4T se Enreda en su Doble Discurso Sobre los Daños Generados por el Tren Maya

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO22 

A pesar que el gobierno de la 4T insiste en que los estados de la Península de Yucatán han sido los más beneficiados en todo el país durante los últimos siete años por la construcción del llamado Tren Maya, se está enredando en su discurso al reconocer que si hubo daños al entono, pero solo para cumplir de palabra con los tratados internacionales en materia medioambiental, pero en el terreno de los hechos, la destrucción continúa y la Cámara Federal de Diputados autorizará a la SEDENA un presupuesto millonario para el 2026 para que siga con su proyecto de habilitar el servicio ferroviario de carga y seguir con la construcción de obras inconclusas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En un giro que ha generado controversia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha reconocido oficialmente los daños ambientales ocasionados por la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno federal. Este reconocimiento llega tras años de denuncias por parte de comunidades locales, activistas y expertos en medio ambiente, quienes han señalado los impactos negativos en la biodiversidad de la región.

El megaproyecto, que atraviesa la Península de Yucatán, ha sido objeto de críticas desde su inicio debido a la tala de árboles, la fragmentación de ecosistemas y la afectación de especies protegidas. Según declaraciones recientes de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, los trabajos de construcción han generado “daños significativos” en la selva maya, considerada uno de los pulmones verdes más importantes de México y hogar de una rica diversidad biológica.

El reconocimiento de los daños representa un paso hacia la transparencia, la falta de acciones concretas para mitigar los impactos ha generado frustración entre los sectores afectados. Hasta el momento, no se han implementado programas efectivos de reforestación, restauración de hábitats o compensación ambiental, a pesar de que estos son requisitos establecidos en las evaluaciones de impacto ambiental.

Organizaciones ambientalistas han señalado que el retraso en las medidas de mitigación podría agravar los daños ya existentes. “Reconocer el problema es importante, pero no sirve de nada si no se actúa de inmediato. Cada día que pasa sin medidas correctivas es un día perdido para la selva y las comunidades que dependen de ella“, afirmó un representante de una ONG local.

Además de los daños ecológicos, las comunidades indígenas y rurales de la región han expresado su preocupación por la pérdida de recursos naturales que sustentan sus modos de vida tradicionales. Muchos habitantes han denunciado que no fueron consultados adecuadamente antes del inicio del proyecto, lo que ha generado tensiones y desconfianza hacia las autoridades.

Por su parte, el gobierno federal ha defendido el proyecto argumentando que traerá desarrollo económico y conectividad a la región. Sin embargo, los beneficios prometidos parecen estar en pausa, mientras los costos ambientales y sociales se acumulan.

Expertos en medio ambiente han instado a la Semarnat y al gobierno federal a priorizar la implementación de medidas de mitigación. Entre las acciones sugeridas se encuentran la creación de corredores biológicos, la reforestación con especies nativas y la protección de áreas naturales cercanas al trazo del tren. Asimismo, se ha pedido mayor transparencia en la ejecución de los planes de manejo ambiental y la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones.

El reconocimiento de los daños es un primer paso, pero la falta de acciones concretas pone en duda el compromiso del gobierno con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Mientras tanto, la selva maya sigue pagando el precio de un desarrollo que, hasta ahora, parece no haber encontrado un equilibrio entre progreso y preservación.

Ya es público y denunciado por activistas y expertos en Derecho Ambiental, que las reformas a la Ley de Amparo que acaba de aprobar el Congreso de la Unión va con dedicatoria a las organizaciones y comunidades mayas que han levantado la voz y llevado al gobierno mexicano a los juicios de amparo.

Antes, organizaciones civiles y ambientalistas podían interponer amparos sin demostrar una afectación directa, basándose en el concepto de “interés legítimo“. La reforma limita esta figura, exigiendo que los demandantes prueben una afectación personal y directa, situación que caracterizó al juicio de amparo durante el régimen priistas.

Esto complica que colectivos o defensores del medio ambiente actúen en nombre de ecosistemas o comunidades vulnerables.
Legisladores morenistas han señalado que la reforma responde al “abuso” del recurso de amparo contra megaproyectos como el Tren Maya.

El presidente del Colegio de Abogados de México afirmó que la reforma fue impulsada por la ola de amparos presentados contra dicho proyecto.

Los amparos han sido clave para frenar tramos del Tren Maya y exigir estudios de impacto ambiental o planes de restauración ecológica.
Con las nuevas restricciones, será más difícil detener obras o exigir medidas correctivas antes de que el daño ambiental sea irreversible.
Al limitar quién puede presentar amparos, se reduce la capacidad de la sociedad civil para vigilar y cuestionar decisiones gubernamentales que afectan el medio ambiente.

Al aprobarse la referida reforma se ha dejado sin defensa legal a zonas ecológicas que no tienen representación directa.
Sin embargo, quienes gobiernan desde la 4T, siguen argumentando que defienden los intereses del pueblo. Una de las características del juicio de amparo mexicano, que lo llevó a extenderse por todo el mundo, era su capacidad para servir como un dique en contra de los abusos de poder político. Ahora, la 4T y los que viven de ella, ya pueden estar contentos porque revivieron el autoritarismo del PRI.

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