mayo 21, 2024 12:36

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Renán Castro Madera, Director General

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  • Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una oportunidad para visibilizar las historias de las mujeres privadas de la libertad y las violencias que enfrentan, consideró la organización.

 

 

Redacción/CAMBIO 22    

Las mujeres privadas de la libertad se siguen enfrentando a una doble sentencia, debido a las diversas violencias de género que enfrentan antes, durante y después de entrar a prisión, advirtió la cofundadora de La Cana, Mercedes Becker.

“Ser mujer privada de la libertad tiene todavía esta doble sentencia”, declaró en entrevista con Aristegui Noticias.

Ante esto, consideró que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una oportunidad para visibilizar sus historia y problemáticas que enfrentan, con el fin de atender.

“Creo que es justamente lo que representa este 8M: poder empezar a visibilizar para poder también frenar los tipos de violencia que existen”, dijo.

Al cierre de 2022, más 226 mil personas se encontraban privadas de la libertad o internadas en los centros penitenciarios federales y estatales.

De estas, el 5.6% eran mujeres, es decir 12 mil 732, según los datos de los Censos nacionales de sistemas penitenciarios estatales y federales, publicados en 2023 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mercedes Becker advirtió que estas se enfrentan a diversas formas de violencia y estigma social, que deriva en su abandono.

Del total de mujeres, casi el 50% (6 mil 211) se encontraban sin sentencia, es decir, una de cada dos se encuentran en esta situación. Esta cifra es 20% mayor a la de los hombres.

A esto se suma que, reciben penas más altas que los hombres. Por ejemplo, el 19.2% de los hombres con sentencia recibieron penas privativas de la libertad de 5 a menos de 10 años, frente al 16.6% de las mujeres.

En contraste, el 10% de las mujeres sentenciadas recibieron penas mayores a 50 años, frente al 5.4% de los hombres.

Esto se debe a que el sistema penitenciario carece de perspectiva de género, consideró la cofundadora de La Cana, una organización que busca generar herramientas emocionales y laborales que permitan a las mujeres privadas de la libertad tener una vida libre de violencia.

Dicho “sesgo” de género se observa desde cómo se construyen los centros penitenciarios, señaló Becker.

De acuerdo con los datos del Inegi, la infraestructura penitenciaria nacional está conformada por un total de 314 centros, con una capacidad para más de 222 mil personas.

Sin embargo, del total de estos inmuebles, solamente 11 son exclusivos para una población femenina.

Por lo tanto, el 53.5% de las mujeres se encuentra en centros femeniles, mientras que el 45.8% están en mixtos y 0.6% en varoniles.

Esto se traduce en que las instalaciones no están pensadas para satisfacer las necesidades de esta población, subrayó Becker. Por ejemplo, no cuentan con espacios de lactancia o para la maternidad, áreas de visita, zonas al aire libre suficientes, aulas educativas, entre otras.

En los más de 300 inmuebles, solamente se cuenta con 58 espacios para maternidad, 32 para la educación integral y formativa de niñas y niños que viven con sus madres, y 29 para el alojamiento o pernocta de estos infantes.

Esto es relevante, ya que muchas de las mujeres tienen a sus hijos o llegan embarazadas en los centros penitenciarios.

Según el censo del Inegi, en 2022, un total de 258 mujeres en las cárceles estaban embarazadas o en periodo de lactancia. Además, 317 vivían junto con sus hijas e hijos menores de seis años dentro de las prisiones.

A nivel nacional, se reportaron 325 menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad.

“No necesariamente es un espacio pensado para ellas”, aseveró Mercedes Becker.

A esto se suma que solamente 119 de los más de 300 centros penitenciarios reportaron contar con suministro de toallas femeninas y solo 14 tuvieron leche en polvo para lactantes.

“Las necesidades de las mujeres son muy distintas a las de los hombres”, reiteró la cofundadora de La Cana.

“Para que realmente podamos implementar modelos de atención que sean funcionales necesitamos considerar las necesidades de quienes estamos atendiendo”, subrayó.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del Inegi, el 39.8% de las mujeres privadas de su libertad han sufrido algún tipo de agresión después de su detención, el 15.5% algún tipo de agresión sexual y el 4.8% violación sexual.

Sin embargo, una vez que concluyen su sentencia, esto no termina. Cuando salen de prisión, se enfrentan a abandono y estigma social, incluso mayor que los hombres, lamentó Becker.

“Cuando las mujeres salen no tienen estas mismas redes de apoyo que tenían antes de ingresar y esto dificulta muchísimo también el acceso a la vivienda, al acceso a la salud, el acceso a que puedan conseguir un empleo, a ejercer su maternidad”, explicó.

“Sin esta red de apoyo y con el estigma de haber estado privadas de la libertad es mucho más complicado y esto creo que incrementa la brecha”, advirtió.

De esta manera, las condiciones de desigualdad de género se agravan a raíz de la cárcel, señaló Becker.

“No tener un sistema con perspectiva de género en la manera en la que se juzgan, en los espacios en los que viven, en el tipo de modelos de reinserción social que las atienden, desde ahí podemos ver cómo se incrementa esta brecha [de género]”, dijo.

Esto es relevante ya que muchas de las mujeres en prisión vivieron distintos tipos de violencia antes de haber sido privadas de la libertad, incluso desde la infancia.

“Muchas veces esta misma violencia de género es la que las llevó a delinquir o a estar privadas de la libertad. No necesariamente todas ellas cometieron un delito”, subrayó Becker.

“Son esos factores las que las llevaron muchas veces a encontrarse en la situación en la que hoy se encuentran”, recalcó.

De acuerdo con el Inegi, el 92.9% de las mujeres privadas de la libertad no tenían antecedentes penales antes de ser ingresadas.

Por lo tanto, la fundadora de La Cana consideró necesario que se implemente un servicio de atención post penitenciaria, que incluya atención psicológica orientada a mujeres y un plan de actividades, para que quienes estuvieron reclusas puedan enfrentar los contextos adversos y el estigma al salir y puedan tener oportunidades una vez que se encuentran en el exterior.

Asimismo, subrayó la importancia de identificar “patrones violentos” que han llevado a las mujeres a la situación en la que se encuentran e implementar una perspectiva de genero, con el fin de detener estas violencias y no repetirlas.

“Creo que la lista puede ser a veces interminable de la cantidad de cosas que tenemos que hacer para empezar a eliminar esas violencias, pero creo que lo primero es hablarlo y poder reconocerlo como sociedad”, reiteró.

Con motivo del 8M, La Cana participará en la marcha de este viernes con pancartas realizadas por las propias mujeres privadas de la libertad en las que denuncian las violencias que ellas viven.

 

 

 

Fuente: Aristegui Noticias

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MRM

 

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