad y es ésta la que, con sus recursos, cubre dicho concepto ante la Secretaría de Hacienda, por un total de 139 millones de pesos al año.

Este beneficio se aplica tanto para profesores, como para personal manual y administrativo que se incorporó a la institución con el contrato colectivo vigente en el año mencionado. En el nuevo contrato, justo después de 1998, todo el personal aporta puntualmente su contribución pagando los impuestos correspondientes al Estado, como marca la ley.

Compensaciones como el subsidio del ISR a unos cuantos (el 23% de los trabajadores, los más antiguos) implican afectaciones importantes para las nuevas generaciones de trabajadores, que ven con poca esperanza la posibilidad de recibir una jubilación.

De acuerdo con una consulta realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia, las prestaciones y subsidios otorgados al personal más antiguo son realmente onerosas. Por ejemplo, un profesor titular C (la categoría más alta) que tenga más de 40 años de servicio, puede cobrar más de 100 mil pesos al mes cuando se suman los conceptos de su salario mensual ($38,649.00), antigüedad ($28,987), estímulo por más de 30 años de servicio ($19,324) e ISR subsidiado ($47,307), entre otras prestaciones. Es decir, de su sueldo total debería pagar casi 50 mil pesos de impuesto, pero esto lo paga la UADY de sus arcas y el docente cobra completo.

Adicionalmente, cuando este personal por fin decide jubilarse, de acuerdo con lo establecido por su contrato colectivo, se puede retirar con el 100 por ciento de su salario, descontando prestaciones como la antigüedad y el estímulo por más de 30 años de servicio, lo cual puede sumar un aproximado de $85,000 al mes, dependiendo de la antigüedad y categoría del trabajador.

Dichas prestaciones no aplican a todo el personal, pues aquellos que ingresaron después de 1998 (el 77% de la población de trabajadores) apenas reciben una tercera parte del monto que perciben quienes ingresaron a la Universidad con el contrato colectivo anterior, y en quienes la Universidad invierte una importante cantidad de su presupuesto de pago en subsidios y compensaciones en respeto a dicho contrato.

Todo esto impacta en un decremento importante para la propia institución que apenas tiene para solventar los mínimos gastos operativos, de mantenimiento de edificios, y apoyo para proyectos académicos, científicos, deportivos y artísticos de estudiantes y profesorado, entre otros relacionados con las funciones sustantivas de la institución.

Los beneficios no pueden ser removidos ni siquiera por las máximas autoridades de la UADY, pues al parecer son los sindicatos de ésta los únicos que tienen facultades para ello.

 

 

reporteroluistamayo@gmail.com

RHM

 

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