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Enrique Quintana/CAMBIO 22

Ya se realizó la primera elección judicial de la historia de México.

El resultado de ello es que cambiará buena parte del Poder Judicial a partir del 1 de septiembre.

El cambio no será solo en la composición de los principales órganos que lo integran, sino que modificará gran parte de la lógica del ejercicio judicial.

Los juzgadores en todas las instancias responderán a quienes los pusieron en los cargos que van a ocupar, quienes, por cierto, no fueron realmente los ciudadanos.

En sentido formal, en efecto, cada juez, magistrado o ministro electo habrá llegado a partir de los votos obtenidos en las urnas.

Pero el proceso real implicó ser seleccionados por comités cuyo funcionamiento fue controversial, y luego obtener apoyos diversos durante las campañas para posicionar su nombre entre los potenciales electores.

Quizás lo más relevante es que muchos de los que habrán llegado lo harán sobre la base de alianzas y compromisos con los grupos que tenían capacidad de movilizar a los electores en unos comicios donde los triunfos seguramente se darán por algunos miles de votos en el caso de las elecciones para ministros de la Corte, o quizás algunas decenas en el caso de quienes alcancen la titularidad de juzgados.

Además de los criterios derivados del proceso electoral, otra de las dudas que existen es el riesgo de que el rezago judicial se multiplique.

Antes de esta elección, la Corte requería un promedio de 357 días para resolver acciones de inconstitucionalidad y 389 días para controversias constitucionales.

En este proceso de transición, la actual Corte decidió atender solo asuntos urgentes, por lo que algunos expertos han estimado que, para septiembre, cuando asuman su cargo los nuevos ministros, el rezago podría ser del orden de 8 mil expedientes.

Un estimado general indica que el retraso en el conjunto del Poder Judicial podría llegar a 236 mil resoluciones.

Sume a eso el proceso de aprendizaje que enfrentarán muchos de quienes lleguen a juzgados y magistraturas, tanto federales como locales, y tendrá un panorama de un sistema judicial que enfrentará problemas muy severos en el futuro.

Algunos consideran que esos problemas serán de tal magnitud que, eventualmente, antes de la segunda parte del proceso electoral, en 2027, habrá cambios en la reforma constitucional en materia judicial.

Probablemente los haya, a partir del aprendizaje de este proceso y de lo que observemos en los próximos meses, pero dudo mucho que sean sustanciales.

Quizás lo sean por el hecho de que, a diferencia de lo que ocurrió ayer, en 2027 habrá elecciones federales y elecciones locales, por lo que la dinámica será diferente.

Como mencioné hace algunos días en este espacio, lo que seguramente veremos es una reacción de ciudadanos y empresas que tratarán de eludir el sistema judicial de diversas maneras.

Por ejemplo, es probable que haya un crecimiento muy significativo en los procesos de mediación, como mecanismo de resolución de controversias antes de llegar a tribunales.

También veremos una tendencia en las empresas más grandes a buscar la protección de otras jurisdicciones, además de la mexicana, en contratos y procesos que realicen en el futuro.

Lamentablemente, creo que quienes padecerán los efectos negativos de la reforma judicial serán los ciudadanos comunes, ya que, por ejemplo, los conflictos más usuales en los tribunales mexicanos son los de carácter familiar.

Hay muchos aspectos de esta historia que aún están por contarse.

 

 

 

Fuente: El Financiero

redaccionqroo@diariocambio22.mx

HTR/MA