Violencia Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes

Renata Díaz/ CAMBIO 22

A veces no dimensionamos que cuando hablamos del problema de la violencia sexual infantil, hablamos de millones de niñas, niños y adolescentes que están encerrados en casa con sus agresores.

Los agresores frecuentemente no son desconocidos. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, siete de cada diez agresores de niñas y adolescentes son familiares, entre los cuales destacan los tíos y los primos, responsables de cuatro de cada diez casos.

El hogar, que debería ser un espacio de protección, muchas veces se convierte en el lugar más accesible para los agresores, ya que madres, padres y cuidadores al no haber un sistema de cuidados y educación que les respalde frecuentemente dejan niñas y niños bajo el cuidado de familiares pensando que estarán seguros, cuando en realidad no siempre lo están.

Y no es un fenómeno pequeño: las cifras lo confirman. En 2023, se registraron 35 mil 866 carpetas de investigación por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, lo que representa casi 98 casos diarios. Esta cifra ha venido creciendo año con año: un incremento del 32 por ciento entre 2021 y 2022, y del 21 por ciento entre 2022 y 2023. Los datos muestran que esta violencia comienza desde edades muy tempranas: el 30 por ciento de las carpetas se refieren a víctimas menores de 10 años.

Estas denuncias apenas son la punta del iceberg. Según la ENVIPE 2024, 95.1 por ciento de los delitos sexuales no se denuncia, lo que significa que la mayoría de los casos permanece oculto, en silencio, sin atención ni justicia.

Y no es solo un tema penal. También es un problema de salud pública. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2023 9 mil 822 niñas, niños y adolescentes acudieron a una unidad médica por violencia sexual, lo que equivale a 27 cada día. Entonces, tenemos alrededor de 35 mil casos llegando a ministerios públicos y 10 mil a hospitales. ¿Cómo dimensionamos el tamaño real del problema?

La ENDIREH 2021 señala que más de 6.3 millones de mujeres en México reportaron haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años, y esta encuesta no incluye a hombres. La encuesta contempla seis formas de violencia, y muestra que el 55.4 por ciento de las mujeres que sufrieron violencia sexual vivieron al menos una de ellas. Pero preocupa aún más que el 1.6 por ciento —equivalente a más de 100 mil mujeres— reportó haber sufrido las seis: exposición a actos sexuales, tocamientos, coerción con regalos o amenazas, intento de violación, violación y obligarlas a presenciar o realizar actos sexuales.

La violencia sexual no solo daña el presente de niñas, niños y adolescentes, sino que impacta profundamente su desarrollo físico, emocional y social. Las consecuencias van desde trastornos de ansiedad y depresión hasta dificultades en el aprendizaje, aislamiento, autolesiones y riesgo de suicidio.

Para prevenir, el primer paso es reconocer el problema y romper el silencio. El miedo y la vergüenza no deben estar del lado de las víctimas. Como dijo Giselle Pelicot: “la vergüenza tiene que cambiar de bando”. Desde Alumbra, contamos con una plataforma de prevención con herramientas dirigidas a mamás, papás y personas cuidadoras, para dejar de tratar este tema como tabú y hablar de la violencia sexual de forma clara, empática y sin prejuicios. Las niñas y niños deben saber en quién confiar y cómo reaccionar.

Pero esto no es responsabilidad exclusiva de las familias. Urgen protocolos claros y obligatorios en escuelas, centros de salud, centros deportivos, iglesias y espacios comunitarios. Urge que todas las personas cuidadoras —agentes educativas, médicas, policías, trabajadoras sociales— estén capacitadas para detectar signos de violencia, actuar sin revictimizar y activar rutas de protección eficaces que garanticen justicia, atención y reparación del daño para las niñas, niños y adolescentes.

La violencia sexual infantil no puede seguir siendo invisibilizada. Estamos ante una emergencia nacional que debe reconocerse como lo que es: un problema de salud pública, de seguridad pública y de derechos humanos. Es urgente combatir con responsabilidad y acción colectiva, con recursos, con voluntad política y con un sistema que realmente respalde a las niñas y niños cuando decidan romper el silencio que les brinde atención y justicia.

Fuente: El Sol de México

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