Francisco Javier Vázquez Burgos /CAMBIO22

El huachicol —y su versión fiscal— es una bomba de tiempo que amenaza con estallar en las entrañas de Morena. El tema es tan delicado que podría calcinar a buena parte de las figuras de la 4T, comenzando con Andrés Manuel López Obrador. Aunque el presidente se cuidó siempre de no aparecer directamente involucrado, muchos de sus colaboradores cercanos, tanto en lo federal como en lo local, están hasta el cuello en este lodazal. Y sí, Claudia Sheinbaum también. Porque cuando se triangulaban las operaciones logísticas, cuando se creaban las empresas fantasmas, cuando se alteraban facturas y se evadían impuestos a través de los puertos y las aduanas, ella era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, epicentro operativo del huachicol financiero.

El asesinato de dos colaboradores cercanos a Clara Brugada, en pleno proceso electoral y justo cuando se filtran avances de la investigación internacional sobre el huachicol, enrarece aún más el ambiente. En política no hay coincidencias. Y todo apunta a que esta trama no se trata únicamente de gasolina robada, sino de una lucha sorda por el control del poder: el que se ejerce hoy y el que se hereda mañana.

A muchos les parece que Claudia ya se cansó de ser la actriz secundaria del guion de AMLO. Ella quiere asumir el rol protagónico, gobernar de verdad, con autonomía, sin tener que pedir permiso o leer entre líneas los deseos del caudillo. Quizá por eso ha permitido que esta investigación del huachicol fiscal avance, aun sabiendo que podría salpicarla. ¿Un acto de independencia? ¿Un movimiento calculado para mostrar poder? Tal vez. Pero también un tiro que podría salirle por la culata.

Porque aquí el problema ya no es lo que hagan las autoridades mexicanas —cómplices, beneficiarias y tapaderas del sistema de robo institucionalizado—. No. Lo que realmente pone en aprietos al régimen es la participación de las agencias estadounidenses. A diferencia de la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Función Pública, en Estados Unidos sí tienen interés en saber quiénes del aparato gubernamental colaboraban directamente con los cárteles del crimen organizado para permitir el saqueo de combustibles, el desvío de recursos y la evasión fiscal multimillonaria.

Mientras México finge que investiga para recuperar lo robado, los estadounidenses buscan nombres, estructuras, rutas, cuentas y responsables. No solo quieren detener el flujo de dinero sucio, quieren saber qué funcionarios permitieron que eso sucediera. Y esa línea de investigación es letal para AMLO.

Todo esto ocurre con Claudia como presidenta. Y aunque ella misma podría tener responsabilidad en los hechos, decidió dejar que la bola de nieve ruede. ¿Para marcar distancia? ¿Para enviar un mensaje a su exjefe? ¿Para empezar a cortarle la sombra? Puede ser. Pero lo que es seguro es que AMLO ya lo notó. El tabasqueño no tolera la desobediencia, menos aún si viene de su creación más fiel. Claudia quiso demostrar que puede gobernar sola, pero se olvidó de que el guion lo escribió López Obrador, y que él no cede sin pelear.

En el fondo, este pleito encierra un dilema de poder que involucra a todos los actores de la 4T. ¿A quién servirá Pablo Gómez, titular de la UIF, que tiene claro quién se benefició, adónde fueron los dineros y cómo se lavaron? ¿Protegerá a Claudia o a AMLO? ¿O intentará salvarse a sí mismo? ¿Y qué hará Octavio Romero Oropeza, el operador desde Pemex que permitió la entrada y salida de combustibles con cifras maquilladas? ¿O Raquel Buenrostro y Margarita Ríos Farjat, que desde el SAT otorgaron licencias de importación a empresas fachada? ¿Caerán con la bandera de la lealtad o intentarán negociar su impunidad?

El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las aduanas también están involucrados. Toda esa estructura que decía combatir el huachicol, en realidad lo permitió, lo organizó, lo perfeccionó. Desde los puertos se dejaba pasar gasolina bajo otros registros, se manipulaban cifras y se disfrazaban importaciones. El crimen se institucionalizó y creció bajo el manto de la narrativa moralista de la Cuarta Transformación.

