4T y su Monstruo Judicial

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO 22

En solidaridad con la periodista Soledad Jarquín Edgar, quien a pesar del dolor, sigue en busca de justicia para Sol. Después de las elecciones judiciales del pasado domingo, tal parece que a muchos ya se les olvidó la grave afrenta que representan para México las consecuencias de las reformas constitucionales en la materia y de otras que seguirán sacando al vapor para poder operar el “monstruo judicial” que se ha sacado de la chistera la 4T, con el afán de tener controlados a los tres Poderes de la Unión, como en los tiempos de gloria del PRI.

Quien llegue a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es lo de menos, porque todas las personas que ya forman parte de esta instancia del Poder Judicial, al tener las nueve mejores votaciones, representan al gobierno federal y a diversos grupos políticos y económicos de la 4T que se están dividiendo el control del país.

Si a Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena mixteco, le reconocen su triunfo mayoritario y es designado presidente de la SCJN no cambiarán en nada la vida y los derechos humanos de la población indígena de México, porque la utilización política-electoral de la clase gobernante en turno no se ha modificado de la era del PRI a la morenista.

La clase política en este país se confía mucho en la débil memoria histórica de la población, además, la cúpula morenista considera que todo lo tocado por la mano de AMLO se purifica, como ha sucedido con muchos priistas, panistas, perredistas, verdes y petistas. Hugo Aguilar Ortiz no puede negar su militancia morenista, porque al lado de Adelfo Regino Montes, actual director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó campaña electoral a favor de AMLO desde antes del 2018.

Además, el expresidente de México le debía el favor de incluirlo en un cargo destacado, tomando en cuenta que fue uno de los principales operadores de la farsa en que se convirtió la consulta indígena en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para la construcción del Tren Maya, así que de las consecuencias medioambientales que tiene que enfrentar la región por esa obra, también son responsabilidad del próximo presidente de la SCJN.

¿Con estos antecedentes, quién le puede creer que en verdad con la reforma constitucional, el Poder Judicial Federal cambiará su forma de administrar justicia con respecto a los intereses de los pueblos y comunidades indígenas?

El Financiero publicó que en diciembre de 2019, Hugo Aguilar Ortíz participó en las sesiones informativas en la comunidad de Xpujil, Campeche, donde aseguró que el gobierno de López Obrador buscaba hacer “las cosas diferentes” y que las decisiones sobre las obras de infraestructura se tomarían “con el pueblo”.

En tanto, Animal Político recabó testimonios de activistas de organizaciones civiles, quienes le declararon que a pesar de sus declaraciones “del ahora virtual presidente de la SCJN, las comunidades indígenas no recibieron información clara y suficiente sobre las implicaciones del proyecto, ni se les presentaron estudios de impacto ambiental relacionados con la construcción del Tren Maya”.

Hugo Aguilar Ortiz no solo enfrentará racismo, discriminación, exclusión de parte de diversos grupos de poder económico y político del país y del extranjero, sino múltiples presiones políticas de las sectas que integran la 4T, todos ya se consideran que influyeron para que ganará las elecciones y por ende, les debe el favor. La independencia judicial en México se ha hecho añicos con esta reforma constitucional porque el poder político de la presidenta de México estará sobre lo que hagan o dejen de hacer los otrora dos poderes, el Legislativo y el Judicial.

Los primeros meses y quizás hasta los 24 meses siguientes a la toma de posesión, serán de aprendizaje, porque desmontar de la noche a la mañana un sistema judicial, no es nada fácil, más aún, cuando no se hizo un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades. Como todo lo que hace la 4T, es borrón y cuenta nueva.

Recordemos que para modificar un sistema de esta naturaleza, el cambio no se hará por decreto, tendrán que cambiar estructuras, metodologías, y para empezar, la mentalidad de todas y cada una las personas que conforman el Poder Judicial. Muchos de los que llegarán a la burocracia judicial nunca han tenido en sus manos un expediente judicial, desconocen que se hace por dentro, y si ignoran el mecanismo interno, ¿cómo podrán hacer propuestas para mejorar la forma de administrar justicia?

Las presiones contra el Poder Judicial Federal no solo vendrán de la presidenta de México y de su equipo que hablará a nombre de ella, así como de la dirigencia y quienes financiar a la 4T, sino de la, oposición política en México, la cual está desdibujada, pero por lo menos, ruido hace.

Los grandes corporativos de abogados, las corporaciones nacionales e internacionales, los organismos internacionales en materia de derechos humanos, tendrán en la mira, no solo al presidente de la SCJN, sino a todas las personas juzgadoras, quienes tendrán que ir pagando poco a poco los favores políticos y económicos que les hicieron para llegar al sistema.

A pesar de la solvencia técnica de su personal, el Poder Judicial Federal, ya no digamos los estatales, no ha estado a la altura de las reformas constitucionales en materia de juicios orales, en derechos humanos, sin embargo, los que llegan, sin carrera judicial, el rezago los sobrepasará y no tendrán otra opción que echarle la culpa a los gobernante del pasado.

El jurista Diego Valadés, ha sostenido que al gobierno de Morena “se le va a revertir su reforma al Poder Judicial”, porque “cree que va a poder controlar a ministros, jueces y magistrados, pero no le será posible”.

El exministro de la SCJN –de mayo a diciembre de 1994 – explicó a El Financiero que “el presidente de la Suprema Corte tendrá tanto poder y legitimidad como el mismo presidente de la República, quizá con menos votos, pero con la misma fuente de legitimidad del voto ciudadano y con más tiempo en el cargo”.

“El gobierno cree que va a tener controles sobre los elegidos ministros, jueces y magistrados, pero eso es falso; con la fuerza y la legitimidad del voto, ellos tendrán el control y mantendrán su propia soberanía en la determinación de sus decisiones”, advirtió.

Hay que recordar que en el mismo Senado de la República, se dijo que la reforma no garantiza la independencia judicial. “En función del carácter contramayoritario de la función judicial, sus resoluciones deben ser independientes a los intereses de las mayorías”.

“Si las decisiones judiciales dependieran de la voluntad popular para asumir o permanecer en el cargo, es probable que sus decisiones busquen agradar a la opinión pública y no solo impartir justicia para quienes alegan que se han violado sus derechos”.

Un aspecto de las elecciones judiciales que la 4T quiere olvidar es su fracaso al solo tener una participación ciudadana de 12. 96.57 %.

Hugo Aguilar Ortiz, el candidato con más votos, solo alcanzó seis millones 131 mil 056 votos, el 5.2824% de la participación ciudadana.

Con cerca del 13 % del electorado a nivel nacional y las anomalías de la reforma constitucional y aún más, su implementación, la 4T solo ha engendrado a un monstruo judicial, desafortunadamente, la sociedad mexicana pagará las consecuencias.

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