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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO 22

Las elecciones judiciales en México del próximo primero de junio representarán una fractura del Estado mexicano, porque el Poder Ejecutivo Federal y la mayoría de los estatales han decidido darle un Golpe de Estado a la sociedad mexicana, de un manotazo sacaron de la fórmula del Estado al Pueblo, se han erigido unilateralmente como la única instancia del Estado para sojuzgar al pueblo y apropiarse como los únicos propietarios del territorio.

Lo que ha decidido hacer la 4T con las reformas constitucionales en materia del sistema de justicia es borrar de un plumazo la división de poderes, si está se sostenía con alfileres durante los gobiernos priistas y panistas, porque el Poder Ejecutivo siempre estuvo inmiscuido en el Poder Judicial, al menos en las dos últimas dos décadas se sostuvo por la independencia técnica y presupuestaria que le dio el Congreso de la Unión como resultado de las exigencias de la misma sociedad y no como una concesión de los gobiernos en turno.

A la clase política que gobierna el país tiene la gran responsabilidad que le encomendó el electorado desde el primero de julio de 2018, sacar al país de la crisis democrática en la que lo sumió el régimen priista y que los panistas la prolongaron porque nunca comprendieron la razón que tuvo el electorado para pasarle la estafeta.

Y aunque el país ha perdido seis años con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más no su familia y aliados, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aun es responsable política y éticamente de ese compromiso del primero de julio de 2018, aunque du compromiso constitucional devenga de los resultados de las elecciones presidenciales de junio de 2024.

La mayoría del electorado mexicano le encargó a la 4T sacar al país de la crisis institucional, por medio del fortalecimiento de las instituciones, más no de su destrucción, la encomienda era terminar con la corrupción gubernamental y sancionar a los responsables, pero se hizo lo contrario, la corrupción se incrementó y los beneficiarios ahora son las familias morenistas que han fijado en su mente que llegaron al poder para instalarse de manera indefinida, pero deben recordar que el PRI, con todo y su poder no pudo llegar a los 80 años.

Una de las fortalezas de los poderes judiciales en el mundo y que ha costado mucha sangre en países cómo México, es su independencia técnica, jurídica, administrativa y de gobierno interno, aunque políticamente estén ligados a los poderes ejecutivo y legislativos que los proponen y avalan, pero de eso se trata la política y la división de poderes, que haya equilibrios, pero en este país perderemos la razón de ser del principio de separación de poderes, se trata de un principio constitucional que no debe violentarse, porque ello significa terminar con la democracia y entrar a una dictadura.

En noviembre pasado, desde Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la reforma constitucional en México que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.

Dijo que Mecanismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado reiteradamente eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en México. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que esta medida es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó a México adaptar su sistema legal.

Recordó que la reforma judicial, adoptada en septiembre (2024), incluye la elección popular de las personas juzgadoras, la terminación anticipada de los mandatos judiciales existentes y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades. “En conjunto, estas disposiciones corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho”, dijo Türk.

La introducción en la reforma de la figura de “jueces sin rostro”, para emitir sentencias de forma anónima en casos de delincuencia organizada, genera preocupaciones adicionales en relación con la administración de justicia abierta y transparente y demás derechos relacionados con un juicio justo.

“Hago un llamado a las y los tomadores de decisiones en México para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia derechos humanos”.

Sin embargo, llamados de esta naturaleza en ningún momento han sido tomados en cuenta por el gobierno morenista, a pesar que la comunidad internacional le ha advertido del grave peligro que representa para la justicia las referidas reformas constitucionales.

Hay evidencias reconocidas por los mismos representantes de la 4T en el Congreso de la Unión que se pasaron el filtro personajes ligados con la delincuencia organizada, pero no hicieron nada para evitarlo. Ahora, las personas juzgadoras en México ya no responderán a la imparcialidad judicial, al texto e interpretación de la ley, sus códigos legales, ahora serán sustituidos por los códigos de la clase política para la cual trabajan y en el pero de los casos, la mafia también hará valer sus propios códigos.

La reforma judicial contempla un tribunal de disciplina judicial, pero quien nos garantiza que dicho órgano trabajará con independencia y profesionalismo o sólo se convertirá en la santa inquisición para aquellas personas juzgadoras que con el cumplimiento de su deber afecten los intereses de la clase política que ahora también impartirá justicia.

En Quintana Roo, la pregunta es, ¿que pasará con los casos de violencia contra las mujeres que las y los magistrados en turno resolvieron a favor de sus intereses patriarcales y políticos?

¿Qué pasará con el hoy magistrado Calos Alejandro Lima Carbajal, quien ordenó a una agente del Ministerio Público suspendiera de inmediato las gestiones que estuviera haciendo para lograr que el acusado fuera aprendido y conducido al penal, como lo ordenó el juez en su momento, “…con el fin de no vulnerar los derechos del imputado en cita”.

Sí el nuevo sistema de justicia, no tiene contemplado llamar a cuentas a los que se van o a los que se quedan por su deficiente y malintencionado administración de justicia, entonces, la perdida de la independencia del poder judicial no habrá valido la pena y la impunidad seguirá siendo para la clase gobernante y sus aliados.

Recordemos que tanto jueces y magistrados, que han desarrollado una carrera judicial no han interiorizado el paradigma de los derechos humanos y ejercer justicia con perspectiva de género y debida diligencia, que pasará con las nuevas personas juzgadoras que no tienen carrera judicial y que en su pasado reciente figuraban en la ilegalidad, en el tráfico de influencias, en el despojo, como lo es José de la Peña Ruiz de Chávez, quien ya fue designado magistrado, porque la elección ya está cantada. La jornada electoral será una farsa, una burla para las víctimas del delito, de violaciones a derechos humanos y del poder.

La sociedad quintanarroense y, principalmente, quien simpatizan con MORENA no se les puede olvidar que en febrero de 2021, José de la Peña Ruiz de Chávez, fue destituido como secretario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló las cuentas bancarias  por sus presuntos nexos con la mafia rumana, conocida por la clonación de tarjetas bancarias en las zonas turísticas.

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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