Feministas Denuncian Corrupción en FGE y Poder Judicial de Quintana Roo

• Exigen justicia para víctimas de violencia.

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 29 de mayo. – La desconfianza hacia el sistema de justicia en Quintana Roo motivó una enérgica manifestación del Frente Nacional Mujeres (FNM), que denunció la corrupción e inacción tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE) como en el Poder Judicial.

Las integrantes de esta organización se movilizaron en Chetumal para visibilizar las deficiencias institucionales que, aseguran, perpetúan la impunidad en casos de violencia de género, especialmente en procesos relacionados con la custodia de menores y la violencia vicaria.

La manifestación inició frente al Juzgado Familiar Oral, donde las inconformes señalaron directamente a las juezas Nínive de Fátima Castro Mendoza y Daraní Magaña Lima por presuntamente alterar expedientes y sentencias a cambio de dinero.

Ambas juezas son candidatas en la elección judicial programada para el próximo domingo, razón por la cual el FNM exhortó públicamente a la ciudadanía a no votar por ellas. Posteriormente, las manifestantes se dirigieron al Monumento a los Niños Héroes y regresaron a las oficinas de la Fiscalía, donde exigieron la presencia del fiscal Raciel López Salazar.

Ante la ausencia del fiscal general, las protestantes ingresaron a la FGE y realizaron una clausura simbólica del acceso principal, gritando consignas contra la corrupción judicial. La vicefiscal de Justicia en la Zona Sur, Aroshi de los Ángeles Lugo Arana, intervino para calmar la tensión y agendó una reunión con el fiscal para este domingo.

La dirigente del FNM, Amira Cárdenas Tuyub, señaló que, desde la entrada en vigor del delito de violencia vicaria como delito grave en 2022, se han registrado más de dos mil denuncias, ninguna de las cuales ha sido judicializada, lo que refuerza las sospechas de encubrimiento y negligencia sistemática.

El Frente Nacional Mujeres advirtió que, si no se logra un avance concreto tras la reunión con el fiscal, recurrirán a acciones legales y de presión social más contundentes.

La organización reiteró que no se trata de casos aislados, sino de una red de prácticas corruptas que vulneran los derechos de las víctimas y reproducen la impunidad en un sistema de justicia que, lejos de protegerlas, las revictimiza.

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