Si la investigación que encabeza Estados Unidos llega a conclusiones y nombres, el castillo de naipes puede venirse abajo. Porque si cae uno, hablará. Y si habla, caerán todos. Y entre los primeros estaría AMLO, cuyo mito de honestidad sería triturado en segundos. Lo que siempre negó —la corrupción interna, la colusión con los cárteles, la traición a su propio discurso— quedaría expuesto. Entonces, la 4T no solo quedaría fracturada, sino desacreditada por completo.

Morena, sin guía, sin mito fundacional y con su presidenta confrontada con el fundador del movimiento, entraría en una espiral de confusión y ruptura. Si AMLO decide castigar a Claudia, las bases podrían dudar, el liderazgo podría resquebrajarse y el proyecto político acabaría por confirmar lo que la oposición ha dicho durante años: que todo fue una farsa.

Claudia quiere gobernar. Ya se hartó de recibir instrucciones. Pero el viejo lobo de Macuspana ya olió la rebelión. Y si algo no perdona es que alguien le arrebate la batuta antes de que caiga el telón. En los próximos meses veremos si Claudia logra liberarse de su sombra, o si termina aplastada por el ego de su mentor.

Porque aunque Claudia sea presidenta de mentiritas, si decide hablar, AMLO podría terminar tras las rejas. Y no en México. En una prisión americana.

ASF: Silencio cómplice, desvíos impunes

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado millonarios faltantes en las cuentas de AMLO, pero las comisiones legislativas —incluyendo opositores— solo emiten llamados tímidos a revisar. ¿Por qué? La respuesta huele a negociación bajo la mesa: silencio a cambio de una tajada del botín.

Se reportan faltantes por más de 330 mil millones de pesos, correspondientes a los años 2019 a 2023. Falta la revisión de las cuentas de 2024, pero solo se recuperan 2 mil o 3 mil millones. ¿Dónde queda el resto? Probablemente en cuentas offshore o en bolsillos de legisladores cómplices. El mecanismo es claro: desvían, reparten y nadie pregunta.

La ASF, lejos de ser un contrapeso, se ha convertido en otra pieza del circo morenista. Y hay que decirlo: el robo fue mucho más que eso. Eso es lo detectado, y los que deben supervisar a la ASF —las comisiones de legisladores— también están involucrados en este saqueo. Parece que la complicidad trasciende partidos: los une la corrupción y la repartición del botín.

La gran incógnita es cómo sacan el dinero del país y entre quiénes se lo reparten. Pronto saldrán los nombres a la luz pública, pero mientras tanto, el mensaje es evidente: la impunidad, la complicidad, el cinismo y la desvergüenza son la cara de esta administración morenista y sus aliados de todos los colores partidistas.

Elección judicial: La farsa que acabará con la República

Morena ha convertido el proceso de elección del Poder Judicial en un simulacro autoritario. Organizan, registran candidatos, supervisan votos y hasta planean el acarreo de votantes con programas sociales. No hay imparcialidad posible. Ellos organizan, ellos cuentan los votos, nadie los supervisa, no tienen participación los partidos de oposición. Todo es una broma: es la toma del Poder Judicial con un viso de legalidad.

El objetivo es claro: AMLO quiere un Poder Judicial a modo, para controlar las sentencias, proteger a sus operadores y perseguir adversarios. Sheinbaum, si no reacciona, será cómplice de la destrucción institucional. Pero hoy es irrelevante: el poder no está en Los Pinos, sino en Palacio Nacional y en las sombras del tabasqueño.

Esta elección no solo rompe el equilibrio de poderes: es el fin de la República. Y Morena, con su maquinaria clientelar, lo celebra como un triunfo. La historia los juzgará, pero para entonces, ya será tarde. Los mexicanos van a llorar lo que hoy no defienden. Se vendieron por apoyos miserables, pero ya tendrán tiempo para arrepentirse. Vean lo que se vive en Cuba y en Venezuela. Pronto, nada les envidiaremos.

 

 

 

 

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